ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE JUSTICIA

MINISTERIO

DE JUSTICIA
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE JUSTICIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El sistema de Justicia de nuestro país padece desde hace décadas de insuficiencias estructurales,
algunas de las cuales sin justificación, que han dificultado que ocupe plenamente el lugar que
merece en una sociedad avanzada. No hay duda de que en algunos puntos del sistema puede
haber déficit de recursos que haya que corregir, pero no parece que esta sea la causa principal de
nuestros problemas crónicos, derivados más bien de la escasa eficiencia de las soluciones que
sucesivamente se han ido implantando para reforzar la Administración de Justicia como servicio
público.
Ello solo es así cuando se considera de esta manera, cuando la Justicia se percibe por la
ciudadanía como algo propio, como algo cercano, eficaz, entendible y relativamente rápido. Con
palabras del constitucionalismo moderno, este servicio público precisa de legitimidad social tanto
como de eficiencia. Legitimidad como grado de confianza y credibilidad que el sistema de Justicia
debe tener para nuestra ciudadanía; y eficiencia como capacidad del sistema para producir
respuestas eficaces y efectivas.
Se trata, por tanto, de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y
garantías de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio público se
produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra
sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia.
En estos momentos en los que la sociedad sufre el impacto de una crisis en el ámbito de la sanidad
que ha hecho temblar las seguridades y los derechos que estaban ya consolidados, con un impacto
en la economía, en la vida social y en la vida empresarial de gran magnitud y en pleno desarrollo
de la sociedad tecnológica, es necesario además adaptar las estructuras de la Justicia.
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Primero, para poder hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados
y tribunales; después, para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y
justo a la ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los nuevos valores de interdependencia, de
solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento
imprescindible de la paz social. En este contexto, también es responsabilidad de la ciudadanía
contribuir a la sostenibilidad del servicio público de Justicia.
La justicia emana del pueblo, como también radica en el mismo el sentido de lo justo, por lo que se
ha de propiciar la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia. Ya se hace en el ámbito
penal con la institución del jurado, y es conveniente también abrir la justicia civil, social -e
inmediatamente después la contencioso-administrativa- a los ciudadanos para que se sientan
protagonistas de sus propios problemas y asuman de forma responsable la solución más adecuada
de los mismos, especialmente en determinados casos en los que es imprescindible buscar
soluciones pactadas que garanticen, en lo posible, la paz social y la convivencia.
A dicha situación se añade la necesidad coyuntural de introducir mecanismos eficientes que
resultan imprescindibles para acoger el previsible incremento de la litigiosidad en los próximos
tiempos y para recuperar el pulso de la actividad judicial a la reanudación de los plazos y términos
procesales tras la terminación del primer estado de alarma declarado como consecuencia de la
pandemia COVID-19, sin perjuicio de las reformas en las leyes procesales que se introducen en el
presente texto legal como medidas de agilización de los procedimientos en los distintos órdenes
jurisdiccionales, vinculadas en alguna ocasión a las correlativas y necesarias modificaciones en
leyes sustantivas.
Dichas medidas de agilización procesal se introducen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil; en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social; y
en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
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El Título I de la ley contiene un gran bloque de reformas, concretamente las que se refieren a la
inserción en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, de otros medios
adecuados de solución de controversias, como medida que, más allá de la coyuntura de
ralentización inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad como consecuencia de la
pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación
de un servicio público de Justicia sostenible.
Con la introducción de estos mecanismos, ya consolidados en el derecho comparado, se cumple
la máxima de la Ilustración y del proceso codificador: que antes de entrar en el templo de la Justicia,
se ha de pasar por el templo de la concordia. En efecto, se trata de potenciar la negociación entre
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las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios
reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para
la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil.
El servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para
gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros
será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La elección del medio más adecuado de
solución de controversias aporta calidad a la Justicia y reporta satisfacción al ciudadano. En este
contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en
espacios compartidos.
Con los métodos alternativos o adecuados de solución de controversias se incrementa el
protagonismo de las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados
que se garantiza en todo caso, pero también de los procuradores de los tribunales, los mediadores,
los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros profesionales.
Especialmente se toma en consideración que el Código Deontológico de la Abogacía Española
establece como prioritaria, y característica de la actuación profesional, la función de la concordia,
junto a la obligación de procurar el arreglo entre las partes. El propio Estatuto General de la
Abogacía Española exige que el asesoramiento letrado que se preste no incite al conflicto ni al
litigio. Por estas razones resulta oportuno, ante el exponencial incremento de la litigiosidad,
fomentar tal modo de proceder habitual de la abogacía contemplando que dicha actividad negocial
sea debidamente remunerada, incluso en los casos en los que se intervenga por designación en el
turno de oficio, y con la introducción de un catálogo de mecanismos de negociación asistida, abierto
a cualquier otro método eficaz, que sea subsidiario de la actividad negociadora directa que ya se
practica tradicionalmente por la abogacía.
La Justicia no es únicamente la “administración de la justicia contenciosa”. Es todo un sistema que
se enmarca dentro del movimiento de lo que la filosofía del derecho denomina la justicia
deliberativa, que no es monopolio de los cuerpos judiciales ni de la abogacía, sino que pertenece
a toda la sociedad civil. Los colegios profesionales cumplen de esta forma una función de servicio
a la ciudadanía, albergando en el seno de sus instituciones mecanismos de solución de
controversias, promoviendo y facilitando el diálogo social y, a la vez, fortaleciendo el importante
papel que desempeñan en una sociedad democrática avanzada.
Se debe recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que
rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las
relaciones sociales. Para ello es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni
transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en
todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho
comparado.
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La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorporó al
ordenamiento español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como
el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos
de dicha ley, nacieron con la vocación decidida de asentar en nuestro país la mediación como
instrumento de autocomposición eficaz de controversias surgidas entre sujetos de Derecho privado
en el ámbito de sus relaciones de derecho disponible.
Desde la entrada en vigor de la ley, el 27 de julio de 2012, no se ha conseguido desarrollar la
potencialidad augurada desde su gestación. En este sentido son de destacar las apreciaciones del
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo
sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, de fecha 26 de agosto de 2016, pues constituye un documento de indudable valor
por sistematizar el estudio de los cuestionarios emitidos por operadores jurídicos de todos los
Estados miembros y que viene en términos generales a evidenciar determinadas dificultades en
relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación en la práctica,
particularmente relacionadas con la falta de una «cultura» de la mediación en los Estados
miembros.
Resulta también de especial interés el análisis efectuado por la Comisión Europea de las medidas
utilizadas en otros Estados miembros para el fomento de la mediación, del que resulta cómo las
legislaciones nacionales basculan entre la aplicación de mecanismos de incentivación y estímulo
fiscal a las partes que recurren a la mediación, y mecanismos sancionadores para supuestos de
rechazo injustificado a la misma. La Comisión concluye recomendando a los Estados miembros
intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación, petición que hizo suya
el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de septiembre de 2017, sobre la aplicación de la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.
Así, la presente ley contiene todo un Título I dedicado a la regulación de los medios adecuados de
solución de controversias, que comienza con unas disposiciones generales relativas a su concepto
y caracterización, a la asistencia letrada a las partes cuando acudan a uno de dichos medios y al
ámbito de aplicación de los mismos, constituido por los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los
conflictos transfronterizos, quedando excluidas las materias concursal, laboral y penal y los asuntos
de cualquier naturaleza en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al Sector
Público, y ello a la espera de la futura regulación de estos mismos medios adecuados de solución
de controversias en el ámbito administrativo y en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
lo que requiere de un instrumento legislativo propio y diferenciado.
No obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias, ni aún
por derivación judicial, los conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable ni los que versen sobre alguna de las
materias excluidas de la mediación conforme a lo dispuesto en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sin perjuicio de la posible aplicación de los medios
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adecuados de solución de controversias a los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y
103 del Código Civil.
Tampoco se exigirá actividad negocial previa como requisito de procedibilidad cuando se pretenda
iniciar un procedimiento para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, la adopción de las
medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil y cuando se solicite autorización para el
internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico conforme a lo dispuesto en el artículo 763
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Se regulan también los efectos de la apertura del proceso de negociación y de su posible
terminación sin acuerdo, las actuaciones negociales desarrolladas por medios telemáticos, los
honorarios de los profesionales intervinientes, el principio esencial de confidencialidad común a
todos los medios adecuados de solución de controversias y la manera de acreditar el intento de
negociación a los fines de cumplir con el requisito correlativo de procedibilidad en el orden
jurisdiccional civil.
Del mismo modo, se contienen las disposiciones necesarias sobre la formalización del acuerdo
entre las partes y su posible elevación a escritura pública u homologación judicial, según los casos,
así como las normas pertinentes sobre la validez y eficacia del acuerdo.
Con independencia de la conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia prevista y
regulada en los artículos 139 y sucesivos de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria, las leyes de enjuiciamiento prevén la actividad conciliadora de los tribunales en diversos
momentos del procedimiento, bien sea al inicio de las comparecencias y vistas, o en la audiencia
previa al juicio. Esta actividad la puede realizar el propio juez o el Letrado de la Administración de
Justicia. Los efectos del eventual acuerdo, una vez homologado, tienen la misma eficacia que la
sentencia firme.
Conociendo dicha realidad, la presente ley enumera y regula entre los diferentes métodos de
negociación previa a la vía jurisdiccional la conciliación privada, destacando los requisitos precisos
para intervenir como conciliador y las funciones de la persona conciliadora.
También la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con las
características, efectos y principios rectores de cada uno de estos dos medios adecuados de
solución de controversias.
Al lado de estos nuevos mecanismos, se potencia la mediación como medio adecuado de solución
de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento
estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de la persona mediadora,
significando que la mediación continúa regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, así como en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el
que se desarrollan determinados aspectos de dicha ley.
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Para la implantación de los medios adecuados de solución de controversias se modifica en lo
preciso la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para permitir que queden
cubiertos, obviamente cuando se reúnan los requisitos exigidos legalmente, los honorarios de los
abogados que hubieren asistido a las partes cuando acudir a dichos medios adecuados de solución
de controversias sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda, resulte de la derivación
judicial acordada por los jueces o tribunales o sea solicitada por las partes en cualquier momento
del procedimiento judicial.
Se producen también las modificaciones necesarias en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, que se recogen en el artículo 18 del Título II junto a otras modificaciones por
razón de agilización procesal, para poder incluir en la tasación de costas la intervención de
profesionales de los que se haya valido el consumidor o usuario aun cuando su intervención no
resulte preceptiva y para que en la imposición de costas del pleito los tribunales puedan valorar la
actitud de las partes en la utilización de los medios adecuados de solución de controversias y en
el posible abuso del servicio público de Justicia, regulándose también a tal fin la posible solicitud
de exoneración o moderación de las costas tras su imposición y una vez que el deber de
confidencialidad ha cumplido toda la etapa necesaria hasta la firmeza de la sentencia y se puede
ya acreditar la formulación de una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios
adecuados de solución de controversias al que hubieran acudido, que la misma no hubiera sido
aceptada por la parte requerida y que la resolución judicial que haya puesto término al
procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta.
Surge así la noción del abuso del servicio público de Justicia, actitud incompatible de todo punto
con su sostenibilidad, como utilización indebida del derecho fundamental de acceso a los tribunales
con fines meramente dilatorios o cuando las pretensiones carezcan notoriamente de toda
justificación. Será indudablemente la jurisprudencia la que irá delimitando los contornos de este
nuevo concepto, como ya lo ha hecho a lo largo de muchos años en el análisis de la temeridad o
la mala fe procesal. El abuso del servicio público de Justicia se une a la conculcación de las reglas
de la buena fe procesal como acreedor de la imposición motivada de las sanciones previstas en la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Esta nueva ley modifica en lo necesario el artículo 266 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, estableciendo que habrá de acompañarse a la demanda el documento que
acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial cuando la ley exija dicho
intento como requisito de procedibilidad, que será en los litigios que se sustancian ante el orden
jurisdiccional civil con las exclusiones antes referidas; y al mismo fin el artículo 399 en su apartado
3, sobre el contenido de la demanda, y el apartado 2 del artículo 403 sobre su inadmisión si faltare
el requisito de procedibilidad.
En cuanto a las medidas encaminadas a ordenar el gran flujo de demandas que tienen entrada en
los Juzgados de lo Mercantil como consecuencia de las reclamaciones de los pasajeros contra las
compañías aéreas, se alude en el artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, a la reclamación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en caso de
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cancelación, denegación de embarque o retraso susceptible de indemnización al amparo del
Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004,
por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el
Reglamento (CEE) n° 295/91. Se añade, también, la reclamación previa a la compañía aérea para
interponer demandas sobre pérdida o retraso en la entrega del equipaje y, en general, las
formuladas al amparo del Convenio de Montreal. La reclamación previa ante AESA supone el
cumplimiento del requisito de procedibilidad por parte del pasajero. Se entenderá también cumplido
por la compañía aérea cuando se haya dictado por AESA decisión motivada.
Así mismo, se introduce un nuevo apartado siete en el artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, en el que se establece como requisito de procedibilidad en las acciones de
reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en
aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito
garantizados con hipoteca inmobiliaria, una reclamación extrajudicial previa frente a las personas
físicas o jurídicas que realicen la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera
profesional. En la disposición adicional séptima se establece la regulación de dicha reclamación
extrajudicial previa. Del mismo modo, la reclamación previa ante el Banco de España supone el
cumplimiento del requisito de procedibilidad.
Se modifican también los artículos 415, 429 y 443, preceptos que regulan la celebración de la
audiencia previa en el juicio ordinario y de la vista en el juicio verbal, así como los artículos 565 y
776 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular la posible derivación
judicial a medios adecuados de solución de controversias cuando los procedimientos judiciales se
encuentren en primera instancia o ejecución. Y también los artículos 722, 724 y 730 sobre las
medidas cautelares en el caso de intento de medios adecuados de solución de controversias,
arbitrajes y litigios extranjeros.
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se modifica en distintos
aspectos, entre otros, los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, su
conexión con el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, los requisitos que han de cumplirse para ello, la asistencia letrada, la sesión
inicial y la derivación intrajudicial.
La implantación y fomento de los medios adecuados de solución de controversias exige también la
modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio. De esta manera, se revisa la exención prevista en dicho
Impuesto para las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños
personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida, con la finalidad de que pueda resultar
aplicable cuando, sin fijarse su cuantía legal ni judicialmente, la indemnización sea satisfecha por
la entidad aseguradora del causante de los daños físicos o psíquicos en cumplimiento de un
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acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias legalmente
previsto.
Igualmente, se revisa el régimen fiscal establecido para las anualidades por alimentos percibidas
de los padres con el objeto de eliminar cualquier duda sobre la aplicación del mismo a las
anualidades fijadas en los convenios reguladores a que se refiere el artículo 90 del Código Civil
formalizados ante el Letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, al
tiempo que se recuerda que dicho convenio puede ser el resultado de cualquier medio adecuado
de solución de controversias legalmente previsto.
Por último, por razones de seguridad jurídica, se modifica la exención prevista para las
indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores para eliminar cualquier duda interpretativa
y confirmar expresamente a nivel legal que no derivan de un pacto, convenio o contrato, las
indemnizaciones acordadas ante el servicio administrativo como paso previo al inicio de la vía
judicial social.
Se modifican, por último, el apartado 1 del artículo 64, los apartados 1 y 2 del artículo 65 y el artículo
244 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, para ajustes técnicos
sobre las excepciones del requisito del intento de conciliación o, en su caso de mediación, los
efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa sobre la interrupción de la prescripción
o la suspensión de la caducidad de acciones y la suspensión de la ejecución para derivación a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos.
III
Las reformas procesales tendentes a una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos
judiciales se recogen en el Título II de la ley.
