GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES TELEMÁTICAS

GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES TELEMÁTICAS
1. El art. 229 LOPJ prevé, desde su reforma de operada por la LO 19/2003, de 24 de octubre, la
posibilidad de realización telemática de actuaciones procesales -concretamente alude a declaraciones,
interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas-.
Escasos días antes -BOE de 3 de octubre- se había publicado la Declaración de aplicación provisional
del convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE de 29
de mayo de 2000, cuyo artículo 10 prevé la denominada «audición por videoconferencia» de testigos
y peritos que se encuentren en el territorio de un Estado miembro.
2. Más recientemente, el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril -RDL 16/2020, en lo sucesivo- ha
previsto que la forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales
durante un determinado período de tiempo que comprende el sometido al estado de alarma y los
tres meses posteriores.
3. Más allá de las concretas y limitadas previsiones de esos preceptos, lo cierto es que ni uno ni otro
precisan los criterios a seguir para la aplicación preferente de los medios telemáticos ni la forma ni
los requerimientos técnicos para esa aplicación que, en cualquier caso, ha de ser conciliable con el
pleno respeto de las garantías del proceso: la aplicación de las tecnologías al proceso ha de ser una
forma de avanzar, no de retroceder, e implicaría un retroceso limitar las garantías procesales al
servicio de la tecnología, cuando ha de ser la tecnología la que se adapte y permita la plena satisfacción
de esas garantías.
4. El principio de publicidad de las actuaciones judiciales -art. 120 CE, 229 LOPJ y 138 LEC-; la
confidencialidad cuando esta exigencia viene impuesta por las normas procesales y de protección de
datos; la mayor amplitud de los derechos de defensa; la validez, integridad y calidad epistémica de la
prueba de las que dependen la convicción del juez o tribunal; o la garantía que aporta la
inmediación son logros sobre los que no se puede retroceder como una posible consecuencia
paradójica de los avances en tecnología.
5. Las experiencias con las que se cuenta en la aplicación de tecnologías telemáticas en actos
procesales son limitadas, y básicamente han supuesto la posibilidad de realizar la conexión
telemática de alguno de los participantes en actos procesales presenciales. Las incógnitas y
opciones que se plantean en la aplicación de los medios telemáticos para la práctica de actuaciones
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judicialesmás complejas -como el desarrollo de un juicio íntegro- hacen necesario un marco normativo
más completo que el vigente, que ha de ser fruto de un estudio detallado. También requiere de una
mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de las
Administraciones prestacionales y de un compromiso ético para su impulso de los jueces que las de
utilizar.
6. Cabe recordar en este punto que la Disposición Final 3ª de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, relativa
a la «regulación del uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de justicia», vigente
desde el 7 de julio de 2011 y que establece que el Gobierno presentará un proyecto de Ley
que regule de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de
Justicia, se encuentra pendiente de cumplimiento.
7. Todo lo anterior requiere, en definitiva, tiempo. Por ello, el presente documento no se plantea
como un texto definitivo, sino como un avance muy provisional para dar respuesta a las necesidades
más inmediatas que se prevé que se van a plantear en esta materia una vez que se alce la
suspensión e interrupción de términos y plazos procesales, y también una orientación sobre cómo
actuar en caso de que la actual situación de alerta sanitaria tuviera que reproducirse en meses
posteriores, lo que permitirá abordar la situación, en el plano judicial, de una manera mucho más
proactiva y efectiva de como se ha podido en un primer momento habida cuenta del desconcierto y
las medidas limitativas de la actividad judicial que se adoptaron para combatir los efectos de la
pandemia.
8. La virtualidad de este documento, que da cumplimiento al Acuerdo de 11 de mayo de 2020 de la
Comisión Permanente del CGPJ, es la propia de su naturaleza provisional y de la que puede llegar a
tener con arreglo a la LOPJ: sin perjuicio de que corresponde al juez o tribunal asegurar la aplicación
del conjunto de previsiones legales que integran tanto el marco procesal como las disposiciones en
materia de celebración telemática de actuaciones procesales, ya se consideren circunstancias
normales como las propias de la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, este
documento se presenta como una guía, en definitiva, de un conjunto de pautas y recomendaciones
para conciliar la práctica de las actuaciones judiciales telemáticas y los principios y garantías
procesales.
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9. Al mismo tiempo, y de conformidad con el art. 230 LOPJ, también identifica los requisitos técnicos
mínimos que, para establecer un marco común homogéneo, han de ser considerados desde una
perspectiva técnica para asegurar que los actos procesales se desarrollen con las debidas garantías,
en parecidos términos a como se hizo al aprobar la «instrucción digital»: a las Administraciones
prestacionales les corresponde la implementación de los sistemas tecnológicos teniendo en cuenta
los requerimientosmínimos establecidos por el CGPJ para que, con arreglo al precepto citado, puedan
considerarse de uso obligatorio para jueces y magistrados en caso de que estos opten por celebrar
actos o un concreto acto procesal telemático.
10. Para la elaboración se han tenido en cuenta diversos documentos y experiencias que -de manera
limitada- ya han tenido algunos órganos judiciales en España y algunos otros países que han
ensayado fórmulas para la celebración telemática de actos procesales, así como también, y con las
debidas y adaptaciones, las experiencias -mucho más numerosas- con las que se cuenta en el
terreno del arbitraje internacional que, aunque regido por unos principios diferentes y que por eso
impone las debidas adaptaciones, aporta experiencias y soluciones sobre cómo se han solucionado
problemas prácticos que son comunesi.
11. Seguidamente se abordarán, en cuatro apartados, los aspectos relacionados con la preferencia para
empleo de medios telemáticos, la forma de celebración, el lugar y los requisitos técnicos mínimos
que deben tenerse en cuenta para realizar telemáticamente los distintos actos procesales.
1. Preferencia para el empleo de medios telemáticos para la celebración de actos procesales.
12. El art. 229 LOPJ establece lo siguiente:
1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia
criminal, sin perjuicio de su documentación.
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes,
ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o
intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar
que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la
interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas
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geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las
partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya
acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que
intervengan a través de la videoconferenciamediante la previa remisión o la exhibición directa
de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.
13. Adicionalmente a ello, el art. 19 del RDL 16/2020 dispone lo siguiente:
1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización,
constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones
y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentementemediante
presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición
los medios técnicos necesarios para ello.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será
necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.
3. Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática
cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.
4. Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a los actos que se practiquen en
las fiscalías.
14. El artículo 229 LOPJ contempla, fundamentalmente, la realización de actos procesales telemáticos en el
marco de un juicio que se celebra en presencia del juez o tribunal. Lo telemático se ha limitado, según
la experiencia más extendida, a la realización de determinados actos aislados en el contexto de un
juicio presencial -en la mayor parte de las ocasiones, la declaración de un testigo o de un perito-,
Sin embargo, el artículo 19 del RDL 16/2020 introduce, como opción preferente, la realización
de juicios telemáticos, si bien acotada a un ámbito temporal limitado y con la excepción de la
presencia física del acusado en los juicios por delito grave. No obstante, este último precepto no
indica las circunstancias que deben concurrir para que la preferencia pueda considerarse
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conveniente y exigible ni, tampoco, la forma en cómo deben llevarse a cabo las citadas actuaciones
telemáticas.
15. La celebración de juicios que tengan lugar demanera íntegra por vía telemática determina un escenario
diferente, de mayor complejidad, en cuanto que el juicio completo -con interrogatorios de parte,
testigos, peritos, aportación de documentación… y público- obliga a considerar diversos aspectos y
situaciones que han de tener un componente común: se han de garantizar los derechos de defensa,
la integridad, validez y calidad epistémica de la prueba y la publicidad de la vista o juicio.
16. Señalados los anteriores aspectos, consideramos que es conveniente distinguir, en primer lugar, dos
tipos de actuaciones: actuaciones internas de los órganos jurisdiccionales y actuaciones externas.
1.1.Actuaciones internas
17. Las actuaciones internas se refieren a la actividad de los tribunales en las que no participan ni
ciudadanos ni operadores jurídicos. Se incluyen las deliberaciones de los tribunales, las reuniones de
los órganos de gobierno, juntas de jueces, plenos no jurisdiccionales, comunicaciones que jueces y
magistrados hayan de sostener con LAJs y funcionarios y actuaciones de contenido similar.
18. En todos estos supuestos, mientras sea necesario mantener comportamientos de distanciamiento
social, cabría considerar preferente la celebración telemática. Asimismo, e incluso una vez que se
haya superado la situación que impone la necesidad de distanciamiento social, la celebración
telemática cabría considerarla la forma aconsejable de llevar a cabo tales actos siempre que haya
una situación de imposibilidad, dificultad o inconveniencia constatable de acudir a la sede física del
órgano judicial y, en todo caso, siempre sería preferible a la opción de su aplazamiento o suspensión.
1.2.Actuaciones externas
19. Las actuaciones externas se refieren a la actividad de los tribunales en las que participan ciudadanos
y/o operadores jurídicos. En relación con estas actuaciones, nuevamente es necesario distinguir las
situaciones en las que intervienen sólo operadores jurídicos -miembros delMinisterio Fiscal, abogados,
procuradores y graduados sociales- respecto de aquellas otras en las que intervienen ciudadanos, bien
junto con operadores jurídicos o bien sin su intervención.
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1.2.1. Actuaciones externas con la exclusiva intervención de operadores jurídicos.
20. Dentro de esta categoría se incluirían las audiencias previas, actos de juicio en los que no se
practiquen pruebas que impliquen la intervención de personas cuya actuación haya de ser objeto de
percepción directa -interrogatorios de partes, testificales, intervención de peritos-, vistas de
conclusiones y otros actos procesales similares en los que sólo intervengan operadores jurídicos.
Cabe considerar igualmente incluidos los actos en los que, debiendo encontrarse presentes las partes,
no hayan de tener intervención alguna ante el juez o tribunal.
21. En todos estos supuestos, mientras sea necesario mantener comportamientos de distanciamiento
social, cabría considerar preferente la celebración telemática. Asimismo, e incluso una vez que se
haya superado la situación que impone la necesidad de distanciamiento social, la celebración
telemática podría considerarse la forma aconsejable de llevar a cabo tales actos siempre que haya una
situación de imposibilidad, dificultad o inconveniencia constatable y debidamente justificada de acudir
a la sede física del órgano judicial y, en todo caso, siempre sería preferible a la opción de su
aplazamiento o suspensión.
22. Igualmente, cuando ya se haya superado la situación que impone la necesidad de distanciamiento
social, la celebración telemática podría considerarse aceptable cuando por parte del órgano judicial
se entienda conveniente por razones organizativas -mejor o mayor aprovechamiento de agenda o de
reparto de salas disponibles para concentrar su utilización en la celebración de actos en los que la
celebración telemática no sea preferente- o por razones de flexibilidad para evitar traslado de
profesionales de localidades distantes.
1.2.2. Actuaciones externas con intervención de ciudadanos.
23. Dentro de esta categoría se incluiría la celebración de juicios en los que deban practicarse pruebas
con intervención personal -interrogatorios de parte, testificales, intervención de peritos-, práctica de
pruebas en procedimientos que no impongan la unidad de acto y otros actos procesales similares.
24. En estos supuestos, la preferencia telemática a la que se hace referencia en el artículo 19.1 RDL
16/2020 precisará el cumplimiento de las garantías de confidencialidad, defensa, intangibilidad de
los medios de prueba y publicidad -a los que se hará referencia posteriormente- y, además, debería
tener en cuenta, como guía de buenas prácticas, las pautas que se mencionan a continuación.
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25. Cuando por razones derivadas de la situación de emergencia sanitaria se estime conveniente la
celebración telemática de actos procesales, se considera que lo más adecuado sería intercalar, en la
agenda del órgano jurisdiccional y en la medida de lo posible, actuaciones presenciales y
telemáticas, reservando las actuaciones telemáticas a los actos procesales que se considere
adecuado en atención a las circunstancias que concurran, como el número limitado de
intervinientes, corta duración previsible de la vista o juicio, menor complejidad previsible de los
interrogatorios o la ubicación distante de los domicilios de las personas que hubiesen de intervenir.
26. La afluencia numerosa de partes, testigos y/o peritos a un acto, de manera que la presencialidad sea la
nota dominante y sólo los profesionales vayan a ser los únicos que intervengan telemáticamente, será
una circunstancia a tener en cuenta para valorar la oportunidad de que el acto sea realizado
presencialmente en su integridad.
