TRECE COLEGIOS DE PROCURADORES SOLICITAN QUE SE GARANTICE EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

procuradora inmaculada laya

Las juntas de gobierno de 13 colegios de procuradores de España han reclamado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, un cambio legislativo urgente que garantice el derecho de los procuradores a la desconexión digital de los sistemas telemáticos durante al menos tres días en supuestos de fuerza mayor, como puede ser el fallecimiento de un familiar, caer enfermos o el nacimiento de un hijo.

Le han hecho este llamamiento los colegios de Zaragoza, Vigo, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, León, Orense, Lugo, Lorca, Cantabria, Cartagena, Tortosa y Elche.

Ayer le enviaron una misiva y otra a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Según han informado a Confilegal, hacen esta petición ante «el aumento de situaciones donde la conciliación de la vida laboral y personal ha supuesto un perjuicio para su actividad» debido a la pandemia del coronavirus.

Lexnet, Vereda, Avantius son las diferentes plataformas oficiales por las que los procuradores reciben y envían las notificaciones y documentos de los procesos judiciales en curso.

Los procuradores denuncian que «el funcionamiento actual les obliga a estar operativos 24 horas los 365 días del año, lo que «conculca sus derechos laborales, profesionales y personales».

Explican que la iniciativa ha partido del colectivo de base de los procuradores, tras más de cuatro años de funcionamiento de Lexnet «sin que el Ministerio de Justicia haya regulado su funcionamiento ni plazos de respuesta», lo que, según manifiestan, obliga a estos profesionales «a operar en cualquier día del año para que sus clientes no pierdan los plazos de presentación de pruebas o vistas en un juzgado».

Denuncian que la legislación vigente «deja fuera» a los procuradores que ejercen en España de las alternativas para ausentarse y cesar temporalmente su actividad por causas de fuerza mayor, como la defunción de un familiar cercano, enfermedad grave o el nacimiento de un hijo.

Exponen que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla, en su artículo 188.1.5o, la suspensión de vistas y procesos en casos extraordinarios para los profesionales de la abogacía, «pero no para los procuradores».

Y destacan que en España, ejercen la procura 9.769 profesionales «que se podrían beneficiar de este cambio legislativo», de los cuales 6.542 son mujeres y 3.227 son hombres, según los últimos datos (2019) del Consejo General del Procuradores de España.

“Es preciso contar con alternativas reales para que tengamos un margen mínimo para enfrentarnos a situaciones vitales de emergencia ante las que poder arbitrar las oportunas medidas a fin de garantizar, de un lado, el normal funcionamiento de nuestros despachos profesionales (mayoritariamente unipersonales) y del otro, la continuación del proceso sin menoscabo alguno de los derechos del justiciable”, señalan los procuradores en su misiva al ministro.

Indican que como trabajadores tienen derecho a exigir a los gobernantes que se incorpore en el texto legal la posibilidad de que cuando uno de ellos se vea en circunstancias de fuerza mayor tenga una alternativa para afrontar momentos claves, «en vez de tener que negociar la paralización de notificaciones una a una”.

ADJUNTAN A LA CARTA UN MANIFIESTO
Los citados colegios también han suscrito un manifiesto, que adjuntan en su escrito a ambos ministros, en el que destacan que los procuradores son una pieza clave en la actividad constante de los juzgados, pero que en ocasiones «deja poco lugar para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar».

Apuntan que la gestión de notificaciones se extiende a lo largo de tres días para los profesionales de la abogacía, mientras que, en su caso, se hacen efectivas al día siguiente de ser recibidas en el Colegio.

Señalan que si no existen diferencias en el reconocimiento de sus derechos y obligaciones en caso de una incapacidad temporal en la regulación como trabajadores por cuenta propia, de la Seguridad Social o de las distintas mutualidades «por qué existen entonces diferencias en la legislación procesal».

Al igual que en la misiva, en el manifiesto subrayan que «dicho agravio comparativo no solo socava» sus derechos como profesionales, sino que también «supone un riesgo jurídico» para sus representados.

«Así, si por causa de fuerza mayor, uno de nosotros no puede presentar la alegación o demanda correspondiente, o asistir a la vista, el derecho a la tutela judicial efectiva de nuestros clientes queda inmediatamente cercenado», precisan.

Por ello, insisten en que es preciso contar con «alternativas reales» para que como profesionales tengan «un margen mínimo» para enfrentarse a situaciones vitales de emergencia ante las que poder arbitrar las oportunas medidas.

Reivindican actualizar la legislación vigente para incluir a los procuradores en los preceptos reservados hasta ahora para otros operadores y contar con un mecanismo que permita la paralización temporal de Lexnet y sus homólogos en casos de fuerza mayor, «debiendo introducirse dicha modificación en los artículos 12 y 16 de Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre».

Instan al Ministerio de Justicia y al de Trabajo y Economía Social, y a los grupos políticos representados en las Cortes Generales, a que lleven a efecto, «a la mayor brevedad y con carácter de urgencia», las oportunas reformas legislativas que permitan «la efectiva conciliación» de la vida profesional, familiar y personal a la que, como ciudadanos y trabajadores, los procuradores de los tribunales tienen derecho y que, en estos momentos, no se les reconoce legalmente, según denunci

2021-03-09T20:23:50+00:00