Comenzando por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se modifica solo en cuestiones puntuales que
permitan ordenar los procedimientos existentes para fomentar su agilización, hasta tanto se elabore
y entre en vigor una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que diseñe un procedimiento penal del
siglo XXI.
Se modifica el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de evitar reiteración
de trámites y las consiguientes citaciones y desplazamientos de los ofendidos y perjudicados por
el delito a los solos efectos de realizarles el ofrecimiento de acciones, así como la posibilidad de
efectuarlo por el medio más rápido posible, incluidos los medios del artículo 162 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando se trate de personas obligadas a su utilización o
que hubieran optado por estos. Esta nueva regulación no supone merma alguna en los derechos
que asisten a las víctimas, puesto que el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal remite
a una completa información de derechos, esto es, a los que tienen reconocidos en el Estatuto de
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la Víctima. Por otro lado, se notificará, por el Letrado de la Administración de Justicia al ofendido y
perjudicado por el delito el órgano judicial y el número de procedimiento correspondiente,
únicamente, en aquellos casos en los que la policía judicial, previamente, les hubiera informado de
los derechos que les asisten.
Se modifica también lo dispuesto en los artículos 785, 786, 787 y 802, regulándose una audiencia
a la que se citará únicamente al Ministerio Fiscal y a las partes, así como a los acusados. Esta
audiencia tendrá por finalidad no solo la admisión de pruebas, sino también una posible
conformidad, sin que sea precisa la citación de todos los testigos y peritos, así como la depuración
de aquellas cuestiones que pudieran suponer la suspensión de la celebración del juicio oral y un
nuevo señalamiento o la posible nulidad de pruebas por vulneración de derechos fundamentales,
sin necesidad de esperar a su resolución en sentencia tras la celebración del juicio oral.
Se clarifica el contenido del artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resolviendo las
discrepancias interpretativas existentes en la jurisprudencia.
Para facilitar la conformidad tanto en el procedimiento abreviado cuyo enjuiciamiento corresponde
a la Audiencia Provincial como en el procedimiento ordinario, se suprime el límite penológico de
seis años, sin necesidad de celebrar el juicio oral, por lo que se modifica lo dispuesto en los artículos
655, 688 y 787.
Se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo 988 bis con la finalidad de ordenar la
fase de ejecución penal. Una de las principales dificultades de esta fase procesal radica en la
ausencia casi total de previsión legal al respecto. Con este precepto no se pretende una regulación
completa de la ejecución penal, pero sí evitar la dispersión de trámites y resoluciones, centrándolos
en un solo momento inicial, de tal forma que, desde ese primer momento, la ejecución quede
encauzada a la espera del cumplimiento de las penas y demás pronunciamientos de la sentencia.
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En el ámbito del proceso contencioso-administrativo, también se aborda la modificación de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el objeto, en
línea con el general de la presente ley, de introducir las medidas de agilización procesal necesarias
para ofrecer a juzgados y tribunales de ese orden los instrumentos procesales óptimos para facilitar
y hacer más ágil tanto la tramitación de los pleitos como su resolución, sin merma de las garantías
del justiciable.
A fin de contrarrestar las dilaciones que, necesariamente, han de sufrir en su tramitación los
recursos interpuestos ante juzgados o tribunales que, posteriormente, declaran su falta de
jurisdicción o de competencia, y con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a los trámites que
habrán de suceder a la referida declaración, se prevé, en lo que a la falta de jurisdicción se refiere,
que la primera comparecencia que efectúe la parte recurrente tras dicha decisión judicial ante el
orden jurisdiccional competente no quede limitada, exclusivamente, a la presentación de un escrito
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de personación como ocurría hasta ahora. Con la reforma, tal comparecencia queda articulada
como un trámite idóneo para formular la oportuna demanda ante ese orden jurisdiccional, tratando
con ello de sacar el máximo rendimiento procesal de ese primer trámite, que servirá así para que
la tramitación del pleito se ponga ya en marcha.
También, en lo que respecta a la falta de competencia, se incorpora como novedad el deber de las
partes de personarse ante el juzgado o tribunal que resulte ser el competente en un plazo concreto,
el de diez días desde que fueron emplazadas, acabando así con la indefinición temporal que
presentaba la anterior redacción.
De nuevo sobre la base de la necesaria agilización y a fin de conseguir la efectiva transformación
digital de la Administración de Justicia, se introduce la obligación de que la remisión por la
Administración a los órganos jurisdiccionales del expediente administrativo en los distintos
procedimientos que regula la ley haya de realizarse en soporte electrónico. Ello permitirá no sólo
que el expediente quede incorporado con dichas características a los autos y sea puesto a
disposición de las partes en ese soporte, sino que contribuirá decididamente a la necesaria
potenciación de la tramitación electrónica por la Administración de Justicia, a la agilización de esos
trámites y a la conservación en autos de la documentación contenida en el expediente
administrativo con carácter permanente, suprimiéndose, por innecesario, el trámite de devolución
del mismo.
Y en esa línea de profundizar en el uso de medios electrónicos, se incorpora el deber de
relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o electrónicos de los
funcionarios públicos que, en defensa de sus derechos estatutarios, comparecen ante los juzgados
y tribunales del orden contencioso-administrativo por sí mismos. Tal obligación, que no es sino
continuación en el ámbito del proceso judicial del deber que, para la vía administrativa y en su
relación con las Administraciones Públicas, ya se contempla en el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
permitirá una más ágil y eficiente tramitación de esos recursos por las oficinas judiciales.
En otro orden de cosas, aunque relacionado también con el expediente administrativo, se aclara el
alcance de la facultad que, en términos genéricos, la Ley confiere a las partes para solicitar del
juzgado o tribunal que se complete el expediente en los casos en que se estime que falta en el
remitido algún antecedente, tratando con ello de evitar las dilaciones que, en la práctica, venían
generando las solicitudes de complemento por ausencia de documentación que luego, a la postre,
se comprobaba que no formaba parte de los expedientes.
Por ello, junto al reconocimiento de esa facultad, que permanece inalterada, se ha procedido a
delimitar qué se debe entender por expediente administrativo, para lo cual se ha empleado lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes citada, y la definición que
ofrece de lo que debe ser el contenido de dicho expediente, con lo que se deja perfectamente
acotado los concretos documentos y antecedentes que han formar parte del mismo, únicos sobre
los que pueden recaer y admitirse esas solicitudes de complemento.
Otra de las medidas que se incorpora para evitar dilaciones innecesarias, atendidas las siempre
cargadas agendas de señalamientos de los órganos jurisdiccionales, es la de procurar que no se
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suspendan los ya acordados en los casos en que, en un momento anterior a la fecha prevista para
los mismos, el demandante haya solicitado la ampliación del objeto del recurso a otro acto,
disposición o actuación con el que guarde conexión directa. No obstante, el mantenimiento de los
señalamientos no tendrá lugar en todo caso, sino que queda condicionado a que, por un lado, la
decisión del órgano jurisdiccional sobre dicha solicitud recaiga antes de la celebración de los actos
señalados, y a que, por otro, no interfiera en los derechos de las partes, ni en el interés de terceros.
Ya en lo que respecta a la fase de resolución, en el ámbito del procedimiento abreviado se introduce
la posibilidad de que el Juez pueda, si así lo estima procedente atendidas las concretas
circunstancias del caso que se somete a su enjuiciamiento, dictar sentencia oral. Tal facultad que
se ofrece al órgano jurisdiccional guarda coherencia con la esencia de este procedimiento, que, se
ha de recordar, se sustenta en el principio de oralidad, y conllevará, sin duda, una agilización de la
decisión en los casos en que se opte por su empleo. Pero este efecto no debe ser entendido como
una merma de la calidad de la justicia que se impartirá a través de esta clase de sentencias, pues,
amén de que la posibilidad de resolver oralmente un recurso no es una novedad en el ámbito del
procedimiento contencioso-administrativo, encontrándose ya prevista en el procedimiento para la
garantía de la unidad de mercado, la remisión expresa que se hace al texto del artículo 210 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya reforma también se acomete en esta ley,
garantiza que estas sentencias orales deban expresar no solo las pretensiones de las partes, las
pruebas propuestas y practicadas y, en su caso, los hechos probados, sino también las razones y
fundamentos legales del fallo que haya de dictarse. Con ello, se preserva que, a través de ellas, se
imparta una correcta administración de justicia y se garantiza el cumplimiento de la exigencia
constitucional de motivación de las resoluciones judiciales consagrada en el artículo 120 del texto
constitucional y, en última instancia, la posibilidad de control de la resolución por los tribunales
superiores, en los casos en que sea susceptible de recurso.
Por último, se dota de mayor agilidad al recurso de casación, acortando los plazos previstos para
algunos trámites intermedios, en concreto, el de personación de las partes ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que sigue a la decisión de la Sala de instancia
de tener por preparado el recurso, y el previsto para la eventual audiencia a las partes personadas
que, con carácter excepcional, puede acordar la Sala si considera que las características del asunto
aconseja oírles acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia. La reducción de los plazos con que cuentan estos trámites intermedios no altera,
por el contrario, la de los previstos para formular los escritos de preparación del recurso y los de
interposición y oposición, cuya duración actual se estima ajustada a su relevancia y elevada
complejidad técnica.
Por otro lado, se aprovecha la reforma para actualizar el régimen de recursos contra las
resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, teniendo presente para ello el
pronunciamiento efectuado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 58/2016, de 17 de
marzo, que declaró la inconstitucionalidad del sistema que impedía la interposición de recurso de
revisión contra el decreto resolutivo de la reposición. Esta actualización se realiza en idéntico
sentido a la regulación contenida en el artículo 454 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
12
Al margen de la agilización procesal, también se emplea la reforma para introducir en el texto legal
la equiparación del tratamiento de las sentencias con los restantes títulos ejecutivos adoptados en
el proceso y para simplificar y aclarar los efectos que, sobre la resolución judicial recurrida, produce
la interposición de un recurso de apelación.
V
En lo que respecta al orden jurisdiccional civil, esta ley modifica varios aspectos de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de adaptar su regulación a las necesidades
actuales, con la finalidad de agilizar alguno de sus trámites, reforzar las garantías de sus procesos
y adaptarla tanto a las necesidades de la sociedad actual como a las de la propia Administración
de Justicia.
Así, se amplían las materias que, con independencia de su cuantía, se tramitan por las normas del
juicio verbal, el cual también se reforma. Las pretensiones que se sustanciarán por el trámite de
este juicio, haciéndolo antes por las del juicio ordinario o por el que correspondiera por razón de la
cuantía, son aquellas en las que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones
generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, así como
aquellas en las que se ejercite la acción de división de la cosa común y las de propiedad horizontal
que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, cualquiera que fuera ésta, dejando
a salvo lo dispuesto para los procesos especiales. De este modo, se permitirá la tramitación de un
mayor número de asuntos por un procedimiento más rápido y sencillo, agilizando su resolución.
Con la misma motivación, se eleva hasta los quince mil euros la cuantía de los pleitos que, por esta
razón, se tramitan por las normas de juicio verbal, actualizándose así la cuantía anterior fijada en
seis mil euros.
En lo que respecta a la modificación ya apuntada del juicio verbal, se introduce la posibilidad de
que el juez, a la vista de las peticiones en materia de prueba de las partes, pueda decidir que no
haya lugar a la celebración del acto de la vista aun cuando las partes la hayan solicitado. La actual
regulación obliga a que este acto se convoque cuando cualquiera de las partes lo solicite, extremo
que ha determinado la celebración de multitud de vistas innecesarias para la resolución del pleito,
siendo suficiente para ello la prueba documental presentada con el escrito de demanda y
contestación. De esta forma, es el juez quien, en base a la valoración que realice de las
actuaciones, determine si es necesaria o no la celebración de dicho acto para dictar sentencia,
evitándose así un retraso injustificado en la resolución de los pleitos.
Otra de las novedades que se articula en esta ley es la posibilidad de que, en el ámbito del juicio
verbal, los jueces puedan dictar sentencias orales. Se trata de una medida que busca agilizar y
facilitar la resolución de pleitos, regulándose como una herramienta que pueda ser usada por el
juez en atención a las concretas circunstancias del proceso. Estas sentencias orales quedarán
documentadas en el soporte audiovisual del acto, sin perjuicio de una brevísima ulterior redacción
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por el juez o magistrado del encabezamiento, la mera referencia a la motivación pronunciada de
viva voz dándose por reproducida y el fallo íntegro, con expresa indicación de su firmeza o, en su
caso, de los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.
Se procede a clarificar el efecto de cosa juzgada en los juicios de desahucio por falta de pago o
expiración del plazo cuando se acumula la acción de reclamación de rentas o cantidades análogas,
estableciéndose que los pronunciamientos de la sentencia en relación a esas acciones acumuladas
producirán dicho efecto, poniendo fin a la disparidad de criterios interpretativos en la materia.
Además, en esta reforma se procede a la corrección de error material en cuanto a la competencia
para resolver sobre las mejoras, reducciones y modificaciones de embargo, eliminando la
referencia a la providencia que se realiza en el último párrafo del apartado primero del artículo 612
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al regularse a continuación de una forma
clara que las cuestiones serán resueltas mediante decreto de los Letrados de la Administración de
Justicia, en consonancia con la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma
de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Otro de los objetivos cuya consecución se logra con esta reforma es la adaptación del sistema de
recursos contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia a la doctrina del
Tribunal Constitucional, que ha venido declarando inconstitucional el diseñado por el legislador que
impedía la interposición de recurso de revisión contra el decreto resolutivo de la reposición
(Sentencia 15/2020, de 28 de enero de 2020) y de la jura de cuentas (Sentencia 34/2019, de 14 de
marzo de 2019).
En materia de costas procesales son varias las modificaciones que se realizan, sin perjuicio de las
que ya se han expuesto al hablar de la regulación de los medios adecuados de solución de
controversias. Así, se determina la no condena al pago de las costas procesales en ejecuciones
provisionales cuando se cumpla con lo dispuesto en el título ejecutivo en el plazo de veinte días
desde la notificación del despacho de ejecución. De esta forma, se incorpora a la norma la doctrina
jurisprudencial pacífica en cuya virtud, si hay un cumplimiento voluntario de la obligación en el
proceso de ejecución provisional, no debieran devengarse costas en dicho proceso.
Otra de las medidas que se incluye es la supresión de la condena en costas en el incidente de
impugnación de la tasación de costas por excesivas salvo casos de abuso del sistema público de
Justicia. En muchas ocasiones, los criterios del colegio profesional correspondiente no son
seguidos por los Juzgados o Audiencias Provinciales. Por ello, dada la casuística a la hora de
interpretar los criterios de honorarios y la complejidad de algunos asuntos, parece lógico que,
tratándose de una cuestión no reglada, no se impongan costas salvo que se aprecie el abuso antes
dicho. De esta forma se evitará la práctica de multitud de tasaciones de costas por los incidentes
de impugnación de las costas principales.
También se introduce una nueva regulación de las costas en el incidente de acumulación de
procesos eliminando el criterio de vencimiento objetivo para su imposición, dando entrada a un
criterio ponderador de la buena o mala fe procesal, favoreciendo así la solicitud de eventuales
acumulaciones en aras de una mejor garantía del principio de economía procesal.
14
Es una realidad el gran problema que, desde múltiples puntos de vista, ha provocado en la
Administración de Justicia la litigación en masa en materia de condiciones generales de la
contratación. El enorme volumen de asuntos que se deriva de ella ha desembocado, en algunos
casos, en un auténtico colapso de los órganos judiciales, provocando importantes disfunciones en
la respuesta de la Administración de Justicia ante esta situación, hecho que provoca una merma
de confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones.