27. La decisión de celebración de un juicio de manera presencial no excluye la posibilidad de que
determinadas actuaciones procesales en el contexto de ese juicio presencial se lleven a cabo de
manera telemática para evitar traslados inconvenientes o para mejor aprovechamiento de los
recursos públicos -declaración de peritos de organismos públicos (Instituto Nacional de Toxicología,
clínicas médico forenses), miembros de cuerpos policiales trasladados de localidad, testigos
enfermos…-, como se ha venido haciendo hasta ahora en la práctica diaria de juzgados y tribunales,
pero respetando las pautas establecidas en la presente guía en cuanto a la forma de celebración de
esos concretos actos procesales telemáticos.
28. Mientras en las leyes procesales no se establezca lo contrario, se considera recomendable que las
sesiones telemáticas de actos de cierta complejidad -como los actos procesales en los que intervengan
otras personas diferentes de profesionales- se lleven a cabo con el consenso de las partes que han
de intervenir.
29. A fin de evitar en la medida de lo posible interrupciones y suspensiones de actos procesales, es
aconsejable que con tiempo suficiente se compruebe la efectiva posibilidad técnica de llevar a cabo
los actos procesales correspondientes, verificando el funcionamiento de los equipos de todos los
intervinientes y la calidad de la conexión.
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30. También para evitar interrupciones, se considera conveniente que en los actos procesales a celebrar
de manera telemática en los que se tenga intención de presentar prueba documental, ésta se facilite
con antelación al juzgado o tribunalmediante un sistema que garantice su accesibilidad a los abogados
de las partes para su visionado y eventual descarga. El volumen de documentos que se tenga
previsto presentar es un factor de complejidad para valorar la oportunidad de la celebración de los
juicios y vistas de manera telemática. En todo caso, conviene exigir que los documentos se
presenten debidamente ordenados y foliados, con índices hipervinculados para facilitar su utilización
durante la sesión telemática.
31. Para el concreto caso de prueba documental, es conveniente prever la posibilidad de exhibición a los
abogados de las partes previo a la decisión del juez o tribunal para que la descarga de los
documentos en sus equipos sólo pueda tener lugar una vez que se ha adoptado la decisión de
admitir los documentos.
32. Previo al inicio del acto o en el mismo momento del inicio, se considera aconsejable que el juez o
presidente del tribunal imparta a las partes e intervinientes las instrucciones relativas al desarrollo
de la sesión, con mención especial a la necesidad de desenvolverse con el respeto que exige el
carácter institucional del acto. Una vez deje de regir la dispensa para el uso de la toga actualmente
vigente, quienes participen en los actos llevados a cabo de manera telemática vestirán la toga
cuando vengan obligados a ello con arreglo a la LOPJ.
2. Forma de celebración de los actos telemáticos.
2.1. Celebración telemática de actos con trascendencia interna.
33. Cuando resulte indicada la realización telemática de actos con mera trascendencia interna, su
celebración no requiere de más prevenciones que las relativas a contar con los medios que aseguren
de manera razonable la confidencialidad y reserva de las actuaciones que se lleven a cabo por esta
vía.
34. La confidencialidad y reserva se asegura mediante los requerimientos técnicos de los medios que se
utilicen. También mediante el comportamiento de los magistrados que participen en las
comunicaciones, que procurarán asegurarse de que las llevan a cabo en entornos adecuados para
evitar el quebrantamiento de la reserva. Ello implica realizar las comunicaciones en estancias no
compartidas con otras personas, utilizar los equipos y programas que se les proporcionen por la
Administración prestacional y abstenerse de llevar a cabo ningún tipo de grabación de las sesiones
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diferente de la que lleve a cabo quien tenga competencia para ello y en los estrictos supuestos
previstos en las leyes procesales.
2.2. Celebración telemática de actos con trascendencia externa.
2.2.1. Confidencialidad y publicidad.
35. Cuando se decida la aplicación de medios telemáticos para la celebración de actos procesales con
trascendencia externa, jueces y tribunales procurarán que quede preservada su confidencialidad así
como salvaguardadas las garantías de defensa, intangibilidad de los medios de prueba y publicidad.
a) Confidencialidad.
36. La confidencialidad se asegura mediante los requerimientos técnicos de los medios que se utilicen.
Los programas y dispositivos que se emplean deberán impedir que puedan realizarse grabaciones de
los actos diferentes de las que corresponda para su documentación oficial. También deberán
permitir, en la medida de lo posible, el rastreo o trazabilidad de grabaciones diferentes a la autorizada
para dejar constancia de la autenticidad e integridad de los actos.
37. Los profesionales que intervengan en los actos tendrán la obligación de adoptar las medidas necesarias
para que su participación se desarrolle en una dependencia que asegure un entorno reservado y
dotada de los medios técnicos suficientes. En la medida de lo posible, el juez o tribunal procurará
verificar que se cumplen esos requerimientos antes de dar inicio al acto, suspendiéndolo en otro caso,
y procurarámantener esa actitud vigilante durante todo su desarrollo.
b) Defensa
38. En las circunstancias excepcionales en las que el abogado y el acusado no se encuentren en la misma
estancia durante la celebración de un juicio penal, el acusado, mientras no preste declaración,
deberá contar con la posibilidad de mantener contacto permanente y reservado con su abogado por
vía telemática. Igualmente, cuando se den circunstancias excepcionales de alarma sanitaria que
aconsejen que un detenido declare desde una dependencia policial sin que el abogado se encuentre
físicamente presente, debe procurarse que se adopten las medidas oportunas para que pueda tener
lugar la entrevista reservada con el abogado, y que esa reserva es efectiva.
c) Publicidad
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39. Cuando los actos procesales hayan de celebrarse en audiencia pública, se procurará adoptar las
medidas necesarias para que la celebración telemática tenga lugar de conformidad con esa garantía
procesal.
40. Con carácter general, cabe considerar que la forma más idónea de asegurar este principio es
mediante la asistencia del público a la sala de vistas del órgano que celebre el acto u otra dependencia
judicial diferenciada donde pueda observarlo en circuito cerrado, procurando adoptar las medidas
necesarias para evitar grabaciones clandestinas de lo que se aprecie en los monitores. De esta
manera se facilita técnicamente el principio de audiencia y se evita el uso indebido de la imagen de
los testigos y demás intervinientes. Se procurará adoptar las medidas necesarias para la limitación de
aforos cuando así lo exigiese la situación sanitaria y acceso de medios de comunicación acreditados
con arreglo a las pautas aprobadas por el CGPJ en el Protocolo de Comunicación de la Justicia.
