DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES EN LA EJECUCIÓN FORZOSA DE FAMILIA.

Primero.- El vigente Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales resultó aprobado mediante Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 278 de 20 de noviembre de 2003 (página 41.054). Su entrada en vigor se produjo el día 21 de noviembre de 2003.

Segundo.- En la letra e), ordinal 1º, del artículo 7, bajo la rúbrica, “Ejecución de obligaciones” se dice:

“1.º Por la solicitud de cumplimiento de obligaciones pecuniarias, cada procurador percibirá sus derechos aplicando el 50 por ciento de los derechos que resulten de aplicar la escala del artículo 1, tomando como base la cantidad reclamada con un mínimo de 30 euros”.

El número 1 del artículo 26 del vigente Arancel de Procuradores, dentro de la Sección Quinta, «Ejecución forzosa y medidas cautelares», establece que «En los procedimientos de ejecución regulados en este capítulo la cuantía se determinará por la suma del principal, más los intereses y costas por los que se despache la ejecución» y que «Por la solicitud o demanda ejecutiva y despacho de la ejecución forzosa de resoluciones firmes, percibirá el procurador los derechos que le correspondan conforme a lo dispuesto en el art. 1».

El número 2 del citado artículo 26, antes mencionado, dispone: “Si se iniciase la vía de apremio percibirá el procurador el 50 por ciento de los derechos que resulten de aplicar el artículo 1 hasta su finalización”.

El párrafo cuarto del número 3 del artículo 26 nos dice que: “En caso de oposición se incrementarán los derechos en un 25 por ciento de los que resulten de aplicar la escala del artículo 1”.

Tercero.- En el presente caso nos encontramos con la coincidencia entre los conceptos del apartado “e” del artículo 7 y el artículo 26 . No obstante, ante dicha coincidencia, debe primar la normativa especial prevista para los procedimientos de familia que es la regulada en el apartado “e” del artículo 7, teniendo en cuenta y resultando relevante, que lo establecido en el artículo 7 se refiere, única y exclusivamente, a la “solicitud” del cumplimiento de obligaciones. Ello no impide, que refiriéndose el artículo 7 al devengo de derechos por la solicitud, existiendo oposición e iniciándose la vía de apremio, no deban percibirse los derechos arancelarios por dichos conceptos, pues, además de que el proceso de ejecución al que se refiere el artículo 26 del vigente Arancel tiene sustantividad propia dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede pretenderse que si en el curso del procedimiento se producen las actuaciones como la oposición a la ejecución (con expreso y propio pronunciamiento en costas) y la vía de apremio, dichas actuaciones se queden sin retribución y resultando aplicable la norma arancelaria relativa a dichas actuaciones.

Cuarto.- En este sentido la Sentencia número 618/2007 de 27 de noviembre de 2007 de la Sección 2ª de Audiencia Provincial de Zaragoza, dictada en el Recurso número 539/2007, que nos dice, en su fundamento jurídico primero, lo siguiente:

“Se impugnan las partidas señaladas como «ejecución», «apremio» y mejora de embargo», tasadas con arreglo a lo dispuesto por los artículos 24 y 26 del Arancel de Procuradores, alegándose que en los procesos matrimoniales se encuentra especialmente contemplado el supuesto de la ejecución y, por tanto, el derecho arancelario a devengar debe ajustarse a lo que la norma dispone.
El art 26.1 del Arancel de Procuradores, dentro de la Sección Quinta , «Ejecución forzosa y medidas cautelares», establece que «En los procedimientos de ejecución regulados en este capítulo la cuantía se determinará por la suma del principal, más los intereses y costas por los que se despache la ejecución» y que «Por la solicitud o demanda ejecutiva y despacho de la ejecución forzosa de resoluciones firmes, percibirá el procurador los derechos que le correspondan conforme a lo dispuesto en el art. 1 «.
El art 7.1, sin embargo, dentro de la Sección Segunda -Procesos especiales- y de los «Procesos matrimoniales y de familia», e) «Ejecución de obligaciones», dice que «Por la solicitud de cumplimiento de obligaciones pecuniarias, cada procurador percibirá sus derechos aplicando el 50 por ciento de los derechos que resulten de aplicar la escala del artículo 1, tomando como base la cantidad reclamada con un mínimo de 30 euros».
La sentencia recurrida aplica el art 26 , diciendo que «frente a la especialidad del art 7 se aplica la peculiaridad del art 26 referido a la ejecución forzosa, proceso con sustantividad propia en la vigente LEC»; sin embargo, la clara dicción del precepto, su inserción dentro del apartado de los procesos de familia y ejecución de obligaciones y la inicial coincidencia entre los conceptos a que uno y otro artículo se refieren, obliga a estar al art 7 , bien entendido que lo que este contempla es únicamente la solicitud del cumplimiento de obligaciones pecuniarias.
Los derechos de la Procuradora por el «art 26, Ejecución», habrán de quedar, por tanto, en 38,35 euros, IVA incluido.
B) B) En cuanto a los apartados «apremio» (art 26.2) y «mejora de embargo» (art 24), el recurso seguirá suerte diversa.
El art 26.2 dispone que «Si se iniciase la vía de apremio percibirá el procurador el 50 por ciento de los derechos que resulten de aplicar el art. 1 hasta su finalización». Y el art 24 que «Por la solicitud de las medidas que tiendan a asegurar el resultado del procedimiento, como actuaciones anticipadas de prueba, anotaciones preventivas de embargo en cualquier registro público, y sus prórrogas, oposición al embargo por tercero, retención de sueldos, saldos, ampliaciones de embargos y demandas, así como embargos en rebeldía, devengará el procurador la cantidad de 37,15 euros por cada una de las incidencias». Y si es cierto que el art 7 e) del Arancel no contempla derechos adicionales para el procurador en la ejecución en sede de procesos matrimoniales, lo que el recurrente no puede pretender es que una ejecución, que pueda ser duradera en el tiempo y prolija en actuaciones, no merezca por ello retribución. El art 7 e) únicamente se refiere a la solicitud de cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Pero si el curso del procedimiento llega a las actuaciones en cuestión, hay que entender que es la norma relativa a las mismas la que debe ser aplicada.
En el caso, sin embargo, nada indica que se abriese el procedimiento de apremio, esto es, que se entrase en la fase de realización de los bienes embargados, por lo que la partida correspondiente -«art 26.2 (Apremio 39,66 euros) debe ser eliminada.
No lo será, en cambio, la de mejora de embargo, pues no ha quedado desvirtuada la apreciación del Juez, que en la sentencia dice que «la partida debe mantenerse al existir incidente practicado al efecto».

Quinto .- A modo de conclusión, decimos que:

 Por la solicitud de cumplimiento o ejecución de obligaciones pecuniarias derivadas de procesos de familia, percibirá la Procuradora los derechos arancelarios previsto en la letra “e” del ordinal 1 del artículo 7,

 Por la oposición a la ejecución despachada los derechos previstos en el párrafo cuarto, del número 3 del vigente Arancel, incrementándose en un 25% los previstos con arreglo a la escala del artículo 1 y tomando la base de cálculo con arreglo a lo dispuesto en el número 1 del artículo 26, la suma de principal, intereses y costas.

 Si se iniciase la vía de apremio percibirá los derechos previstos en el párrafo 2º del numero 2 del artículo 26, en un 50% de los previstos con arreglo a la escala del artículo 1 y tomando la base de cálculo con arreglo a lo dispuesto en el número 1 del artículo 26, la suma de principal, intereses y costas.

2021-07-19T10:50:39+00:00