Por ello, en esta ley se busca dotar de nuevas herramientas a los jueces, magistrados y Letrados
de la Administración de Justicia, así como a los justiciables, que permitan dar una respuesta
adaptada, eficaz y ágil a las pretensiones que se sustancien en el particular ámbito al que nos
referimos. Una de las soluciones operadas por esta ley para la tramitación de este modo de litigar
en masa es la incorporación del sistema de tramitación de los llamados “procedimientos testigo”.
El procedimiento testigo es una vía que se articula para dar respuesta a demandas con identidad
sustancial de objeto sin necesidad de tramitar todas ellas. Así, previa dación de cuenta por el
Letrado de la Administración de Justicia o a solicitud de la parte actora o demandada, se permite
al juez elegir un procedimiento que se tramitará con carácter preferente, suspendiéndose el curso
del resto de procedimientos en los que se dé aquella identidad. Una vez se dicte sentencia en el
procedimiento testigo y adquiera firmeza, se requeriría a los afectados por los procedimientos
suspendidos para que puedan solicitar la extensión de los efectos de la sentencia de referencia,
continuar el procedimiento suspendido o desistir del mismo. De este modo se evita la tramitación
simultánea o sucesiva de procedimientos judiciales sustancialmente idénticos en aras de garantizar
un principio de economía procesal concebido de una manera mucho más amplia.
Existen importantes razones para incorporar este sistema a nuestra regulación procesal en esta
materia concreta ya que, en muchas ocasiones, los actores utilizan demandas o plantillas iguales
o similares para el ejercicio de las mismas pretensiones, de modo que un universo muy amplio de
perjudicados termina litigando con demandas prácticamente idénticas. De hecho, se ha
generalizado un modo de litigación en masa en el que se utilizan plataformas informáticas no solo
para captar clientes, sino también para la gestión de las demandas en las distintas fases. Teniendo
en cuenta los extremos advertidos, es previsible que la regulación de este procedimiento testigo
reducirá notablemente la litigación en masa, en especial los procedimientos sobre nulidad por
abusividad de las condiciones generales de la contratación en los que haya que valorar únicamente
elementos objetivos, y evitará la necesidad de completa tramitación de los procedimientos ya
iniciados con identidad sustancial de objeto, lo que supondrá un alivio muy considerable en las
cargas de trabajo de los órganos judiciales, reforzándose además la homogeneidad en las
respuesta de la Justicia ante esta tipología de procedimientos.
En relación a esta misma cuestión, y por exactamente los mismos motivos indicados para el
procedimiento testigo, esta ley también regula el mecanismo procesal de extensión de efectos,
importado también de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Para la litigación en masa a la que se alude, la regulación actual de la extensión de
efectos en acciones colectivas se ha mostrado claramente insuficiente. Como se ha dicho, los
litigios en esta materia se han demostrado absolutamente repetitivos, y los eventuales obstáculos
que puedan alegarse sobre la posible indefensión por falta de prueba chocan con la realidad de
15
que, en la práctica totalidad de los procesos, no se pide otra que la documental. Por estas razones,
se articula el mecanismo procesal de la extensión de efectos también para acciones individuales
en materia de condiciones generales de la contratación, permitiendo a los eventuales futuros
demandantes beneficiarse de la sentencia que se dicte sin necesidad de que se tramite un nuevo
procedimiento en el que su objeto es coincidente sustancialmente con aquel que ya ha sido
resuelto.
Con esta regulación se permite que dicha extensión de efectos se pueda solicitar en el juzgado del
domicilio del afectado -evitando la elección a la carta del órgano-, citando la sentencia que haya
sido declarada firme tras ser confirmada por la Audiencia Provincial respectiva, requisito que
refuerza la seguridad y garantías de la propia regulación. La petición se formula con un escrito
dirigido al órgano judicial que dará traslado al demandado para alegaciones. Finalmente, el juez
resolverá si concede o no tal extensión mediante auto. Si lo hace, se evita el procedimiento
declarativo, todo ello sin perjuicio del eventual recurso de apelación contra esa decisión, el cual
tendrá tramitación preferente. Firme la resolución que hubiera acordado extender los efectos y para
el caso de que no se cumpla por el demandado voluntariamente con su contenido, el actor podrá
solicitar la correspondiente ejecución judicial. En caso de que el auto deniegue la extensión de
efectos, el actor podrá acudir a la vía declarativa interponiendo, si a su derecho conviene, la
oportuna demanda de juicio verbal.
En el terreno de los procesos especiales, se introduce una nueva regulación en el ámbito del
proceso monitorio, simplificando el incidente por posible existencia de cláusulas abusivas en el
contrato que sirve de base a la petición. La actual regulación de este incidente desnaturaliza el
procedimiento retrasando considerablemente su tramitación, con lo que ni el solicitante obtiene una
respuesta rápida, ni se obtiene una tramitación eficiente del asunto, con grave perjuicio para la
Administración de Justicia, dando lugar a retrasos considerables y acumulaciones de
procedimientos pendientes. Con la modificación que se opera, se permite al juez apreciar a priori
la posible existencia de estas cláusulas, dando la oportunidad al actor de continuar con su
reclamación reduciendo la parte que pudiera verse afectada por esa eventual declaración de
abusividad. En caso contrario, para el supuesto de no aceptarse dicha reducción, se deja abierta
la vía del correspondiente juicio declarativo, plenario, lugar idóneo y mucho más adecuado para el
examen de esa pretensión, reduciendo el requerimiento de pago monitorio a la cantidad que reúna
los requisitos necesarios para ello.
En el ámbito de los procesos de familia, la misma modificación del juicio verbal general sirve en el
procedimiento contencioso matrimonial a los fines de agilización y para que pueda obviarse la vista
si solo hay prueba documental y siendo la discrepancia únicamente económica.
Esta ley también articula la posibilidad de acumular la acción de liquidación del régimen económico
matrimonial a la de división de herencia, cuando uno o ambos cónyuges han fallecido y hay
identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro procedimiento. Igualmente,
se posibilita la acumulación de ambos procesos si ya se hubieran iniciado. Con ello, se trata de
agilizar los procedimientos de división judicial de la herencia, acumulando en un único
procedimiento las divisiones judiciales de las herencias de causantes que, por relación de
parentesco, se suceden uno o unos a otro u otros; así como de acumular en un único procedimiento
16
la liquidación del régimen económico matrimonial y los de las divisiones judiciales de las herencias
de causantes que hubiesen estado unidos en matrimonio, hayan fallecido los dos o solo uno de
ellos, si en su haber existiese, al menos, un bien de carácter ganancial o adquirido en común.
Además, con esta medida se unificará la diferente interpretación que hacen los tribunales de la
posible acumulación o no de estas acciones y procesos, despejando las dudas existentes y
logrando alcanzar un mayor grado de seguridad jurídica.
En materia de ejecución, esta ley introduce determinadas modificaciones que vienen a perfeccionar
la regulación del actual proceso. Así, se habilita a los Letrados de la Administración de Justicia para
que puedan acordar pagos periódicos mediante el dictado de una sola resolución, lo cual ahorrará
el dictado de cientos de miles de ellas, facilitando el trabajo de la oficina y del propio letrado y
logrando mayor rapidez a la hora de que los acreedores puedan cobrar las cantidades que les
corresponden. También se introduce la posibilidad de suspensión de la ejecución para acudir a
mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, evitando que se
produzcan multitud de trámites y promoviendo el cumplimiento voluntario de lo acordado fruto del
acuerdo.
En lo que respecta a la subasta judicial electrónica, la norma realiza una reforma que afecta a
diferentes aspectos de la misma, perfeccionando y agilizando un sistema que, desde su
introducción en el año 2015 (Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil), ha venido funcionando de una forma
muy positiva.
Para dar una mayor agilidad a los trámites posteriores a la subasta, previos a la aprobación del
remate y adjudicación, se establece que el inicio del cómputo de los plazos para pago del resto del
precio y traslado para mejora de postura se produzca automáticamente desde el cierre de la
subasta. El hecho de que el Portal de Subastas del BOE publique su resultado permite que el
propio demandado no personado pueda comprobar el precio final y la posibilidad de mejorarlo
cuando no cubra los porcentajes mínimos legales, sin necesidad de realizar una notificación
personal. En todo caso, se exige que, al acordarse la subasta, el demandado quede debidamente
informado.
Para facilitar la competencia dentro de la subasta y la mejora del precio final, se ha establecido que
el ejecutante, si hay postores y si tiene interés en adquirir el bien, ha de incorporarse a ella y
efectuar sus pujas. Se elimina así la posibilidad de que el ejecutante impida que el mejor postor en
la subasta se adjudique el bien utilizando el mecanismo de la mejora posterior, que supone privar
al postor del derecho que tiene a mejorar el precio ofrecido por otro.
En cambio, sí se reconoce al demandado el derecho a la mejora como último recurso para evitar
que sus bienes sean adjudicados a un tercero. Se le permite presentar a cualquier persona que
mejore el precio ofrecido en la subasta cuando no supere los porcentajes mínimos necesarios para
aprobar inmediatamente el remate.
Con respecto a los inmuebles, se ha efectuado una reducción del porcentaje mínimo de mejora
hasta ahora establecido en el 70 por 100 del valor de subasta, que queda fijado en el 60 por 100,
ya que se considera más adecuado a las circunstancias actuales. Esta mejora podría ser por un
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solo céntimo, si el precio ofrecido en la subasta, aun siendo inferior a esos porcentajes, cubre la
cantidad reclamada por todos los conceptos. Esto obligará a los postores a elevar el importe de
sus pujas, ofreciendo cantidades más ajustadas al valor real de los bienes. La reforma también
establece la forma y requisitos con que la mejora ha de ser llevada a efecto, hasta hoy no
contemplados.
También se pretende unificar los efectos derivados de la subasta con postores y de la subasta
desierta, y otorgar un mismo trato a postores y ejecutantes. Esto significa que los bienes no se van
a adjudicar de modo distinto dependiendo de si la subasta tiene postores o si ha resultado desierta.
Un ejemplo de especial trascendencia es el referido a la subasta de la vivienda habitual del deudor.
Con la nueva regulación, no se va a adjudicar por debajo del 60 por 100 de su valor de subasta.
Resulta intrascendente que la subasta haya sido desierta o no, y que el adjudicatario sea el propio
ejecutante o cualquier otro postor. Esa unificación de efectos también se demuestra cuando la
subasta resulta desierta y el ejecutante solicita la adjudicación de los bienes por un importe que no
supera los porcentajes establecidos. En este caso también se dará traslado al deudor para que
tenga la posibilidad de mejorar ese precio, como ocurre en la subasta con postores.
En la misma línea, se prevén las consecuencias económicas que tiene para el ejecutante no pagar
la diferencia entre su crédito y el precio que hubiera ofrecido para adquirir el bien subastado, y se
hace de un modo análogo al regulado para los demás postores cuando son éstos los que no pagan
el precio ofrecido en la subasta. Se va a descontar de su crédito la misma cantidad que hubieran
tenido que depositar los demás postores, y se celebrará nueva subasta, si fuera necesaria.
En relación con el importe mínimo por el que puede aprobarse el remate o la adjudicación del bien,
se mantiene en los muebles la necesidad de que cubra el 30 por 100 del valor de subasta y la
posibilidad de que sea por un importe inferior siempre que se satisfaga totalmente el derecho del
ejecutante. En relación con los inmuebles se ha establecido un mínimo del 50 por 100 de su valor,
con la particularidad de que, si la cantidad adeudada por todos los conceptos fuera inferior, se
aprobaría siempre que cubra el 40 por 100 del valor de subasta. Si la cantidad adeudada fuera
inferior a este porcentaje, la aprobación del remate o adjudicación exigiría, en todo caso, la decisión
favorable, previa audiencia de las partes, del Letrado de la Administración de Justicia. De este
modo, se evita que por deudas de escasa cuantía se tengan que adjudicar obligatoriamente
inmuebles de un valor muy superior, como ha ocurrido hasta la fecha.
Se ha considerado conveniente elevar hasta el 20 por ciento del valor de subasta el depósito que
ha constituirse para participar en ella, con un mínimo de mil euros, con el fin de penalizar
adecuadamente el incumplimiento del compromiso de pago del precio ofrecido. No obstante, se
permite al Letrado de la Administración de Justicia, atendiendo a las circunstancias concurrentes,
modificar dichos importes. También se impone al postor la necesidad de indicar en el mismo
momento de participar en la subasta, si lo hace en nombre propio o de uno o varios representados,
y se sanciona la falta de acreditación de la representación con la pérdida del depósito efectuado.
Se regula nítidamente la facultad que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia de
solicitar al Portal de Subastas toda la información que necesite para comprobar la regularidad de
la subasta. A él le corresponde el control de su celebración garantizando los derechos de los
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interesados y el cumplimiento de la normativa que la regula. En este sentido el Tribunal
Constitucional, en su Sentencia 34/2020, ha sentado doctrina sobre el nivel de exigencia que ha
de seguirse cuando existen errores en la publicación de la subasta. En el caso de que compruebe
que no se han cumplido los requisitos legalmente establecidos para su desarrollo tendría que dar
cuenta al tribunal para que, en su caso, la deje sin efecto.
También se ha recogido la obligación de intentar la notificación personal al demandado no
personado del decreto convocando subasta, al objeto de reforzar sus garantías y derechos en el
proceso, máxime teniendo en cuenta la gran trascendencia que, desde el punto de vista
patrimonial, tiene el acto de subasta. Asimismo, se impone al ejecutante la obligación de informar
al órgano judicial del pago de la tasa exigida para la publicación del anuncio de subasta, ya que de
ese pago depende el inicio de la subasta.
En relación con la cesión de remate, el derecho se sigue reconociendo al ejecutante y acreedores
posteriores por el hecho de participar en la subasta, sin que tengan que realizar manifestación
expresa al respecto. Se sustituye la comparecencia de cesión de remate por un escrito firmado por
cedente y cesionario, y se establece el plazo concreto en el que puede verificarse.
La reforma suprime la posibilidad de realizar la propuesta de pago aplazado por no adaptarse al
sistema de subastas electrónicas, basado en pujas incondicionadas y por importes concretos, a lo
que se añade la complejidad de su tramitación y el hecho, de que, en la práctica, esas propuestas
en nada han beneficiado a las propias partes, pudiendo servir de cobertura a conductas
fraudulentas y entorpecedoras de la propia subasta.
También se concreta la importante obligación que tiene el Letrado de la Administración de Justicia
de devolver en cuanto sea posible los depósitos a los postores que han reservado su postura. El
sistema de subastas con reserva de postura previsto en la ley solo puede funcionar adecuadamente
si los postores participantes realizan esa reserva. Como la reserva implica la retención del depósito
del postor hasta el pago del precio, toda demora en su devolución desanima a realizar nuevas
reservas. Puede haber muchos postores interesados en adquirir el bien, pero que no reserven
postura. Su puja no es tenida en cuenta ante la falta de pago del primer postor, pudiendo
adjudicarse el bien a otro por debajo del precio que ofrecieron. Esto ha de evitarse si se pretende
obtener el mejor precio en la subasta.
En esa línea, y en lo que respecta a la quiebra de la subasta, tras el impago del primer postor con
reserva, se agiliza la devolución de depósitos, ya que solo va a tener efecto la reserva del siguiente
postor. Si éste tampoco pagara el precio ofrecido ya no se tendrían en cuenta las siguientes
posturas, sino que se han de liberar los depósitos de los demás postores con reserva y ha de
procederse inmediatamente a la celebración de nueva subasta. Si se produjera ese hecho, ya se
habría aplicado a los fines de la ejecución el importe de los depósitos de esos dos postores que
ascendería al 40 por 100 del valor de subasta, lo que constituirá una importante herramienta
disuasoria para quienes quieran manipular el precio final. Con la regulación actual, este trámite
podría prolongarse mientras hubiera impagos y postores con reserva, cuyos precios serían mucho
más bajos que el primero ofrecido, siendo mejor para los fines de la ejecución dar otra vez la
posibilidad a los postores de volver a pujar por precios más altos.