41. De no ser posible la asistencia de público en la sede del órgano que celebre el acto o en otra sede
judicial desde el que pueda ser seguido, en la sede electrónica correspondiente se ubicará un
“tablón de anuncios virtual” en el que constará la información indicada en el art. 232.2 LOPJ relativa a
la fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. En tales casos, el
programa que se utilice para la sesión telemática deberá permitir el acceso de tercerosmediante clave
o invitación, que se facilitará una vez que la persona interesada se acredite, física o virtualmente, ante
el juzgado o tribunal. Estas personas serán informadas de la prohibición de obtener copias de la
sesión o de realizar grabaciones con dispositivos externos de la pantalla en la que visualicen la sesión
telemática, y el programa informático correspondiente incorporará, hasta donde sea técnicamente
posible, las medidas para impedir la grabación por los usuarios invitados o que puedan compartir
video, audio o cualquier otro tipo de archivo. Cuando la asistencia de público pueda producirse de
manera telemática, se considera aconsejable informar a las partes del hecho de si efectivamente existe
público asistiendo a la sesión.
42. En el caso de los procedimientos que se celebren de manera telemática en los que, por su relevancia
social o mediática, el juez o tribunal autorice su retrasmisión íntegra o la captación puntual de
imágenes y sonido por parte de los medios de comunicación, el material gráfico y/o audiovisual que
se facilite a estos para su uso informativo se procurará que se atenga a la legislación de protección
de datos de carácter personal y lo establecido en el Protocolo de Comunicación de la Justicia.
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2.2.2. Intangibilidad de los medios de prueba: intervención de partes, testigos y peritos.
43. Se considera que lo más adecuado es que las personas diferentes de los profesionales que tengan
intervención en el acto -partes, testigos, peritos- lo hagan en una dependencia judicial, ya sea la
propia del órgano en el que se desarrolle el acto u otra más cercana al lugar de residencia de quien
intervenga en él. A tal efecto, sin perjuicio de la disponibilidad de las salas de vistas correspondientes,
y cuando las medidas de alerta sanitaria sean más extremas, podrían habilitarse dependencias en las
sedes judiciales destinadas a ser ocupadas exclusivamente por quienes hayan de prestar declaración
telemática para facilitar la racionalización de la distribución de espacios y su rápida higienización
después de su uso. Es conveniente la adopción de medidas, ya sean técnicas –
«salas de espera virtuales»- o físicas, que impidan que testigos y peritos tengan conocimiento del
desarrollo de la sesión en tanto se produce su intervención.
44. Para la intervención telemática de personas que se encuentren fuera de España, es aconsejable recabar
el auxilio judicial internacional.
45. Con arreglo al art. 19 del RDL 16/2020, la declaración de los acusados por delito grave será
presencial. Sólo en situaciones de manifiesta imposibilidad de celebración presencial, y siempre que
no resulte indicada la suspensión y aplazamiento, se considera aconsejable llevar a cabo la celebración
telemática, para lo que se procurará cumplir con las exigencias de defensa y garantías procesales
consideradas por la jurisprudenciaii.
46. Se considera aconsejable que el examen forense de detenidos, investigados y víctimas sea en todo
caso presencial, sin perjuicio de la posibilidad de ratificación telemática del informe ante el juez o
tribunal cuando ello resulte indicado.
3. Lugar de celebración de los actos telemáticos.
47. Cuando resulte indicada la celebración telemática de actuaciones internas, los jueces y magistrados
podrán constituirse en la sede del órgano judicial o, con carácter excepcional y de manera justificada,
en cualquier otro lugar que cuente con los medios idóneos para la celebración del acto.
48. Cuando resulte indicada la celebración telemática de los actos procesales relativos a actuaciones
externas, el juez o los miembros del tribunal se constituirán en la sede del Juzgado o Tribunal. En el
caso de órganos colegiados, cuando las medidas sanitarias así lo impongan o aconsejen, sus
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miembros podrán conectarse telemáticamente desde distintas dependencias de la misma sede. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 268.2 LOPJ cuando resulte imposible el
traslado a la sede o así lo aconsejen razones justificadas para la mejor administración de justicia, en
cuyo caso los jueces y miembros de los tribunales podrán acceder a las sesiones telemáticas desde
lugares que reúnan las condiciones adecuadas para evitar interrupciones, sin que los miembros del
colegio tengan que encontrarse en la misma estancia.
49. Los miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores y graduados sociales podrían intervenir desde sus
dependencias oficiales o despachos profesionales cuando no sea requerida su presencia física por el órgano
judicial. Podrán hacerse acompañar de las partes que no hayan de intervenir en el acto o cuya intervención se
limite a prestar un consentimiento o cualquier otro acto personalísimo diferente a su participación en la práctica
de la prueba.
50. Es aconsejable que las demás personas que intervengan en los actos procesales telemáticos lo hagan
desde las dependencias indicadas en los §§ 40, 43 y 44.
51. Para un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, cabe aceptar que la intervención de
peritos pertenecientes a organismos públicos y la de intérpretes en procedimientos penales que no
hayan de prestar interpretación continua a una de las partes se lleve a cabo desde las dependencias
oficiales y despachos profesionales, siempre que el juez o tribunal no aprecie razones para que la
intervención de estas personas sea presencial.
4. Requisitos técnicos para la celebración de los actos telemáticos.
4.1. Requisitos técnicos.
52. Los requisitos técnicos aconsejables y, en todo caso, necesarios en los términos del art. 230 LOPJ a
los efectos que se indicarán en el § 54, son los que se desprenden del anexo I que se incorpora a la
presente guía.
4.2. Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos.
53. Los servicios técnicos del CGPJ verificarán con los servicios técnicos de las Administraciones
prestacionales que los medios puestos a disposición de los Juzgados y Tribunales cumplen con los
requerimientos técnicos indicados en anexo de la presente guía.
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54. Cuando el resultado de la verificación sea positivo, se comunicará a la Comisión Permanente del
CGPJ para su toma de conocimiento.