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Por último, con ese mismo propósito de agilizar la adjudicación en las subastas de inmuebles, se
acorta a veinte días el plazo para pagar el resto del precio ofrecido. El anterior plazo de cuarenta
días ralentizaba en exceso el trámite y la devolución de depósitos a los postores que han reservado
postura. Y, a los mismos efectos, se suprime la necesidad de practicar la liquidación del crédito del
ejecutante cuando el precio que ha ofrecido no sea superior al principal reclamado.
En lo que respecta al recurso de apelación, se da entrada a una nueva regulación en virtud de la
cual se desplaza su admisión y tramitación al órgano ad quem, liberándose de ese trabajo a los
órganos de primera instancia cuyas oficinas tienen mayor saturación. Igualmente, se logra dotar
de mayor seguridad jurídica al sistema en cuanto que los criterios de admisión que tienen las
propias Audiencias Provinciales serán directamente aplicados en ese trámite.
Por fin, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, se concentra la competencia judicial territorial para
la aceptación y aprobación de la herencia cuando sea llamado a ella un menor o persona con
capacidad modificada judicialmente. La medida agilizará la resolución y evitará la dicotomía
normativa actualmente existente sobre competencia territorial para el conocimiento de este tipo de
expedientes.
VI
Una modificación muy relevante que se produce también en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, es la nueva regulación del recurso de casación.
El actual modelo de recursos extraordinarios en materia civil, casación e infracción procesal, fue
creado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Pese a que han transcurrido más
de veinte años desde la promulgación de esta norma, el modelo no ha llegado a ser desarrollado
tal y como fue concebido. El sistema intentado por el legislador del año 2000 separó la denuncia
de las infracciones procesales (materia del recurso extraordinario por infracción procesal) de las
sustantivas (objeto del recurso de casación), reservando este último al Tribunal Supremo o a los
Tribunales Superiores de Justicia, en el caso de normas de derecho civil foral o especial propias
de las Comunidades Autónomas con competencia para ello.
Las infracciones procesales serían, en ese modelo, competencia de los Tribunales Superiores de
Justicia, pero la imposibilidad de modificar simultáneamente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para regular esta competencia funcional motivó un régimen transitorio, que aún
perdura, en el que es el Tribunal Supremo el que sigue resolviendo los recursos por infracción
procesal, si bien, en el cauce principal de acceso a la casación (el interés casacional) se condiciona
el examen de su admisibilidad a la previa admisión del recurso de casación.
Se ha mantenido así un complejo sistema que resulta ya insostenible por las importantes
disfunciones que presenta. En primer lugar, la supeditación del recurso por infracción procesal a la
previa acreditación del interés casacional por vulneración de una norma sustantiva constituye una
dificultad considerable para los litigantes que, además, limita injustificadamente la función
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nomofiláctica del Tribunal Supremo en la interpretación de normas procesales que pueden ser
trascendentes en la calidad de la tutela judicial que se presta desde la jurisdicción civil.
En segundo lugar, la previsión de dos recursos diferentes, en función de la naturaleza procesal o
sustantiva de la infracción, y de tres cauces distintos de acceso (procesos sobre tutela civil de
derechos fundamentales, cuantía superior a 600.000 euros e interés casacional) no resulta ya
operativa en el actual desarrollo del derecho privado.
Las sucesivas reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, han situado las
cuestiones socialmente más relevantes en procedimientos sin cuantía, por razón de materia. De
otro lado, la propia evolución de la litigiosidad hacia materias que afectan a amplios sectores de la
sociedad, con un peso cada vez más importante del derecho de la Unión Europea y de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidencia que las partes y los tribunales
tienen cada vez más difícil deslindar nítidamente las normas sustantivas de sus implicaciones
procesales a efectos de los recursos extraordinarios.
En este escenario, son cada vez más evidentes tanto las dificultades que encuentran las partes
para construir correctamente los recursos, como los obstáculos que tiene la propia Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo para cumplir su función de unificación de doctrina en materias socialmente
relevantes. Estos problemas se producen, además, en un contexto de incremento incesante de la
litigiosidad. Si en el año 2013 se registraron 2.929 recursos extraordinarios, en 2019 se ha llegado
a la cifra de 6.854, lo que supone un incremento del 134 por 100 en la carga de trabajo.
Consecuencia de todo ello es la dedicación desmesurada de los medios personales de que dispone
la Sala a una compleja fase de admisión que alarga de forma desmedida los tiempos de respuesta
de todos los recursos. En los últimos años, el porcentaje de recursos que se admiten está entre el
18 por 100 y el 19 por 100 del total, lo que implica que la mayor parte de las energías del tribunal
se dedican a un 81-82 por 100 de recursos que, por ser inadmisibles, impiden cumplir con la función
constitucional del Tribunal Supremo. La duración de la fase de admisión supera ya los dos años.
La constatación del fracaso de este modelo hace ya urgente la reforma de la ley. Para ello, es
imprescindible dar al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recuso
extraordinario. Es reiteradísima la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y de la propia Sala Primera de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo
insistiendo en el especial rigor de los requisitos de admisión del recurso de casación. No se trata
de un recurso ordinario que dé paso a una tercera instancia en la que el recurrente pueda someter
al Tribunal Supremo la decisión del conflicto con plenitud de cognición, sino de un recurso
extraordinario dirigido a controlar la correcta interpretación y aplicación de las normas aplicables.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha reiterado que, con carácter general, corresponde
al Tribunal Supremo la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación, a salvo
lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123 de la Constitución española).
La reforma que se introduce trata de solucionar las antedichas disfunciones. Se trata, por un lado,
de simplificar la concepción del recurso, mediante la previsión de un único recurso de casación que
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no depende del tipo o cuantía del proceso y que se adentra en el interés casacional de la
interpretación de las normas, tanto sustantivas como procesales.
Por otro lado, se pretende fortalecer el interés casacional, que es el que mejor simboliza la función
social del Tribunal Supremo, como cauce único de acceso al recurso, pero simplificando su
definición. Existirá interés casacional, sustantivo o procesal, cuando la sentencia recurrida se
oponga a la jurisprudencia de la Sala Primera, o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia correspondiente en el recurso de casación autonómico, resuelva una cuestión sobre la
que no exista jurisprudencia de dichos tribunales o haya pronunciamientos contradictorios de las
Audiencias Provinciales.
Un tercer objetivo es garantizar la celeridad en los tiempos de respuesta de la Sala Primera,
mediante la simplificación de la fase de admisión, que tantos esfuerzos consume en la actualidad,
y la adaptación del sistema civil al modelo más moderno de los órdenes jurisdiccionales
contencioso-administrativo y penal, que centra esos esfuerzos en la motivación de la concurrencia
del interés casacional y de los autos de admisión a trámite del recurso. Se prevé, por último, la
posibilidad de que, cuando exista ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada y la
resolución impugnada se oponga a dicha doctrina, el recurso pueda decidirse por auto.
VII
Por lo que respecta al orden jurisdiccional social, se acomete una reforma de la Ley 36/2011, de
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que es continuadora de la realizada en la Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
oficina judicial, en la que se redefinieron las competencias de los Letrados de la Administración de
Justicia en la dirección del proceso, produciéndose un trasvase de competencias procesales de los
jueces y magistrados a aquéllos, en concreto en materia de admisión de demandas y en los actos
de conciliación.
Tras diez años desde la entrada en vigor de aquella ley, la presente actualiza su contenido,
tomando en consideración el trabajo realizado en los juzgados en el momento presente: se
optimizan recursos y se facilita la resolución de asuntos separando el acto de conciliación y juicio.
Junto a ello, se profundiza en los avances conseguidos por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la
cual supuso una respuesta más eficaz y ágil a los litigios suscitados en las relaciones de trabajo y
de seguridad social; ofreció un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el
ámbito laboral para una mejor protección de los derechos; y completó la modernización procesal
en el orden social, racionalizando y fijando un texto normativo consolidado y actualizado a la
realidad de la organización actual del trabajo.
Con el fin de cohonestar lo dispuesto para los cuatro órdenes jurisdiccionales, se incentiva el
impulso de la oralidad de las sentencias, con la finalidad de agilizar no sólo su dictado, sino también
22
la notificación y la declaración de firmeza de éstas, salvo cuando las partes comparezcan por ellas
mismas.
Al igual que en el ámbito civil y contencioso-administrativo, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social se articula el llamado procedimiento testigo, en su artículo 86
bis, dentro del Capítulo II, del Título I, del Libro II, relativo al proceso ordinario.
Asimismo, se introducen dos nuevos artículos (247 bis y 247 ter), dentro de la sección segunda,
del Capítulo I del Título I del Libro IV “De la ejecución de sentencias”. Con esta regulación se
pretende introducir dos trámites procesales diferentes; uno, el procedimiento testigo, entendiendo
por tal aquél en el que uno o varios procedimientos judiciales iniciados quedan suspendidos, por
una decisión judicial, hasta la firmeza de la sentencia dictada en el procedimiento preferente. Y una
vez firme, se concede a las partes la posibilidad de reanudar el pleito, de desistir del mismo, o de
acudir a una vía rápida de extensión de efectos.
De otro lado, la extensión de efectos supone que los efectos de una resolución judicial firme puedan
extenderse a otras personas que no han iniciado un procedimiento judicial, siempre que se
encuentren en una situación jurídica individualizada con identidad sustancial a la reconocida por
sentencia firme. A su vez, con el fin de adecuar esta cuestión a lo establecido para el orden
jurisdiccional civil, se modifica el artículo 191.3 b), para posibilitar el acceso al recurso de
suplicación de sentencias dictadas en la instancia que fueran susceptibles de extensión de efectos.
Como cuestiones específicas de la jurisdicción social, con el fin de agilizar la resolución de
procedimientos con idéntica causa, evitar duplicidades y pronunciamientos incompatibles o
contradictorios, se incentiva al máximo la acumulación de acciones y procedimientos por iniciativa
de las partes, sin perjuicio de que sea el propio órgano judicial quien lleve a cabo la acumulación,
de oficio y en defecto de la voluntad de aquellas.
Especial relevancia adquiere la articulación referente a los efectos de la acumulación de procesos
acordada. Se prevé que únicamente podrá dejarse sin efecto respecto de alguno de ellos en
supuestos muy específicos, como cuando no se cumplan las prescripciones legales que rigen la
acumulación, o cuando el órgano judicial, considere, de forma motivada, que la acumulación puede
ocasionar un perjuicio al resto de intervinientes. Este último supuesto es el que se puede plantear
en la tramitación de un procedimiento de despido acumulado con una pluralidad de trabajadores,
no pudiéndose citar a uno de ellos para el día del juicio; o bien en los supuestos en que éste haya
fallecido y sea necesario localizar a sus herederos.
Con la reforma operada se pretende dotar a la jurisdicción social de la máxima agilización posible
en lo que respecta a los actos de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia,
impulsando su labor y posibilitando una agenda doble y compatible de trabajo, que permita preparar
y facilitar el acto del juicio, descargando de trabajo al órgano judicial. Se pretende que el acto de
conciliación se celebre a partir de los treinta días desde la admisión de la demanda, y con una
antelación mínima de treinta días a la celebración del acto de la vista, con el fin de poder dar una
respuesta ajustada a lo que la realidad social exige.
23
Asimismo, se dota de mayor protagonismo al Letrado de la Administración de Justicia en el ámbito
de admisión de demanda y diligencias necesarias para la preparación de prueba, con el fin de
evitar dilaciones y suprimir innecesarios trámites.
Dentro de las reglas generales de la modalidad procesal de despido, se adicionan dos supuestos
que precisan una regulación específica de tramitación preferente. Por un lado, la extinción de
contratos por falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, correspondiente
al artículo 50.1 b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y por otro, los despidos verbales, en los que no
se da de baja al trabajador en la Seguridad Social.
Por lo que respecta al procedimiento monitorio, la reforma se encamina a permitir que un mayor
número de asuntos se tramiten por esta vía, aumentando la cuantía de este procedimiento.
Además, en caso de oposición o de imposibilidad de notificación personal al empresario, el
procedimiento se transformará en ordinario sin necesidad de que el actor presente demanda. Y en
caso de concurso, se establece la remisión inmediata ante el Juzgado de lo Mercantil.
Finalmente se adapta la denominación de los Letrados de la Administración de Justicia en el
articulado afectado por la reforma.
La agilización de los procedimientos, la sostenibilidad de los recursos existentes y la potenciación
de acuerdos a través de la labor del Letrado de la Administración de Justicia anticipando la
conciliación constituyen, en definitiva, los principales ejes de la reforma.
VIII
La crisis sanitaria y el estado de alarma decretado para combatirla han puesto de manifiesto
especialmente la necesidad de acelerar la adaptación de la legislación española a las nuevas
realidades, en lo concerniente a la implementación de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el servicio público de Justicia. Ya antes de que se declarase la pandemia lo
hicieron otros países europeos e, incluso, se hizo en nuestro país con la legislación administrativa.
La promulgación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia, supuso un hito importante en la
adaptación de nuestras oficinas judiciales y fiscales a las nuevas realidades digitales y en la
regulación de las relaciones de los ciudadanos y profesionales con las mismas. Así mismo, reguló
el procedimiento judicial electrónico y estableció las bases de la cooperación entre las distintas
administraciones con competencias en materia de justicia.
Pero no se puede olvidar que dicha ley suponía la traslación al ámbito de la Administración de
Justicia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
24
públicos. Esta ley fue derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no solo incorporó sus prescripciones
al propio procedimiento administrativo haciéndolo parte inseparable de él, sino que se adaptó a la
entonces reciente normativa europea en esta materia.
En la misma medida y con independencia de la técnica legislativa que se pueda abordar en el futuro
inmediato para alcanzar la total incorporación de la tecnología digital a las normas procesales
españolas, en esta ley se introducen los cambios mínimos necesarios para adaptar nuestra
legislación a la nueva normativa europea. En concreto al marco regulatorio establecido por el
Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo
a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
Dicho Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
prevé que el acceso a determinadas funcionalidades de la administración electrónica se lleve a
cabo mediante sistemas de identificación y autenticación, separando estos conceptos del de firma
electrónica. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya ha previsto el uso de técnicas de autenticación en
su artículo 9, pero la normativa equivalente para el ámbito de la Justicia no se ha actualizado tras
el Reglamento europeo, aunque en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio
de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, se menciona expresamente.
En esta ley se suple dicha falta de adaptación mediante la modificación de los artículos de la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia, que regulan los sistemas de identificación y autenticación,
habiéndose optado por hacer una remisión directa a sus homólogos de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La ley introduce asimismo medidas encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, el
desplazamiento de los ciudadanos y profesionales, así como la concentración de personas en las
oficinas judiciales. En este sentido, se han introducido modificaciones que permiten generalizar la
celebración de vistas y otro tipo de declaraciones a través de videoconferencias. Y así, se dispone
que solo se acudirá al auxilio judicial cuando no sea posible la práctica de una actuación por medio
de videoconferencia, ello con las garantías y exclusiones que se contemplan.
Además, en aras de evitar al máximo la movilidad y concentración de personas en los edificios
judiciales, se introducen modificaciones relativas a la práctica de actos de comunicación en la línea
ya iniciada anteriormente de convertirlas en el medio casi exclusivo. Con dichas modificaciones,
los únicos que no están obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración de
Justicia son las personas físicas que no se hayan obligado previa y contractualmente a hacerlo o
que no hayan optado voluntariamente por comunicarse en dicha forma, exceptuándose la
obligación contractual en determinados supuestos.
Asimismo, y para dar respuesta a la contradicción existente entre la obligatoriedad de relacionarse
por medios electrónicos con la Administración de Justicia que tienen las personas jurídicas y la
previsión establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de que, en todo
25
caso, la primera comunicación con las partes aún no personadas deba hacerse por remisión al
domicilio de los litigantes, se han introducido modificaciones en los artículos que establecían esta
última obligación. De esta forma se da cabida a la doctrina establecida por el Tribunal
Constitucional y se facilita la notificación a las personas jurídicas y otras entidades en la Dirección
Electrónica Habilitada (DEH), lo que permitirá reducir enormemente los tiempos de espera en los
emplazamientos. El ahorro de tiempo en el emplazamiento a través de exhortos y el hecho de
poder remitir por vía electrónica de forma auditada, verificada e íntegra la documentación del
procedimiento, supondrá la forma más segura, rápida y eficaz de emplazar a las partes.
Por último, se aborda la regulación del registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta,
dependiente del Ministerio de Justicia, que sustituye a los que estaban previstos en la Ley 18/2011,
de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia, y que debían existir en cada una de las oficinas judiciales con funciones
de registro, o incluso los que se podían haber creado en cualquiera de las otras oficinas judiciales.
Esta reforma, junto con la modificación relativa a las formas de identificación y autenticación
llevadas a cabo en esta ley, permitirá que el otorgamiento de poderes apud acta se lleve a cabo en
gran medida a través de medios telemáticos sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos
a las sedes judiciales.
IX
La parte final contiene once disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
La disposición adicional primera se refiere al coste de la intervención del tercero neutral en la
utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
La disposición adicional segunda extiende las referencias que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, realiza a la mediación a los restantes medios adecuados de solución de
controversias.
En la disposición adicional tercera se contienen las previsiones sobre el futuro estatuto del tercero
neutral interviniente en dichos medios.
La disposición adicional cuarta avanza la organización de las unidades de medios adecuados de
solución de controversias que existirán en los distintos Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales o Decanatos de los juzgados unipersonales.
En la disposición adicional quinta se prevé la regulación reglamentaria de la elaboración de
estadística de la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
26
La disposición adicional sexta disciplina el cumplimiento del requisito de procedibilidad en los litigios
en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios.
La disposición adicional séptima regula los trámites correspondientes a la reclamación previa a las
demandas que tengan por objeto las acciones de reclamación de devolución de las cantidades
indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo
contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
En la disposición adicional octava se establece que quedan comprendidos dentro del concepto de
actividad negocial previa cualesquiera medios de solución alternativa de litigios que estén ya
regulados en legislación especial.
En la disposición adicional novena se acomodan las referencias necesarias en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al expediente administrativo
en soporte electrónico.
La disposición adicional décima determina el plazo máximo en que han de llevarse a cabo las
soluciones tecnológicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta
ley.
Por fin, en la disposición adicional decimoprimera se contienen previsiones necesarias para las
actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia en el orden jurisdiccional penal.
La disposición transitoria primera ordena que las previsiones de esta ley sean aplicables
exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, si bien
permite que en los procedimientos judiciales ya en curso a dicha entrada en vigor, las partes de
común acuerdo puedan someterse a cualesquiera medios adecuados de solución de controversias.
La disposición transitoria segunda establece el régimen transitorio del recurso de casación
contencioso-administrativo.
La disposición transitoria tercera establece el régimen transitorio del recurso de casación civil.
La disposición derogatoria deja sin efecto el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que se sustituyen por la
que se articulan en la presente ley.
En las disposiciones finales primera a cuarta se contienen las modificaciones que acompañan
necesariamente a la implantación del sistema de medios adecuados de solución de controversias
y que se producen en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita; en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio; en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
27
y mercantiles; y en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Concretamente, la disposición final segunda revisa diversos aspectos de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
En primer lugar, se extiende la exención prevista en el primer párrafo de la letra d) del artículo 7 de
dicha Ley a otras indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos y
psíquicos cuya cuantía no se haya fijado legal ni judicialmente, pero cuyo abono sea consecuencia
de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias
legalmente previsto.
Además, dada la ruptura del principio de igualdad que supone el establecimiento de cualquier
exención en el Impuesto, con la finalidad de garantizar que la indemnización corresponda a
situaciones reales, evitándose situaciones indeseadas de planificación o fraude fiscal, se exige que
la indemnización sea satisfecha por la entidad aseguradora del causante del daño, que para la
obtención del acuerdo haya intervenido un tercero neutral y que este último se haya elevado a
escritura pública, al tiempo que se establece una cuantía máxima exenta que toma como referencia
la que se fijaría con arreglo al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
En segundo lugar, se modifica la letra e) del artículo 7 de la Ley del Impuesto con la finalidad de
evitar cualquier duda interpretativa e incrementar la seguridad jurídica, señalando expresamente a
nivel legal que no derivan de un pacto, convenio o contrato, las indemnizaciones acordadas ante
el servicio administrativo como paso previo al inicio de la vía judicial social. Debe recordarse que
dicha precisión coincide con la interpretación que al respecto viene manteniendo tanto la
Administración tributaria como los Tribunales de Justicia, por lo que la misma responde a una
finalidad meramente aclaratoria.
Por último, se da nueva redacción a la letra k) del artículo 7 de la Ley del Impuesto con la finalidad
de eliminar cualquier duda sobre la aplicación del mismo a las anualidades fijadas en los convenios
reguladores a que se refiere el artículo 90 del Código Civil formalizados ante el Letrado de la
Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, al tiempo que se recuerda que dicho
convenio puede ser el resultado de cualquier medio adecuado de solución de controversias
legalmente previsto. La modificación de dicha letra k) exige modificar la referencia contenida a las
anualidades por alimentos en los artículos 64 y 75 de la Ley del Impuesto.
La disposición final quinta introduce la modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria.
Las dos últimas disposiciones finales, sexta y séptima, exponen el título competencial y las
previsiones sobre la entrada en vigor de la norma.
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En la elaboración de esta ley se han observado los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En efecto, en primer lugar, se trata de una norma necesaria, ya que constituye el instrumento
idóneo y el único posible para alcanzar el objetivo de conseguir que el acceso a la justicia suponga
la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento
como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación
digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia.
Por lo que respecta al principio de seguridad jurídica, se introduce un sistema coherente de tal
manera que las novedades introducidas para conseguir una justicia digital, sostenible y ágil tienen
su reflejo en todas las normas procesales de todas las jurisdicciones, generando así un marco
normativo integrado y claro.
En cuanto al principio de proporcionalidad, se introduce la regulación imprescindible para la
consecución de los objetivos perseguidos de eficiencia y digitalización del servicio público de
justicia.
Se cumple también el principio de transparencia. Esta norma ha sido sometida a los
correspondientes trámites de participación pública, esto es, el de consulta pública previa y el de
audiencia e información pública.
TÍTULO I
Medios adecuados de solución de controversias
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Concepto y caracterización de los medios adecuados de solución de controversias.
1. Se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad
negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una
solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.
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2. Las partes son libres para convenir o transigir, a través de estos medios, sobre sus derechos e
intereses, siempre que lo acordado no sea contrario a la ley, a la buena fe ni al orden público. Las
partes pueden alcanzar acuerdos totales o parciales. En el caso de acuerdos parciales, las partes
podrán presentar demanda para ejercitar sus pretensiones respecto a los extremos de la
controversia en los que se mantenga la discrepancia.
3. En el orden jurisdiccional civil, con carácter general, se considerará requisito de procedibilidad
acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias para que sea admisible
la demanda. Para entender cumplido este requisito habrá de existir una identidad entre el objeto
de la negociación y el objeto del litigio, aun cuando las pretensiones sobre dicho objeto pudieran
variar.
Se considerará cumplido este requisito si se acude previamente a la mediación, a la conciliación o
a la opinión neutral de un experto independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial o
si se emplea cualquier otro tipo de actividad negocial no tipificada legalmente pero que cumpla lo
previsto en el apartado anterior y permita dejar constancia de la recepción por la parte requerida
de la propuesta de negociación, así como de su fecha, contenido e identidad de la parte
proponente. Singularmente, se considerará cumplido el requisito cuando la actividad negocial se
desarrolle directamente por las partes asistidas de sus abogados cuando su intervención sea
preceptiva.
4. No obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias, ni aun
por derivación judicial, los conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable, sin perjuicio de que sí será posible su
aplicación en relación con los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 del Código
Civil. En ningún caso podrán aplicarse dichos medios de solución de controversias a los conflictos
que versen sobre alguna de las materias excluidas de la mediación conforme a lo dispuesto en el
artículo 87 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
No se exigirá actividad negocial previa como requisito de procedibilidad cuando se pretenda iniciar
un procedimiento para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, la adopción de las medidas
previstas en el artículo 158 del Código Civil y cuando se solicite autorización para el internamiento
forzoso por razón de trastorno psíquico conforme a lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
5. La iniciativa de acudir a los medios adecuados de solución de controversias puede proceder de
una de las partes, de ambas de común acuerdo o bien de una decisión judicial de derivación de las
partes a este tipo de medios.
Artículo 2. Asistencia letrada.
1. Las partes podrán acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias
asistidas de abogado.
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2. Únicamente será preceptiva la asistencia letrada a las partes cuando se acuda a un medio
adecuado de solución de controversias, ya sea con el objeto de cumplir el requisito de
procedibilidad o estemos ante un supuesto de derivación judicial, en los siguientes casos:
a) Cuando se acuda a la formulación de una oferta vinculante.
b) Cuando se acuda a la conciliación privada o a la mediación, siempre que el conciliador o el
mediador no sea profesional del derecho.
No obstante, en estos supuestos tampoco será preceptiva la asistencia letrada cuando la cuantía
del asunto controvertido no supere los 2.000 euros o bien cuando una ley lo exceptúe
expresamente.
Artículo 3. Ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de controversias.
1. Las disposiciones de este Título son de aplicación a los asuntos civiles y mercantiles, incluidos
los conflictos transfronterizos. A estos efectos tendrán la consideración de conflictos
transfronterizos los definidos en el artículo 3 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.
En defecto de sometimiento expreso o tácito a lo dispuesto en este Título, su regulación será
aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la actividad negocial
se realice en territorio español.
2. Quedan excluidos, en todo caso, de lo dispuesto en este Título las materias laboral, penal y
concursal, así como los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden
jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad
perteneciente al Sector Público.
3. La mediación se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, y, en su caso, por la legislación autonómica que resulte de aplicación. No
obstante, a efectos de lo dispuesto en esta ley, la mediación es uno de los medios adecuados de
solución de controversias con el que se podrá cumplir el requisito de procedibilidad al que se refiere
el apartado 3 del artículo 1.
4. La conciliación ante Notario se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley
del Notariado y, en defecto de lo allí previsto, por las disposiciones de la presente ley.
5. La conciliación ante el Registrador se regirá por lo dispuesto en el Título IV BIS de la Ley
Hipotecaria y, en defecto de lo allí previsto, por las disposiciones de la presente ley.
Artículo 4. Efectos de la apertura del proceso de negociación y de su terminación sin acuerdo.
31
1. La solicitud de una de las partes dirigida a la otra para iniciar un procedimiento de negociación
a través de un medio adecuado de solución de controversias interrumpirá la prescripción o
suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha
solicitud por la parte requerida, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los
plazos en el caso de que en el plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción
de la propuesta por la parte requerida, no se mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un
acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.
La interrupción o la suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo o cuando se
produzca la terminación del proceso de negociación sin acuerdo.
2. En el caso de que la propuesta inicial de acuerdo no tenga respuesta o bien de que el proceso
negociador finalice sin acuerdo, las partes deberán formular la demanda dentro del plazo de tres
meses a contar, respectivamente, desde la fecha de recepción de la propuesta por la parte
requerida o, en su caso, desde la fecha de terminación del proceso de negociación sin acuerdo,
para que pueda entenderse cumplido el requisito de procedibilidad. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya presentado la demanda, las partes deberán iniciar un nuevo proceso de negociación
para entender cumplido el requisito de procedibilidad.
3. Si se iniciara un proceso judicial con el mismo objeto que el de la previa actividad negocial
intentada sin acuerdo, los tribunales deberán tener en consideración la actitud de las partes
respecto a la solución amistosa y el eventual abuso del servicio público de Justicia al pronunciarse
sobre las costas y asimismo para la imposición de multas o sanciones previstas, todo ello en los
términos establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 5. Actuaciones desarrolladas por medios telemáticos.
1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de negociación en el marco
de un medio adecuado de solución de controversias, se lleven a cabo por medios telemáticos, por
videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede
garantizado el respeto a las normas previstas en este título y, en su caso, a la normativa de
desarrollo específicamente contemplada para la mediación.
2. Cuando el objeto de controversia sea una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros
se desarrollará preferentemente por medios telemáticos, salvo que el empleo de éstos no sea
posible para alguna de las partes.
Artículo 6. Confidencialidad.
1. El proceso de negociación y la documentación utilizada en el mismo son confidenciales, salvo la
información relativa a si las partes acudieron o no al intento de negociación previa y al objeto de la
controversia. La obligación de confidencialidad se extiende a las partes intervinientes y, en su caso,
al tercero neutral que intervenga, que quedará sujeto al deber y derecho de secreto profesional, de
32
modo que ninguno de ellos podrá revelar la información que hubieran podido obtener derivada del
proceso de negociación.
2. En particular, las partes intervinientes y el tercero neutral no podrán declarar o aportar
documentación derivada del proceso de negociación o relacionada con el mismo ni ser obligados
a ello en un procedimiento judicial o en un arbitraje, excepto:
a) Cuando todas las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente
o al tercero neutral del deber de confidencialidad.
b) Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y solicitud de exoneración
o moderación de las mismas según lo previsto en el artículo 245 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil.
c) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden
jurisdiccional penal.
En consecuencia, y salvo dichas excepciones, si se pretendiese por alguna de las partes la
aportación como prueba en el proceso de la información confidencial, no será admitida por los
tribunales por aplicación de lo dispuesto en el artículo 283.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos
en el ordenamiento jurídico.
Artículo 7. Acreditación del intento de negociación.
1. A los efectos de poder acreditar que se ha intentado una actividad negocial previa y que se ha
cumplido el requisito correlativo de procedibilidad, dicha actividad negocial deberá ser recogida
documentalmente.
2. Si no hubiera intervenido un tercero neutral, la acreditación podrá cumplirse mediante cualquier
documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la identidad de las mismas,
la fecha, el objeto de la controversia, y la determinación de la parte o partes que formularon
propuestas iniciales. En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier
documento que pruebe que la parte requerida ha recibido dicha propuesta y en qué fecha, y que
ha podido acceder a su contenido íntegro.
3. En el caso de que haya intervenido un tercero neutral gestionando la actividad negociadora, este
deberá expedir, a petición de cualquiera de las partes, un documento en el que deberá hacer
constar:
a) La identidad del tercero, su cualificación, colegio profesional o institución a la que pertenece.
33
b) La identidad de las partes.
c) El objeto de la controversia.
d) La fecha de la reunión o reuniones mantenidas.
e) La declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso, para
que surta efectos ante la autoridad judicial correspondiente.
En caso de que la parte requerida no hubiese comparecido o hubiese rehusado la invitación a
participar en la actividad negociadora, se consignará también la forma en la que se ha realizado la
citación efectiva, la justificación de haber sido realizada, y la fecha de recepción de la misma. Si
quien no compareciese fuese la parte que promovió la actividad negociadora se consignará tal
circunstancia.
Artículo 8. Honorarios de los profesionales que intervengan.
1. Cuando las partes acudan al proceso negociador asistidas por sus abogados habrán de abonar
los respectivos honorarios.