55. Cuando el resultado de la verificación sea negativo, se comunicará igualmente a la Comisión
Permanente del CGPJ a los efectos de que valore la oportunidad, de conformidad con el art. 230
LOPJ, de adoptar acuerdo relativo a la no obligatoriedad de la utilización de los medios telemáticos
puestos a disposición y, en función de las circunstancias que concurran y las recomendaciones de los
servicios técnicos, determinar su no utilización cuando se comprometan los principios básicos relativos
a la confidencialidad o publicidad, según proceda, o la integridad y validez de la prueba y los derechos
de defensa de los participantes en los procesos.
56. Las Salas de Gobierno mantendrán permanente informados a los servicios técnicos del CGPJ de las
incidencias que se produzcan a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.
4.3. Protocolos con Administraciones prestacionales y corporaciones y seguimiento de aplicación.
57. Es conveniente que, en los distintos territorios y dentro de las pautas establecidas en la presente guía,
las Salas de Gobierno establezcan los protocolos correspondientes con las Administraciones
prestacionales, fiscalías y corporaciones profesionales afectadas para la adaptar su aplicación a las
peculiaridades que puedan concurrir en el territorio.
58. Los protocolos que se aprueben por las Salas de Gobierno serán remitidos a la Comisión Permanente
para su toma de conocimiento y, en su caso, control de legalidad.
59. La Comisión Permanente del CGPJ llevará a cabo un seguimiento de la aplicación de la guía y de los
protocolos correspondientes, estableciendo al efecto los canales de comunicación adecuados. Con la
periodicidad que en cada momento se estime adecuada, revisará el contenido de la presente guía y
hará las indicaciones que sean necesarias para la adaptación de los protocolos, teniendo en cuenta los
problemas detectados en la aplicación de unos y otros y las experiencias, tanto nacionales como
internacionales, que se vayan generando. A tal efecto, constituirá un grupo de trabajo permanente
con los vocales que estime necesario que asumirá las funciones de seguimiento, evaluación y
propuesta de modificación.
Madrid, 25 de mayo de 2020.
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Victoria Cinto Lapuente, vocal del CGPJ.
José Antonio Ballestero Pascual, vocal del CGPJ.
JoséMaríaMacías Castaño, vocal del CGPJ.
Juan Carlos Garcés Pérez, letrado del CGPJ.
i Para la elaboración de la presente guía se han analizado los protocolos e informes remitidos por los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Región de
Murcia.
Se han considerado comunicaciones facilitadas por representantes en España en el Litigation Committee de la International
Bar Association relativas a experiencias, entre otros países, del Reino Unido de la Gran Bretaña, Canadá -Ontario y Quebec-
, Japón, Malaysia, Singapoure, Noruega, República de Irlanda, India, Taiwan, Estados Unidos de América -Miami y
Washington-Rusia, Polonia, Bélgica y Holanda.
Se han tenido en cuenta, entre otros textos, los siguientes materiales:
a) Protocolos y guías sobre audiencias virtuales:
– Carta del Juez Federal en Estados Unidos, Honorable Dennis Bailey, sobre el decoro en las videoconferencias;
disponible en https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-lawyers-court-telecommute-dresscode.
html Carta disponible en:
https://www.westonbar.org/so/61N5VoOJe?fbclid=IwAR3gBGUaUfpC8qs0612nMrwlSDgZkDFiOiCcKGXBjd3SDS8PisCrslHN6c#/
main.
– Jorge Espina, The European Investigation Order and the earing of witnesses and experts by telephone
conference, European Law Blog, disponible en https://europeanlawblog.eu/2020/05/18/the-europeaninvestigation-
order-and-the-earing-of-witnesses-and-experts-by-telephone-conference/.
– Protocolo de audiencias virtuales del Poder Judicial en Costa Rica, aprobado recientemente por la Corte Suprema
en fecha 7 de mayo de 2020 -Circular nº 91/2020-.
– Africa Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa. Abril 2020.AAA-ICDR Virtual Hearing Guide for
Arbitrators and Parties Utilizing Zoom. 2020.
– AAA-ICDR Virtual Hearing Guide for Arbitrators and Parties. 2020.
– CAM, Nota sobre organización de audiencias virtuales. Abril 2020.
– CIArb, Gudance Note on Remote Dispute Resolution Proceedings, 2020.
– ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic (including a
checklist as Annex I). Abril 2020.
– Opus2, Guide to virtual hearings. 2020.
– Presentación PPT de Alberto Fortún, Consejos para una abogacía eficaz en audiencias telemáticas o en remoto.
Mayo 2020.
– Hogan Lovells Protocol for the use of technology in virtual international arbitration hearings. Abril 2020.
– HKIAK Guidelines for Virtual Hearings. Mayo 2020.
– Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration. Marzo 2020.
– Shook, Hardy & Bacon, Virtual Hearings in International Arbitration checklist. Abril 2020.
– ICODR Video Arbitration Guidelines. Abril 2020.
– Delos checklist on holding arbitration and mediation hearings in times of COVID-19. Marzo 2020.
– UK Remote Hearings Protocol Civil Proceedings. Marzo 2020.
– Russia. Recommendations Remote Hearings. Mayo 2020.
– Singapore. The judiciarýs response to extension of circuit breaker period. Abril 2020.
b) Protocolos sobre ciberseguridad.
– ICCA-NYC Bar-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration. 2020.
– Anexo I del Africa Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa (minimum cybersecurity standards).
Abril 2020.
– AAA-ICDR Cybersecurity checklist. 2020.
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– AAA-ICDR Best Practices Guide for maintaining Cybersecurity and Privacy. 2020.
– IBA, Cybersecurity Guidelines. Octubre 2018.
– ICC Cyber Security Guide for Business (general). 2015.
– UK. Brown Rudnick Alert. Confidentiality and Cyber SecurityWhen working remotely. 2020.
c) Borradores de órdenes procesales:
– Anexo IV del Africa Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa. Abril 2020.
– AAA, Order and Procedures for a Virtual Hearing via Videoconference. 2020.
– Anexo II de la ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19
Pandemic. Abril 2020.
– S. Cohen, Draft Zoom Hearing Procedural Order, TDM. Abril 2020.
– R.F. Ziegler, Draft Procedural Order to Govern Virtual Arbitration Proceedings, TDM. Abril 2020.
– CPR’s annotated model procedural order for remote video arbitration proceedings. Abril 2020.
– Draft procedural order for use of online dispute resolution technologies in ACICA Rules Arbitrations. 2016.
Por último, se ha contado con la participación y opiniones del magistrado del Tribunal Supremo Excmo. Sr. D. Antonio del
Moral García y los magistrados Ilmos. Sres. D. Joaquín Delgado Martín, D. David Ordóñez Solís, D. Javier Ercilla García, D. José
Ramón de Blas Jabaloyas y D. Antonio Jesús Rodríguez Castilla, a los que el grupo de trabajo encargo de la elaboración de la
guía agradece su acertada y desinteresada colaboración.
ii Sentencias del Tribunal Constitucional 2/2010, de 11 de enero; del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de
noviembre de 2007 -Zagaria v. Italia- o 5 de octubre de 2006 -Marcello v. Italia- y del Tribunal Supremo 161/2015 de 17 de
marzo -ROJ: STS 812/2015- y 678/2005 de 16 de mayo -ROJ: STS 3116/2005-.
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ANEXO
DE LA
GUIA PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES TELEMÁTICAS
1. Introducción
1. El RD 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 propuesto por el
Ministerio de justicia y publicado el pasado 28 de abril así como las propuestas tecnológicas para un
plan de choque en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado por el Consejo General del
Poder Judicial, proponen entre sus distintas medidas utilizar las videoconferencias y salas virtuales
para la celebración de comparecencias y vistas de forma remota sin necesidad de presencia física:
…/…durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido
el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general,
todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre
que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios
para ello…/…
2. Estas medidas han dado lugar a distintas iniciativas por parte de los Tribunales Superiores de
Justicia, todas ellas relacionadas con lo que se ha denominado: juicios virtuales. Y para regular de
algún modo su funcionamiento se han dictado recomendaciones y protocolos para la celebración de
actos procesalesmediante presencia telemática, todas ellas distintas.
3. El Acuerdo de 11 de mayo de 2020 de la Comisión Permanente del CGPJ ha previsto la elaboración
de una guía para la celebración de actos procesales telemáticos que establezca el régimen aconsejable
de celebración de los actos procesales telemáticos teniendo en cuenta las experiencias nacionales e
internacionales conocidas, así como también el régimen de condiciones mínimas necesarias de
carácter técnico a los efectos del art. 230 LOPJ.
2. Objetivo
El presente anexo pretende clarificar las distintas alternativas tecnológicas viables en el corto plazo
en la Administración de Justicia de España que dan respuesta a las necesidades derivadas para la
celebración de actos procesales cuando los órganos jurisdiccionales consideren indicado que tengan
lugar de manera telemática.
2
El objetivo que se persigue es la celebración de una vista o de cualquier otro acto procesal, en el que
algunos o todos los intervinientes puedan participar remotamente, pero aplicando en todo
momento el «principio de fidelidad», esto es, como si ese juicio o acto procesal se produjese de
forma presencial, respetando y cumpliendo con todas las garantías procesales y legales.
Hoy en día parte de este objetivo es una realidad, porque la mayoría de las salas de vistas de las sedes
físicas de los órganos judiciales, disponen de tecnologías -sistemas de videoconferencias-, que
permiten declaraciones remotas. Este podría considerarse el nivel mínimo de partida.
El nivel máximo al que se podría llegar es la creación de la «sala de vistas virtual», a la que todos los
participantes se conectaran de forma remota: el juez/ magistrado -uno o varios dependiendo de si el
tribunal es unipersonal o colegiado-, el letrado, los miembros del Ministerio Fiscal, los operadores
jurídicos y sus clientes y el público en general, constituyendo lo que se ha entendido como un «juicio
totalmente virtual»
Y entre estos dos niveles se puede optar por conexiones telemáticas en función de las necesidades
concretas de cada situación, pudiendo estar el resto de participantes físicamente o «en remoto» en
los términos aconsejados en la guía.
3. Tecnologías.
Las tecnologías o las herramientas «específicas» que se consideran necesarias para dar respuesta a
los distintos niveles de virtualización que pudieran necesitarse para la celebración de cualquier acto
procesal, son las que a continuación se indican.
Debe tenerse en cuenta que no se hace referencia a todas las tecnologías que puedan encontrarse
en el mercado mundial dado el actual «estado de alerta», sino a aquéllas que se consideran viables
para su implantación en la Administración de Justicia en España, bien porque ya estén en
funcionamiento, bien porque pudieran estarlo en el corto plazo. Asimismo se señalará las que se
consideran imprescindibles para compatibilizar el objetivo buscado y se remarcará la importancia de
su integración con el sistema de gestión procesal para formar y gestionar el denominado Expediente
Judicial Electrónico -EJE-, toda vez que las grabaciones generadas con estas tecnologías, cualquiera
que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original procesal siempre que
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quede garantizada su autenticidad y el cumplimiento de las requisitos exigidos por la leyes
procesales.
3.1. Sistema de Gestión Procesal.
Puede no resultar evidente la necesidad un sistema de gestión procesal -en adelante SGP- para realizar
cualquier nivel de virtualización de un acto procesal, pero baste indicar que el SGP almacena y gestiona
todos los documentos de un procedimiento judicial incluidos a lo largo de su vida procesal.
Estos documentos deben ser mostrados en el acto procesal virtual, por ejemplo, en una vista pública
y si se en ese momento se aportan nuevos documentos, deben incluirse también en el expediente
gestionado desde el SGP. Una vez terminado el acto, su videograbación deberá incorporarse al
expediente judicial como un documento multimedia más, respetando las especificaciones de los
documentos judiciales electrónicos.
Por tanto, se considera imprescindible que todos los recursos tecnológicos elegidos, también el SGP,
estén integrados entre sí.
3.2. Sistema de Grabación de Vistas.
Los sistemas de grabación de vistas, que están en funcionamiento actualmente en la mayoría de las
sedes judiciales de España, se consideran también una herramienta imprescindible para poder
celebrar actos procesales virtuales, porque incluyen todas las funcionalidades que a lo largo de los
años se han contrastado como necesarias para garantizar no sólo la seguridad, sino también la facilidad
para visionar grabaciones.