2. En el caso de que intervenga un tercero neutral, sus honorarios profesionales serán objeto de
acuerdo previo con las partes intervinientes. Si la parte requerida para participar en el proceso
negociador no acepta la intervención del tercero neutral designado unilateralmente por la parte
requirente, deberá ésta abonar íntegramente los honorarios devengados hasta ese momento por
el tercero neutral.
CAPÍTULO II
De los efectos de la actividad negocial
Artículo 9. Formalización del acuerdo.
1. En el documento que recoja el acuerdo se deberá hacer constar la identidad y el domicilio de las
partes y, en su caso, la identidad del tercero neutral que haya intervenido, el lugar y fecha en que
se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de
negociación ajustado a las previsiones de esta ley.
2. El acuerdo deberá firmarse por las partes o sus representantes y cada una de ellas tendrá
derecho a obtener una copia. Si interviene un tercero neutral éste entregará un ejemplar a cada
una de las partes y deberá reservarse otro ejemplar para su conservación.
3. Las partes podrán compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a escritura pública,
siendo los gastos notariales sufragados según lo acordado por ellas. En defecto de acuerdo sobre
la asunción de tales gastos, serán sufragados por la parte que solicite la elevación a escritura
34
pública, sin perjuicio de la repercusión que, en su caso, pudiera producirse en el proceso de
ejecución en materia de costas, según lo establecido en los artículos 241.6º y 539 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de derechos arancelarios que deben abonarse
para conformar un título ejecutivo.
Si hubiera intervenido un tercero neutral se acompañará al acuerdo copia de las actas de las
sesiones celebradas, sin que sea necesaria la presencia del tercero neutral en el acto de
otorgamiento de la escritura.
4. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo, el notario verificará el
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y que su contenido no es contrario a Derecho.
5. Cuando el acuerdo haya de ejecutarse en otro Estado, además de la elevación a escritura pública
será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios
internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.
6. Cuando así lo exija la Ley o el acuerdo se hubiere alcanzado en un proceso de negociación al
que se hubiera derivado por el tribunal en el seno del proceso judicial, las partes podrán solicitar
del tribunal su homologación.
Artículo 10. Validez y eficacia del acuerdo.
1. El acuerdo puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a
negociación. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo
presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo el acuerdo habrá de
ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda en los términos
previstos en el artículo anterior.
2. Contra lo convenido en el acuerdo sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que
invalidan los contratos.
CAPÍTULO III
De las diferentes modalidades de negociación previa a la vía jurisdiccional
Artículo 11. Objeto.
A los efectos de cumplir el requisito de procedibilidad para la iniciación de la vía jurisdiccional, las
partes podrán acudir a cualquiera de las modalidades de negociación previa reguladas en este
capítulo o a la mediación regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de medicación en asuntos civiles
y mercantiles. Asimismo, las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa
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o, en su caso, a través de sus abogados, así como mediante el empleo de otras modalidades
previstas en la legislación especial.
Artículo 12. Conciliación privada.
1. Toda persona física o jurídica que se proponga ejercitar las acciones legales que le
corresponden en defensa de un derecho que considere vulnerado, puede requerir a una persona
con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia de que se trate, para que
gestione una actividad negocial tendente a alcanzar un acuerdo conciliatorio con la parte a la que
se pretenda demandar.
2. Para intervenir como conciliador se precisa:
a) estar inscrito y en activo en uno de los colegios profesionales de la abogacía, procura, graduados
sociales, notariado, en el de registradores de la propiedad, así como en cualquier otro que esté
reconocido legalmente; o bien estar inscrito como mediador en los registros correspondientes o
pertenecer a instituciones de mediación debidamente homologadas, al objeto de que se garantice
su preparación técnica;
b) ser imparcial;
c) en el caso de que se trate de una sociedad profesional, deberá cumplir los requisitos establecidos
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y estar inscrita en el Registro de
Sociedades Profesionales del colegio profesional que corresponda a su domicilio.
3. El encargo profesional al conciliador puede realizarse por las dos partes de mutuo acuerdo o
solo por una de ellas. En el encargo se ha de expresar sucintamente, pero con la necesaria claridad,
el contenido de la discrepancia objeto de conciliación, así como la identidad y circunstancias de la
otra u otras partes. De la misma forma se procederá cuando sean las dos partes, de mutuo acuerdo,
las que soliciten la intervención de la persona que hayan convenido para la realización de tal
actividad. A efectos de comunicación entre el conciliador y las partes, se deberá indicar
específicamente el teléfono, el correo electrónico a efectos de citaciones, así como, en su caso, el
medio del que se dispone para la realización de los encuentros virtuales mediante
videoconferencia.
4. La persona conciliadora debe aceptar de forma expresamente documentada la responsabilidad
de la gestión leal, objetiva, neutral e imparcial del encargo recibido. Estará sujeta a las
responsabilidades que procedan por el ejercicio inadecuado de su función.
Artículo 13. Funciones de la persona conciliadora.
Las funciones específicas de la persona conciliadora son, esencialmente:
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a) presidir las reuniones de las partes, bien sea personalmente o por medio de instrumentos
telemáticos;
b) facilitar que las partes identifiquen y concreten el objeto de la controversia;
c) dar la palabra de forma ordenada a cada una de las partes;
d) solicitar de cada una de ellas las posibles propuestas de solución y que construyan un eficaz
acuerdo común;
e) formular directamente a las partes posibles soluciones;
f) en el caso de que exista acuerdo total o parcial, requerir a los abogados de las partes que
redacten los documentos que legalmente correspondan;
g) firmar en su calidad de conciliador el acuerdo junto con las partes y sus abogados;
h) en caso de desacuerdo, emitir una certificación acreditativa de que se ha intentado sin efecto la
conciliación;
i) si la parte requerida ha rehusado participar en el proceso conciliador, hacerlo constar en el
certificado que emita;
j) gestionar por sí mismo, o por las personas que le auxilien y le den soporte administrativo, la
recepción de la solicitud, la invitación a la otra parte, la citación para las reuniones presenciales o
virtuales que se precisen.
k) informar a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su
profesión, formación y experiencia; así como de las características de la conciliación, su coste, la
organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar.
Artículo 14. Oferta vinculante confidencial.
1. Cualquier persona que, con ánimo de dar solución a una controversia, formule una oferta
vinculante a la otra parte, queda obligada a cumplir la obligación que asume, una vez que la parte
a la que va dirigida la acepta. Dicha aceptación tendrá carácter irrevocable.
La forma de remisión tanto de la oferta como de la aceptación han de permitir dejar constancia de
la identidad del oferente, de su recepción efectiva por la otra parte y de la fecha en la que se
produce dicha recepción, así como de su contenido.
2. La oferta vinculante tendrá carácter confidencial en todo caso siéndole de aplicación lo dispuesto
en el artículo 6 de este Título.
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3. En el caso de que la oferta vinculante sea rechazada, o no sea aceptada expresamente por la
otra parte en el plazo de un mes, la parte requirente podrá ejercitar la acción que le corresponda
ante el tribunal competente, entendiendo que se ha cumplido el requisito de procedibilidad.
4. En los casos en los que la parte que formuló la oferta vinculante resultase condenada en costas,
cuando la oferta no hubiera sido aceptada por la otra parte y la resolución judicial que ponga término
al procedimiento sea sustancialmente similar al contenido de dicha oferta podrá, iniciado el trámite
de tasación de costas, solicitar la exoneración de su pago o la moderación de su cuantía,
presentando para ello la documentación íntegra relacionada con la oferta y tramitándose esta
petición de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 15. Opinión de experto independiente.
1. Las partes, con objeto de resolver una controversia, podrán designar de mutuo acuerdo a un
experto independiente para que emita una opinión no vinculante respecto a la materia objeto de
conflicto. Las partes estarán obligadas a entregar al experto toda la información y pruebas de que
dispongan sobre el objeto controvertido.
2. El dictamen podrá versar sobre cuestiones jurídicas o sobre cualquier otro aspecto técnico
relacionado con la capacitación profesional del experto. Dicho dictamen, ya se emita antes de
iniciarse un proceso judicial o durante la tramitación del mismo, tendrá carácter confidencial con
los efectos previstos en el artículo 6 de este Título.
3. En el caso de que las conclusiones del dictamen fuesen aceptadas por todas las partes, el
acuerdo se consignará en los términos previstos en el artículo 9 de este Título y tendrá los efectos
previstos en su artículo 10.
4. En los casos en los que no se haya aceptado el dictamen por alguna de las partes o por ninguna
de ellas, es, el experto designado extenderá a cada una de las partes una certificación de que se
ha intentado llegar a un acuerdo por esta vía a los efectos de tener por cumplido el requisito de
procedibilidad.
TÍTULO II
Modificación de leyes procesales
Artículo 16. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada mediante el Real Decreto
de 14 de septiembre de 1882.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:
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«Artículo 512.
Si el presunto reo no fuere habido en su domicilio y se ignorase su paradero, el Juez acordará que
sea buscado por requisitorias que se enviarán a los Jueces de Instrucción en cuyo territorio hubiese
motivo para sospechar que aquél se halle, expidiéndose por el Letrado de la Administración de
Justicia los oficios oportunos; y en todo caso se publicarán aquéllas en el Tablón Edictal Judicial
Único.»
Dos. Se modifica el artículo 514, que queda redactado como sigue:
«Artículo 514.
La requisitoria original y el justificante de los edictos publicados se unirán a la causa.»
Tres. Se modifica el artículo 643, que queda redactado como sigue:
«Artículo 643.
Cuando en el caso a que se refiere el artículo anterior fuere desconocido el paradero de los
interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos que se publicarán en el
Tablón Edictal Judicial Único.
Transcurrido el término de emplazamiento sin comparecer los interesados, se procederá como
previene el artículo anterior.»
Cuatro. Se modifica el artículo 655, que queda redactado como sigue:
«Artículo 655.
Al evacuar la representación del procesado el traslado de calificación de las partes acusadoras,
podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si
hubiere más de una, y con la pena que se le pida; expresándose además por la asistencia letrada
si, esto, no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio. Cuando la pena pactada sea
superior a cinco años de prisión, se acompañará a la calificación una justificación de la existencia
de indicios racionales de criminalidad distintos al mero reconocimiento de hechos por parte de la
persona investigada.
Si no la conceptúa necesaria, el Tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites
la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena
mayor que la solicitada.
Si ésta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el Tribunal la
continuación del juicio.
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También continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren igual
conformidad.
Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil, se
limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad.»
Cinco. Se modifica el artículo 688, que queda redactado como sigue:
«Artículo 688.
En el día señalado para dar principio a las sesiones, el Letrado de la Administración de Justicia
velará por que se encuentren en el local del Tribunal las piezas de convicción que se hubieren
recogido, y el Presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión.
Preguntará el Presidente a cada uno de los acusados si se confiesa reo del delito que se le haya
imputado en el escrito de calificación y responsable civilmente a la restitución de la cosa o al pago
de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de daños y perjuicios.»
Seis. Se modifica el artículo 776, que queda redactado como sigue:
«Artículo 776.
1. El Letrado de la Administración de Justicia informará al ofendido y al perjudicado de sus
derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110, cuando previamente no lo hubiera
hecho la Policía Judicial. En particular, se instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que
prevé la legislación vigente y de los derechos mencionados en la regla 1.ª del artículo 771.
Cuando la Policía Judicial hubiera efectuado esta información, el Letrado de la Administración de
Justicia se limitará a notificar al ofendido o al perjudicado el número del procedimiento a que
hubiera dado lugar y el juzgado que lo tramita, sin que sea precisa su comparecencia en el Juzgado
de Instrucción para realizar un nuevo ofrecimiento de acciones.
2. La imposibilidad de practicar esta información por la Policía Judicial o por el Letrado de la
Administración de Justicia en comparecencia no impedirá la continuación del procedimiento, sin
perjuicio de que se proceda a realizarla por el medio más rápido posible, incluidos los medios del
artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando se trate de personas
obligadas a su utilización o que hubieran optado por estos.
3. Los que se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la
práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga, acordando el Juez lo procedente en orden
a la práctica de estas diligencias.»
Siete. Se modifica el artículo 785, que queda redactado como sigue:
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«Artículo 785.
1. En cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del órgano competente para el
enjuiciamiento, el Tribunal convocará al Fiscal y a las partes a una comparecencia en la que podrán
exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún
derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión
de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las
pruebas propuestas.
Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. Y
asimismo podrá proponerse la práctica de otras pruebas de que las partes no hubieran tenido
conocimiento en el momento de formular el escrito de conclusiones provisionales.
2. La celebración de la comparecencia requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del
abogado defensor. La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente,
o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión de
la comparecencia en las causas en las que la pena más grave solicitada no exceda de dos años
de privación de libertad si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora,
así lo estimare.
3. El Juez o Tribunal examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere
pertinentes y rechazando las demás, prevendrá lo necesario para la práctica de la prueba
anticipada y resolverá sobre el resto de cuestiones planteadas de forma oral, salvo que, por la
complejidad de las cuestiones planteadas, hubiera de serlo por escrito, en cuyo caso el auto habrá
de ser dictado en el plazo de 10 días.
Contra la resolución adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de
que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia, salvo que
dicha resolución ponga fin al procedimiento, en cuyo caso será susceptible de recurso de apelación,
en el plazo y con las formalidades prevenidas en los artículos 790 y siguientes.
4. En la misma comparecencia, las partes podrán pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar
sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o
con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener
calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. El Juez o Tribunal dictará sentencia
de conformidad con la pena manifestada por la defensa y el acusado, si concurren los requisitos
establecidos en los apartados siguientes. Cuando la pena pactada sea superior a cinco años de
prisión, se acompañará a la solicitud una justificación de la existencia de indicios racionales de
criminalidad distintos al mero reconocimiento de los hechos por parte de la persona investigada.
El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima o perjudicado, aunque no estén personados en la
causa, siempre que hubiera sido posible y se estime necesario para ponderar correctamente los
efectos y el alcance de tal conformidad, y en todo caso cuando la gravedad o trascendencia del
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hecho o la intensidad o la cuantía sean especialmente significativos, así como en todos los
supuestos en que víctimas o perjudicados se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
5. Si, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal
entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha
calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al
acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus
consecuencias.
6. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere
que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de
acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida
modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena
solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal
dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la continuación del juicio.
7. Una vez que la defensa del acusado manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal
informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si
presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado
libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.
8. No vinculan al Juez o Tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en
los casos de limitación de la responsabilidad penal.
9. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el
apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido
el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la
firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión de
la pena impuesta. También resolverá el juez sobre los aplazamientos de las responsabilidades
pecuniarias y se realizarán, en cuanto fuera posible, los requerimientos y liquidaciones de condena
de las penas impuestas en la sentencia.
Para el caso de que la conformidad se hubiera alcanzado solo por alguno o algunos de los
acusados, se dictará sentencia respecto de ellos, continuándose el procedimiento en relación con
el resto de los acusados.
10. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los
requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo
su conformidad libremente prestada.
11. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante
especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se
sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con
42
independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el
juicio que se celebre en relación con éstos.»
Ocho. Se modifica el artículo 786, que queda redactado como sigue:
«Artículo 786.
1. Si no hubiera conformidad de las partes, una vez que el Juez o Tribunal hubiera resuelto de
forma oral conforme al apartado primero del artículo anterior, en el mismo acto el Letrado de la
Administración de Justicia establecerá el día y la hora en que deban comenzar las sesiones del
juicio oral, con sujeción a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. Las partes, sus letrados y el Ministerio Fiscal deberán manifestar la
coincidencia con otros señalamientos u otros motivos que pudieran impedir la celebración de juicio
en la fecha señalada.