Permiten grabar los actos procesales y generar copias para las partes, facilitan la firma electrónica de la
vista por parte del LAJ garantizando la integridad de lo grabado, y entre otras muchas funciones,
permitenmarcar secuencias determinadas para simplificar el visionado posterior.
En la mayoría de los territorios de España, los sistemas de grabación -Arconte, Aurea, eFidelius- se
están utilizando con frecuencia por todos los órganos judiciales y están integrados en con el SGP. Se
pueden considerar el elemento central y más esencial de todas las posibles herramientas y dispositivos
informáticos que puedan utilizarse para virtualizar actos procesales y es un requisito
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esencial que todos ellos se integren o interoperen con los sistemas de grabación de vistas de cada
territorio.
Estos sistemas se deben complementar con suficientes pantallas de gran tamaño y de alta resolución
(HD), micrófonos omnidireccionales, cámaras HD y ordenadores en las salas de vista, para que la
calidad de las grabaciones sea la necesaria, no haya problemas de visualización por parte de los
asistentes y sea posible acceder a los expedientes judiciales o mostrar documentos.
Los requisitos técnicos concretos para cada sala de vistas dependerán de su tamaño, iluminación,
aislamiento acústico y capacidad.
3.3.- Sistemas de «videoconferencias de calidad»
Los sistemas de videoconferencias son también una herramienta habitual en todos los órganos
judiciales de España y en los organismos con los que se relacionan. Esta es la primera herramienta
informática de las descritas que permite a los intervinientes conectarse de forma remota con la sede
física donde está constituido el tribunal. Se han denunciado problemas de funcionamiento en alguno
de los sistemas instalados actualmente por las Administraciones con competencia en materia de
Justicia, pero en general se ha contrastado por las múltiples veces en las que se utilizan, que la calidad
es aceptable en la mayoría de los casos.
Los elementos básicos en los que se apoyan son la red de comunicaciones, la sala de
videoconferencias, un codificador/decodificador (códec), cámaras de calidad y cámaras para
documentos.
Los sistemas de videoconferencia que se utilicen en la sede judicial deberán estar integrados con el
sistema de grabación de vistas, con la ‘salas de vista virtual’ y con el SGP.
Estos sistemas de videoconferencias se consideran de calidad cuando permiten comunicación
bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos
personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad
de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o
tribunal.
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En la actualidad suelen utilizarse para enlazar organismos desde los que declaran intervinientes, como
ocurre con los centros penitenciarios o con otros órganos judiciales, pero no es habitual con despachos
de operadores jurídicos ni con sus clientes, para los que se puede utilizar la siguiente herramienta:
sala de vistas virtual. En todo caso son imprescindibles para: declaraciones, interrogatorios,
testimonios, careos, exploraciones, informes y ratificación de las periciales.
Es aconsejable contar con facilidades que permitan la multiconferencia mediante dispositivos
especiales -MCU: Multipoint control unit-. Pero al menos deben tener las siguientes características
técnicas:
– Tipo de comunicación:
– RDSI -ISDN-. En desuso, porque minimiza el número de interlocutores con el que es
posible conectarse).
– IP.
– Ancho de banda:
– RDSI: 3 líneas (128Kb*3 -> 384Kb de ancho de banda)
– IP: Aconsejable 768Kb hasta 2Mb (bidireccional)
– Imagen: Calidad HD (1080p), preferible Full HD.
3.4.- Almacén de documentos seguros (nube).
Puede no ser imprescindible si la integración con el Sistema de Gestión Procesal de todas las
herramientas permite la exhibición de documentos que las partes puedan presentar en el momento
de la vista o su descarga y distribución, pero es necesario contar con facilidades para presentar con
claridad los escritos por los intervinientes, que las partes se puedan descargar estos documentos o
los que el Tribunal considere oportuno, de los que integran el expediente judicial residente en el
SGP.
Una de las herramientasmás habituales para ofrecer esta prestación es contar con un almacén seguro
y accesible desde cualquier lugar, pues no debe olvidarse que los participantes en el proceso
6
pueden estar ubicados en lugares alejados de la sede judicial. En todo caso se desaconseja la
utilización del correo electrónico para intercambiar documentos.
Las condiciones que deben cumplir estos almacenes o nubes, caso de utilizar esta herramienta,
deberán adaptarse a las condiciones de seguridad de la guía que a tal efecto tiene publicada la AEPD.
3.5.- Salas virtuales
Las Salas Virtuales son sistemas de videoconferencia que simulan una sala física en el mundo virtual.
También se les conoce como “videoconferencias de baja calidad”. Carecen de bidireccionalidad de
sonido, siendo especialmente necesario un moderador que gestione la sala: invitaciones, anulación
de sonido, dar uso de palabra, etc.
Se recomienda que ofrezcan facilidades como:
– Antesalas o ‘salas de espera’ para garantizar que en cada momento solo estén
conectadas las personas autorizadas. En su defecto deberá ofrecerse alguna alternativa
como la señalada en el apartado 4. Seguridad y organización.
– Invitaciones para conectarse.
– Posibilidad para silenciar a los asistentes.
– Posibilidad de expulsar a algún asistente.
– Presentación de documentos.
– Garantizar el acceso a canales de comunicación privados para cada parte y para el
tribunal. En su defecto deberá ofrecerse alguna alternativa1.
– Visualización en tamaño grande de la persona que habla y del resto en pequeño tamaño.
– Compartición de nombres completos y contactos de todos los participantes antes de
iniciarse la audiencia.
1Pueden ofrecerse `chats’ seguros que faciliten la comunicación entre el abogado y su cliente o entre el tribunal y el LAJ.
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– Chat para la propuesta de preguntas o la canalización de mensajes de los participantes
Para extender la utilización de las herramientas que cada Administración considere utilizar, deberán
ser de fácil instalación.
Las redes de comunicaciones que utilicen los intervinientes para conectarse a las salas virtuales deben
tener un ancho de banda suficiente. Como recomendación se sugiere que la capacidad sea superior a
0,3Mbits por segundo.
Es preciso analizar en qué casos se puede utilizar esta tecnología y en cuáles no. De este modo y
considerando las exigencias establecidas en el art. 229 de la LOPJ en su punto tercero, no podrán
utilizarse para las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes y
ratificación de los periciales las videoconferencias de baja calidad (Skype, Teams, Zoom, etc). Como
antes se mencionó, para estos casos debe utilizarse la videoconferencia de calidad2.
Tal y como se señala en la guía, puede considerarse su utilización en:
Actuaciones internas
– Como las deliberaciones del tribunal.
Actuaciones externas:
– Con exclusiva intervención de operadores jurídicos.
– Con intervención de ciudadanos cuando el tribunal considere que se cumplen las garantías
necesarias.
3.6. Sedes Judiciales Electrónicas
La sede judicial electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una
2Al ser imposible garantizar la incomunicación de testigos con los medios actuales disponibles en la videoconferencia de baja
calidad (salas de vista), su comparecencia remota sólo será viable con las herramientas de videoconferencias de calidad
y siempre que el testigo declare en una sede oficial en la que un fedatario garantice la intangibilidad o no contaminación de
la fuente de prueba
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de las Administraciones competentes en materia de justicia. Son portales en los que se ofrecen los
servicios de la Administración de Justicia a los que pueden acceder los ciudadanos y los operadores
jurídicos. Entre otros servicios, se realizarán a través de sedes judiciales electrónicas todas las
actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia
o de los ciudadanos y profesionales por medios electrónicos, acceso, en los términos legalmente
establecidos, al estado de tramitación del expediente, publicación electrónica, cuando proceda, de
resoluciones y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos.
Por tanto, para cumplir con la exigencia de garantizar la publicidad cuando los actos procesales
deban celebrarse en audiencia pública, la sede electrónica es el mejor modo de garantizar la difusión
de la información.
4. Seguridad
Cuando las conexiones remotas no se realizan en un entorno privado, es decir, con comunicaciones
por redes internas, cobra especial importancia atender las medidas de seguridad, tanto física como
organizativa.
Los medios tecnológicos que se utilicen para realizar actos procesales telemáticos deberán cumplir
con unos requisitos mínimos de seguridad, de conformidad con lo regulado en el Esquema Judicial
de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), asegurando que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de la información grabada y de los documentos
almacenados y ajustarse a los requerimientos que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad
de los sistemas informáticos. Los datos de los usuarios del sistema de grabación de vistas quedarán
sujetos a la normativa de protección de datos y se deberá garantizar el correspondiente control de
trazabilidad.
Pero siendo imprescindible cumplir con las medidas de seguridad reguladas en el EJIS, se considera
que deben ser especialmente controlados y posteriormente comprobados los siguientes controles,
prevenciones y requisitos:
– Autenticación de las partes y de los operadores jurídicos3.
– Control de acceso de los usuarios.
3A modo de ejemplo, la acreditación de las partes y operadores jurídicos se puede pedir con carácter previo mediante la
exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo como la
pregunta por el Tribunal de los últimos dígitos del CSV de la cédula de citación mediante la que se le ha convocado y su
cotejo con el listado de intervinientes que comprendiera este dato y que le hubiera preparado anticipadamente la oficina
judicial, además de mostrar ante la cámara el DNI
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– Encriptación de las comunicaciones.
– Protocolos para la gestión de los incidentes relativos a la seguridad.
– Posibilidad de rastrear cualquier fallo técnico intencionado.
– Contar con soporte técnico que garantice la disponibilidad de las herramientas.
– Garantía de confidencialidad.
– Integridad de las grabaciones
– Custodia y almacenamiento de las grabaciones
– Custodia y almacenamiento de los documentos a exhibir
– Integridad de las grabaciones
5. Organización
Resulta imprescindible contar con administradores que atiendan el sistema de grabación de vistas,
controlen las videoconferencias y moderen las salas virtuales.
Así mismo es muy recomendable realizar pruebas previas a la audiencia virtual y llegar a acuerdos
con las partes sobre las condiciones de celebración de la audiencia.
Igualmente se considera imprescindible elaborar documento -una guía del usuario- para todos los
participantes, que se les debe remitir con carácter previo a la audiencia virtual. Es preciso explicar en
citaciones a los ciudadanos, que la comparecencia será o podrá ser, según proceda, a través de
sedes virtuales, con indicación de la web -sede judicial- en la que encontrar información sobre el
procedimiento de conexión y el entorno para realización de pruebas.
En el caso de que la aplicación de «salas de vista», no incluya la función de «antesala» o «sala de
espera», se cuidará la llamada del interviniente evitando la conexión antes de que este sea llamado.
Dicho llamamiento debe hacerlo el moderador cuando sea requerido para ello por el Tribunal, y por
tanto:
– Debe contarse con un teléfono de contacto inmediato -preferiblemente móvil- con el
interviniente que haya de ser llamado.
– La llamada debe poder efectuarse por el funcionario -moderador- que esté manejando
la conexión de la sala al sistema y la grabación del acto. A tal fin, las salas de vistas
deben dotarse de teléfono.
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– Además, dicho teléfono servirá para establecer un contacto ágil con el interviniente para
la resolución de incidencias -desconexiones…-.
– Puede estudiarse la utilización del sistema de mensajería SMS del CGPJ para estas
finalidades.
6. Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos
Todas las Administraciones que ofrezcan sus herramientas a los órganos judiciales para la
virtualización de los actos procesales deberán especificar:
a) Las herramientas con las que van a dar servicio a las necesidades o niveles de virtualización
que se les hayan planteado y sus características técnicas de acuerdo con lo indicado en el
apartado 3. Tecnologías del presente anexo.
b) Cómo pueden satisfacer cada uno de los principios que deben cumplirse y respetarse, de
forma que no suponga una merma en el derecho a la tutela judicial efectiva y demás
principios aplicables en el seno de cada uno de los procedimientos judiciales, tal y como
están señalados en el documento principal al que esta guía está anexo. En concreto:
i. Publicidad
ii. Oralidad
iii. identificación y autenticación de las partes y operadores jurídicos
iv. Contradicción e inmediación
v. Derecho a la defensa
vi. Exhibición de documentos
vii. Deliberaciones y consultas.
viii. Integración con el EJE
c) Si se cumplen las medidas de seguridad del apartado 4. Seguridad y 5. Organización.
d) Si alguna de las facilidades recomendadas para las salas virtuales, no puede ser
satisfecha por la herramienta elegida por la Administración, deberá indicar con qué
herramienta va a suplir esta carencia.

2021-06-16T18:23:45+00:00