En el caso de que el Juez o Tribunal no hubiera resuelto oralmente, el señalamiento deberá ser
efectuado por el Letrado de la Administración de Justicia inmediatamente después de que sea
dictado el auto a que se refiere el apartado primero del artículo anterior.
2. Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones que fijen los Presidentes de
Sala o Sección, con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento, tendrán asimismo en cuenta:
1.º La prisión del acusado.
2.º El aseguramiento de su presencia a disposición judicial.
3.º Las demás medidas cautelares personales adoptadas.
4.º La prioridad de otras causas.
5.º La complejidad de la prueba propuesta o cualquier circunstancia modificativa, según hayan
podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
3. Cuando la víctima lo haya solicitado, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el
Letrado de la Administración de Justicia deberá informarle, por escrito y sin retrasos innecesarios,
de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación dirigida contra el
infractor.»
Nueve. Se modifica el artículo 787, que queda redactado como sigue:
«Artículo 787.
1. La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado
defensor. No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer sin motivo
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legítimo, apreciado por el Juez o Tribunal, podrá éste acordar, oídas las partes, la continuación del
juicio para los restantes.
La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o
en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez
o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que
existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que la pena más grave solicitada no exceda de dos años de privación de libertad, que no exceda
de seis años si se trata de pena de distinta naturaleza o que se trate de pena de multa cualquiera
que sea su cuantía o duración.
b) Que, en todo caso, tratándose de penas privativas de libertad, la suma total de las penas
solicitadas no exceda de cinco años.
La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí misma
causa de suspensión del juicio.
2. El juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa.
3. Al inicio de las sesiones del juicio, únicamente podrá solicitarse la incorporación de informes,
certificaciones y otros documentos, así como la práctica de otras pruebas de que las partes no
hubieran tenido conocimiento al momento de celebrar la comparecencia prevista en el artículo
785.»
Diez. Se modifica el artículo 802, que queda redactado como sigue:
«Artículo 802
1. El juicio oral se desarrollará en los términos previstos para el enjuiciamiento del procedimiento
abreviado, salvo en lo que se refiere a la comparecencia previa del artículo 785 de esta ley.
2. En el caso de que, por motivo justo valorado por el Juez, no pueda celebrarse el juicio oral en el
día señalado, o de que no pueda concluirse en un solo acto, señalará fecha para su celebración o
continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los quince siguientes, teniendo
en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias
contenidas en el artículo 182.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y artículo
786 de la presente ley, lo que se hará saber a los interesados.
3. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, en los
términos previstos por el artículo 789.»
Once. Se añade el artículo 988 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 988 bis.
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1. El juez o tribunal dará traslado del auto de incoación de la ejecutoria a la representación de cada
uno de los condenados a los efectos de que, en el plazo de diez días, se pronuncien en un mismo
escrito sobre las siguientes circunstancias:
a) Cuando hubieran sido impuestas penas privativas de libertad susceptibles de ser suspendidas
conforme al artículo 80 del Código Penal, y la sentencia no se hubiera pronunciado acerca de su
suspensión, sobre la modalidad o modalidades de suspensión de las penas que solicite, aportando
al efecto los informes o la documentación en que fundamenten su solicitud.
b) Para el caso de haber sido impuestas responsabilidades pecuniarias, sobre la forma en que
solicite su cumplimiento y, en concreto, si solicita su aplazamiento y en qué términos, o el plazo
máximo que pida para su cumplimiento.
c) Cualquier otra solicitud relativa a la ejecución de los pronunciamientos de la sentencia.
2. Presentado escrito en los términos del apartado anterior, el juez o tribunal realizará las
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de la suspensión
solicitada y del resto de peticiones realizadas, con cuyo resultado dará traslado de la solicitud
efectuada al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas para que, en el plazo común
de diez días, formulen alegaciones. A continuación, el juez o tribunal resolverá mediante auto, que
será dictado en el plazo de diez días.
3. La tramitación descrita en los apartados anteriores de este artículo podrá ser sustituida, a criterio
del juez o tribunal, por una vista que habrá de celebrarse en el plazo de diez días y para la que
deberá citarse a todas las partes.
Celebrada la vista, el juez o tribunal resolverá en el acto o, de no ser posible, en los tres días
siguientes, todas las cuestiones planteadas.
4. El Letrado de la Administración de Justicia citará al condenado a una comparecencia en la que
le requerirá de cumplimiento de las penas que le hubieran sido impuestas y le notificará, si
procediera, las liquidaciones de condena.
De dichas liquidaciones se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, que podrán impugnarlas
en el plazo de dos días. Transcurrido el plazo sin impugnación, se entenderán definitivamente
aprobadas.
Si fueran impugnadas por alguna de las partes, se dará traslado al resto para que efectúen
alegaciones en el plazo de dos días, debiendo resolver el juez o tribunal mediante auto, que será
dictado en el plazo de dos días. Una vez firme éste, si corrigiere la liquidación de condena será
notificado personalmente al condenado.»
Doce. Se añade una disposición adicional octava con la siguiente redacción:
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«Disposición adicional octava. Actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia en
el orden jurisdiccional penal.
1. La realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia se regirá en el
orden jurisdiccional penal por lo dispuesto en el artículo 137 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será necesaria la presencia física del acusado
en los juicios por delito grave.
También se requerirá la presencia física del investigado o acusado, a petición propia o de su
defensa letrada, en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
cuando cualquiera de las acusaciones interese su prisión provisional o en los juicios cuando alguna
de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, salvo que concurran causas
justificadas o de fuerza mayor que lo impidan.
Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado, será también necesaria la
presencia física de su defensa letrada.
Artículo 17. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, queda
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, si la nueva demanda que se formule ante el
juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la referida resolución se presenta
en el plazo de un mes desde que fuera notificada, se entenderá presentada en la fecha en que se
inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si se hubiere formulado éste
siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa. Al objeto de acreditar
tales extremos la parte interesada podrá solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano
judicial que haya dictado la resolución a que se refiere el apartado anterior.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado como sigue:
«3. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la
sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente
para que ante él siga el curso del proceso, con emplazamiento a las partes para que en el plazo
de diez días comparezcan ante el mismo. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal
superior en grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.»
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Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus
derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación
de empleados públicos inamovibles.
En este caso, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes
en los términos establecidos en la letra e) del apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tanto para la
remisión de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, como para la recepción de
notificaciones, de forma tal que esté garantizada su autenticidad y quede constancia fehaciente de
la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 36, que queda redactado como sigue:
«2. De esta petición, que producirá la suspensión del curso del procedimiento, el Letrado de la
Administración de Justicia dará traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo
común de cinco días. No obstante lo anterior, se mantendrán los señalamientos ya acordados,
siempre que la decisión sobre la ampliación se produzca antes de la celebración de aquellos actos
y no interfiera en los derechos de las partes ni en el interés de terceros.»
Cinco. Se modifican los apartados 1, 4, 5 y 7 del artículo 48, que quedan redactados como sigue:
«1. El Letrado de la Administración de Justicia, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo
anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración
que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos
previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto
impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho.
4. El expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado
de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.
Si el expediente fuera reclamado por varios Juzgados o Tribunales, la Administración enviará
copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos anteriormente
expresados. Al remitir el expediente la Administración deberá identificar el órgano responsable del
cumplimiento de la resolución judicial.
5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podrá
recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se remitirá en soporte
electrónico. Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia lo entregará a las
partes por cinco días para que formulen alegaciones.
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la
reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3,
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tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Letrado de la Administración de
Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá
una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable.
La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.
De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado
responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se
repercuta contra el responsable.»
Seis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 49, que quedan redactados como sigue:
«3. Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de
las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos,
comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere
que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar
la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el
Letrado de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el Tablón
Edictal Judicial Único. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que
hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 52, que queda redactado como sigue:
«1. Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el Juzgado o Tribunal y
comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Letrado de la Administración
de Justicia se acordará su incorporación a los autos en ese mismo soporte y su entrega al
recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno
de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que
proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección,
la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las partes
se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así
se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 54, que queda redactado como sigue:
«3. La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de
hacerlo, además de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma
dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En todos los casos la
entrega del expediente se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar
la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente
judicial.»
Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 55, que queda redactado como sigue:
48
«1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar,
dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes
para completarlo. A estos efectos se entenderá que el expediente administrativo está integrado por
los documentos y demás actuaciones que lo conforman según lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los documentos o elementos de prueba que formen parte de un expediente
administrativo distinto no podrán solicitarse a través del trámite previsto en el presente artículo.»
Diez. Se modifica el apartado 4 del artículo 59, que queda redactado como sigue:
«4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso. Si se
hubiere declarado la falta de jurisdicción o de competencia, se estará a lo que determinan los
artículos 5.3 y 7.3.»
Once. Se modifican los apartados 3 y 8 del artículo 74, que queda redactado como sigue:
«3. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, y en los supuestos
de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo común de cinco días Si prestaren su conformidad
al desistimiento o no se opusieren a él, dictará decreto en el que declarará terminado el
procedimiento, ordenando el archivo de los autos.
8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el Letrado de la Administración de Justicia sin
más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos
y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 76, que queda redactado como sigue:
«2. El Letrado de la Administración de Justicia mandará oír a las partes por plazo común de cinco
días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará
terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringiera
manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a
Derecho.»
Trece. Se modifican los apartados 3, 4, 18, 20 y 22 del artículo 78, que queda redactado como
sigue:
«3. Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia, apreciada la jurisdicción y
competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que
resuelva lo que proceda.
Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará su traslado al
demandado, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y
requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte
electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. En el
49
señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de
recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado
de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el
apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. Las partes demandadas podrán,
dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebración de
la vista. En dicho caso el Letrado de la Administración de Justicia citará a las partes al acto
conforme a lo previsto en el párrafo anterior. En caso contrario, el Letrado de la Administración de
Justicia procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito sin
más trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le
atribuye el artículo 61.
4. Recibido el expediente administrativo, el Letrado de la Administración de Justicia lo entregará al
actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto
de la vista.
18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe
por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el Letrado de la
Administración de Justicia competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificación, el lugar,
día y hora en que deba reanudarse.
20. El Juez dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista. No obstante,
la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los requisitos de forma y
consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil.
22. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar deberán
consignarse en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de
celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que
adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en
aquel soporte. A esta acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.
Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Letrado de la
Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar:
a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y
defensores que las asisten.
b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas,
declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta, en su
caso.
50
c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:
1.º Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical.
2.º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan
identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación.
3.º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
4.º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del Juez en
torno a las propuestas de recusación de los peritos.
5.º Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.
d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de
condena a cantidad, ésta deberá recogerse en el acta.
e) Declaración hecha por el Juez de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para
sentencia.
Las actas previstas en este apartado se extenderán por procedimientos informáticos, sin que
puedan ser manuscritas más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la
actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Letrado de la
Administración de Justicia leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes
reclamen, si las estima procedentes. Esta acta se firmará por el Letrado de la Administración de
Justicia tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su
caso.»
Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
«3. En los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo las partes podrán pedir el
recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido
debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables.»
Quince. Se modifica el apartado 5 del artículo 89, que queda redactado como sigue:
«5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que
se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación,
ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de quince días
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta
de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión
sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que
unirá al oficio de remisión.»
51
Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 90, que queda redactado como sigue:
«1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá
acordar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes
personadas por plazo común de veinte días acerca de si el recurso presenta interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 2 del artículo 102 bis, que queda redactado como sigue:
«2. Cabrá recurso de revisión ante el Juez o Tribunal contra el decreto resolutivo de la reposición
y recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan
su continuación. Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos sin que, en ningún caso,
proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en
que expresamente se prevea.»
Dieciocho. Se modifica la rúbrica del Capítulo IV del Título IV, que queda redactada como sigue:
«CAPITULO IV
Ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos»
Diecinueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 103, que queda redactado como sigue:
«1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos adoptados en el proceso
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio
compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.»
Veinte. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 116, que quedan redactados como sigue:
«1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el Letrado de la Administración
de Justicia requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando
copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a contar desde la
recepción del requerimiento remita el expediente administrativo en soporte electrónico,
acompañado de los informes y datos que estime procedentes, que también se enviarán en soporte
electrónico, y con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 48.
5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el
plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, el Letrado de la Administración de Justicia lo
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entregará a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer alegaciones, y
sin alteración del curso del procedimiento.»
Veintiuno. Se modifica el artículo 119, que queda redactado como sigue:
«Artículo 119.
Formalizada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma,
con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que
presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los
documentos que estimen oportunos.»
Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 122, que queda redactado como sigue:
«2. El Letrado de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, y haciendo
entrega del expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la
Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como
representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oirá a todos los
personados y resolverá sin ulterior recurso.
En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán aplicables las
disposiciones contenidas en el artículo 63.»
Veintisiete. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 127, que quedan redactados como sigue:
«3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Letrado de la Administración de
Justicia requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez
días remita el expediente administrativo en soporte electrónico, alegue lo que estime conveniente
en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación
la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el
plazo de diez días.
4. Recibido el expediente administrativo, el Letrado de la Administración de Justicia lo entregará
junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para la
celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los diez días de la entrega del expediente.»
Artículo 18. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, quedando redactado como sigue:
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«1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir
del juicio, allanarse, someterse a mediación, cualquier otro medio adecuado de solución de
controversias o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo
prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.
Estos actos de disposición de los litigantes no podrán realizarse una vez señalado día para la
deliberación, votación y fallo del recurso de casación.»
Dos. Se modifica el artículo 24, que queda redactado como sigue:
«Artículo 24. Apoderamiento del procurador.
1. El poder en que la parte otorgue su representación al procurador se podrá conferir en alguna de
las siguientes formas:
a) Por comparecencia electrónica, a través de una sede judicial electrónica, en el registro
electrónico de apoderamientos judiciales apud acta.
b) Ante notario o por comparecencia personal ante el Letrado de la Administración de Justicia de
cualquier oficina judicial. En estos casos, se procederá a la inscripción en el registro electrónico de
apoderamientos judiciales dependiente del Ministerio de Justicia.
2. El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al
mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación,
sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. Este apoderamiento podrá
acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos
judiciales o por referencia al número asignado por el sistema.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 25, que queda redactado como sigue:
«2. Será necesario poder especial:
1.º Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje, a
mediación o a cualquier otro medio adecuado de solución de controversias, y las manifestaciones
que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia
sobrevenida de objeto.
2.º Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a
lo dispuesto en el apartado anterior.
3.º En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.»
Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 32, que queda redactado como sigue:
54
«5. Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en
costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los
derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la
conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en
lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones
a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. También se excluirán, en todo caso, los
derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter
meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas judiciales.
En el caso en el que, pese a no ser preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, el
consumidor opte por valerse de estos profesionales para interponer demanda tras haber formulado
una reclamación extrajudicial previa, en la tasación de costas se incluirá la cuenta del procurador
y la minuta del abogado, en este último caso sin el límite establecido en el artículo 394.3 de esta
ley.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado como sigue:
«2. Presentada la cuenta y admitida por el Letrado de la Administración de Justicia, éste requerirá
al poderdante para que pague dicha suma o impugne la cuenta por ser indebida, en el plazo de
diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.
Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el Letrado de la Administración de Justicia
dará traslado al procurador por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. A
continuación, el Letrado de la Administración de Justicia examinará la cuenta y las actuaciones
procesales, así como la documentación aportada, y dictará, en el plazo de diez días, decreto
determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio
si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación, y contra el que cabrá
interponer recurso directo de revisión.
Este decreto y el auto que resuelva el recurso de revisión no prejuzgarán, ni siquiera parcialmente,
la sentencia que pudiera recaer en juicio declarativo posterior.»
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«2. Presentada esta reclamación, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor
para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de
apremio si no pagare ni formulare impugnación.
Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto
en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el Letrado de la Administración de Justicia dará
traslado al abogado por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara
la reducción de honorarios que se le reclama, el Letrado de la Administración de Justicia procederá
55
previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el
abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y
dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro
de los cinco días siguientes a la notificación, y contra el que cabrá interponer recurso directo de
revisión.
Este decreto y el auto que resuelva el recurso de revisión no prejuzgarán, ni siquiera parcialmente,
la sentencia que pudiera recaer en juicio declarativo posterior.»
Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 41, que queda redactado como sigue:
«2. Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autos
dictados en apelación acordando o confirmando la suspensión no habrá recurso alguno.»
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 48, que queda redactado como sigue:
«2. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso de
casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia
objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar
sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda.»
Nueve. Se modifica el número 14.º del apartado 1 del artículo 52, que queda redactado como sigue:
«14.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al
contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación o para pedir la
extensión de efectos de sentencias condenatorias en esta materia, será competente el tribunal del
domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones
declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el
demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado
careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.»
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 67, que queda redactado como sigue:
«2. En los recursos de apelación y de casación sólo se admitirán alegaciones de falta de
competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicación normas
imperativas.»
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 73, que queda redactado como sigue:
«1. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso:
1.º Que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por
razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin
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embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que,
por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal.
2.º Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de
diferente tipo. No obstante, cabrá la acumulación de la acción para instar la liquidación del régimen
económico matrimonial y la acción de división de la herencia en el caso de que la disolución del
régimen económico matrimonial se haya producido como consecuencia del fallecimiento de uno o
ambos cónyuges y haya identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro
procedimiento. En caso de que se acumulen ambas acciones se sustanciarán por el procedimiento
de división judicial de la herencia.
3.º Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones
en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir.»
Doce. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 77 y el actual apartado 4 pasa a ser el apartado 5,
quedando con la siguiente redacción:
«4. Podrán acumularse los procedimientos de división judicial de patrimonios cuando se trate de
acumular al procedimiento de división judicial de la herencia el procedimiento de liquidación de
régimen económico matrimonial promovido cuando uno o ambos cónyuges hubieran fallecido.
5. Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que éstos se encuentren en
primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433
de esta ley.»
Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
«2. El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la hubiera promovido al pago
de las costas del incidente si hubiere actuado con temeridad o mala fe.»
Catorce. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 129, que
queda redactado como sigue:
«2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del
tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda, mediante videoconferencia
siempre que sea posible y, en otro caso, mediante auxilio judicial.
4. Las actuaciones judiciales también se podrán realizar a través de videoconferencia, en los
términos establecidos en el artículo 229 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.»
Quince. Se añade un nuevo artículo 137 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 137 bis. Realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia.
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1. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en la forma
establecida en el artículo 147 de esta ley.
2. Los profesionales, así como la partes, peritos y testigos que deban intervenir en cualquier
actuación por videoconferencia lo harán desde la Oficina judicial correspondiente al partido judicial
de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios adecuados, dicha intervención
también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su domicilio o de su lugar de trabajo.
3. Cuando el juez, en atención a las circunstancias concurrentes, lo estime oportuno, estas
intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que
permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se determine
reglamentariamente.
En todo caso, cuando el declarante sea menor o persona sobre la que verse un procedimiento de
modificación o ayudas a su capacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer
desde una oficina judicial o juzgado de paz, en los términos del apartado 2.
Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, y víctimas menores
de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo
oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o desde cualquier otro lugar si así lo
estima oportuno el juez, siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad
y las adecuadas condiciones de la intervención conforme a lo que se determine
reglamentariamente.
4. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo
caso, en plazo máximo de 3 días desde la notificación de la citación o señalamiento
correspondiente.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 152, que queda redactado como sigue:
«2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos:
a) Cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas
telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273 de
esta ley.
b) Cuando, no estando comprendidos en el supuesto anterior, los intervinientes se hayan obligado
contractualmente a hacer uso de los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia
para resolver los litigios que se deriven de esa relación jurídica concreta que les vincula, debiendo
indicar los medios de los que pretender valerse. En los contratos de adhesión en los que
intervengan consumidores y usuarios, además de practicarse el acto de comunicación por medio
electrónico, se realizará conforme a lo dispuesto en la forma indicada por la regla 2ª del apartado
3 de este artículo, siendo esta última forma la que tendrá validez a efectos de cómputo de plazos.
58
c) Cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios.
En los casos previstos en este apartado 2, la notificación se realizará de conformidad con las
disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en la Administración de Justicia.
Los actos de comunicación que deban practicarse por medios electrónicos, cuando vayan
acompañados de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
deberán practicarse por este medio, pero indicando la forma por la que se va a hacer entrega de
dichos elementos. Si este acto de comunicación diese lugar a la apertura de un plazo procesal,
este comenzará a computar desde el momento en que consten recibidos por el destinatario todos
los elementos que componen el acto.
El destinatario deberá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una
dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un
acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia
de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente
válida.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 155, que queda redactado como sigue:
«Artículo 155. Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por
procurador. Domicilio.
1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento
o citación al demandado que no venga obligado, legal o contractualmente, a relacionarse
electrónicamente con la Administración de Justicia conforme al artículo 273.3, los actos de
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento
o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.
2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o
solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designará, como domicilio del
demandado a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a
que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares
como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la
comunicación.
Asimismo, el demandante deberá indicar, además de los requisitos establecidos en el artículo 399
de esta ley, cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización
de éste, como número de identificación fiscal o de extranjeros, números de teléfono, de fax,
dirección de correo electrónico o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia. El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para
59
sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto, o uno de los medios de comunicación electrónica
de los previstos en el artículo 162 de esta ley.
3. Cuando la notificación no se realice de forma electrónica, podrá designarse como domicilio el
que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que
aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare,
respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que
deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos
efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional. Cuando en la
demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del
artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de
arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a
todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
Si la demanda se dirigiese a una de las personas obligadas legal o contractualmente a relacionarse
electrónicamente con la Administración de Justicia se realizará la notificación por los medios
electrónicos del artículo 162 de esta ley.
Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de
cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o
presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro
oficial.
4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en
cualquiera de los lugares o por los medios previstos en el apartado anterior, que se hayan
designado como domicilios o como medios electrónicos de comunicación, surtirán plenos efectos
en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su
recepción por el destinatario.
No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o
intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la
recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158. Cuando se trate de personas
obligadas al empleo de sistemas telemáticos y hubieran transcurrido tres días sin que el
destinatario retire la notificación, se procederá conforme al apartado 4 del artículo 160 de esta ley;
acreditada la recepción del aviso sin que el destinatario acceda a su contenido, o cuando esta
acreditación no fuera posible, se procederá a la publicación en el Tablón Edictal Único.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán
inmediatamente a la Oficina judicial.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección de
correo electrónico o similares, o cualquier otro dato identificativo que altere la práctica de las
notificaciones realizadas en virtud del artículo 162 de esta ley, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la Oficina judicial.»
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Dieciocho. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 160, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 160. Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes.
1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o
telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los
autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de
su contenido, el Letrado de la Administración de Justicia dará fe en los autos de la remisión y del
contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del
cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo
acredite, de haber procedido éste a la comunicación.
2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de
manera simultánea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del artículo 155.
3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no
se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención
personal en las actuaciones, podrá remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el
apartado 1, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos
de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito.
La cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del
emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si
el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha
la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.
4. Cuando se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración
de Justicia, podrá remitirse al destinatario, por cualquier medio de los previstos en el apartado 1,
cédula con el aviso de la puesta a disposición electrónica efectuada al amparo del artículo 162 de
esta ley.
Este aviso, al que se acompañará cualquier otro documento imprescindible para hacer efectiva la
notificación, contendrá instrucciones adecuadas para efectuar el acceso al sistema de notificación
de que se trate, así como el apercibimiento de que, constando la correcta remisión conforme a lo
establecido en el párrafo anterior, si transcurrieran cinco días sin que el destinatario acceda a la
notificación, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente, desplegando
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique que no pudo acceder al
sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas
y éstas persistiesen en el momento de ponerse en conocimiento de la Administración de Justicia,
el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En este
supuesto, no obstante, en el caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo, pero antes de
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efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación
en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de la recepción electrónica.
Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, los órganos
de la Administración de Justicia enviarán un aviso al dispositivo electrónico, a la dirección de correo
electrónico del interesado que éste haya comunicado o a ambos, informándole de la puesta a
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo
correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.»
Diecinueve. Se modifica el artículo 162, que queda redactado como sigue:
«Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.
1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén
obligados, legal o contractualmente, a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos
y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su
contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que
se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se
efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los
mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes
indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.
Asimismo, se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los
medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales
obligados a su utilización.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta
remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de
los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres
días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido
efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique que no pudo acceder al
sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas
y éstas persistiesen en el momento de ponerse en conocimiento de la Administración de Justicia,
el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En este
supuesto, no obstante, en el caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de
efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación
en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su la recepción electrónica.
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No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días
del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.
3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o
transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o
verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser
presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma
prevista en los artículos 267 y 268 de esta ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el
tribunal en los procesos de familia, capacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen,
habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a
tal efecto se señale.»
Veinte. Se modifica el artículo 164, que queda redactado como sigue:
«Artículo 164. Comunicación edictal.
Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere
conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni
efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos
anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el
Letrado de la Administración de Justicia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga
la comunicación, a través del Tablón Edictal Judicial Único, salvaguardando en todo caso los
derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse
afectados por la publicidad de los mismos.
En todo caso en la comunicación o publicación a que se refieren los párrafos anteriores, en atención
al superior interés de los menores y para preservar su intimidad, deberán omitirse los datos
personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o
indirectamente pudiera permitir su identificación.
En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades
debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas
rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al
arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni
hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al
arrendador, al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a realizar la
comunicación a través del Tablón Edictal Judicial Único.»
Veintiuno. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 169, que quedan redactados como sigue:
«2. Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la
circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial,
cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede esta
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ley de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas y no sea posible su práctica por
videoconferencia.
4. El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se
realizará en la sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, salvo
que el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial
correspondiente, en cuyo caso se realizarán en la forma prevista en el artículo 137 bis de esta ley.
5. Sólo cuando a juicio del Juez no sea conveniente realizarlas por videoconferencia y por razón
de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o
del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa
la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal, se podrá solicitar el
auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en los párrafos anteriores.»
Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 188, artículo que queda redactado como sigue:
«1. La celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse, en los siguientes
supuestos:
1.º Por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior.
2.º Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por indisposición
sobrevenida del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia, si no pudiere ser sustituido.
3.º Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Letrado de la
Administración de Justicia.
4.º Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio
o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del Letrado de la
Administración de Justicia, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo
señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.
5.º Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del
abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del Letrado de
la Administración de Justicia, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera
posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se
garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.
Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos, otras
situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el
que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad
Social.
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6.º Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos
Tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a ambos, siempre que acredite
suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que
evitara la coincidencia.
En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso y, en defecto de esta
actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha,
se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno.
No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para que aquélla se
acuerde se produce con más de tres días de retraso desde la notificación del señalamiento que se
reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia de la
notificación del citado señalamiento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal con
preso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
7.º Por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal
suspensión de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.
8.º Por imposibilidad técnica en los casos que, habiéndose acordado la celebración de la vista o la
asistencia de algún interviniente por medio de videoconferencia, no se pudiese realizar la misma
en las condiciones necesarias para el buen desarrollo de la vista.»
Veintitrés. Se modifica apartado 1 del artículo 206, apartado que queda redactado como sigue:
«1. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y
Tribunales.
En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese la clase de resolución judicial que haya
de emplearse, se observarán las siguientes reglas:
1.ª Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran
una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera
expresamente la forma de auto.
2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se
resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones,
admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación
y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.
También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales,
anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley
tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del Tribunal, así como las
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que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación
ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por
decreto.
3.ª Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que
haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante
sentencia los recursos de casación y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.»
Veinticuatro. Se modifica la rúbrica del artículo 208, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 208. Forma de las resoluciones escritas.»
Veinticinco. Se modifica el artículo 209, que queda redactado como sigue:
«Artículo 209. Reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias escritas.
Las sentencias dictadas por escrito habrán de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior y se
sujetarán, además, a las siguientes reglas:
1.ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario,
la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los
abogados y procuradores y el objeto del juicio.
2.ª En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en
párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que
las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que
hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados,
en su caso.
3.ª En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos
de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas,
dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta
de las normas jurídicas aplicables al caso.
4.ª El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados,
los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o
desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos
jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la
cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la
sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta ley.»
Veintiséis. Se modifica el artículo 210, que queda redactado como sigue:
«Artículo 210. Resoluciones orales.
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1. Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones distintas de sentencia que
deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o Letrado
de la Administración de Justicia se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose
éste con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.
2. Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el proceso
estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaren su decisión de
no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución.
Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución
debidamente redactada.
3. Salvo en los procedimientos en los que no intervenga abogado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31.2, podrán dictarse sentencias oralmente en el ámbito del juicio verbal, haciéndose
expresión de las pretensiones de las partes, las pruebas propuestas y practicadas y, en su caso,
de los hechos probados a resultas de las mismas, haciendo constar las razones y fundamentos
legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al
caso. El fallo se ajustará a las previsiones de la regla cuarta del artículo 209 de esta ley.
La sentencia se dictará al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las partes, quedando
documentada en el soporte audiovisual del acto, sin perjuicio de la ulterior redacción por el juez o
magistrado del encabezamiento, la mera referencia a la motivación pronunciada oralmente
dándose por reproducida y el fallo íntegro, con expresa indicación de su firmeza o, en su caso, de
los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.
4. Pronunciada oralmente una sentencia, si todas las personas que fueren parte en el proceso
estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaren su decisión de
no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo
para recurrir comenzará a contar desde que se notificase a la parte la resolución así dictada
mediante el traslado del soporte audiovisual que la haya registrado junto con el testimonio del texto
redactado referido en el párrafo segundo del apartado anterior.»
Veintisiete. Se modifica el artículo 237, que queda redactado como sigue:
«Artículo 237. Caducidad de la instancia.
1. Se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso
de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años,
cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si estuviere en segunda instancia o
pendiente de recurso de casación.
Estos plazos se contarán desde la última notificación a las partes.
2. Contra el decreto que declare la caducidad solo cabrá recurso de revisión.»
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Veintiocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 240, que queda redactado como sigue:
«1. Si la caducidad se produjere en la segunda instancia o en el recurso de casación, se tendrá por
desistida la apelación o el recurso de casación y por firme la resolución recurrida y se devolverán
las actuaciones al tribunal del que procedieren.»
Veintinueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 244, que queda redactado como sigue:
«3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero sin haber sido impugnada la tasación
de costas practicada o sin haberse solicitado la exoneración o reducción de acuerdo con lo previsto
en el artículo siguiente, el Letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso de
revisión no cabe recurso alguno.»
Treinta. Se modifica el artículo 245, que queda redactado como sigue:
«Artículo 245. Impugnación de la tasación de costas y solicitud de exoneración o moderación de
las mismas.
1. La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo a que se refiere el apartado 1 del
artículo anterior.
2. La impugnación podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos
indebidos. Pero, en cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a
arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es
excesivo.
3. La parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido
en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados.
También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios
de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en
el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su
procurador.
4. En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas
concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención,
el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite.
Frente a dicho decreto cabrá interponer recurso de revisión.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y en el mismo plazo, la parte condenada
al pago de las costas podrá solicitar la exoneración de su pago o la moderación de su cuantía
cuando hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios
adecuados de solución de controversias al que hubieran acudido, la misma no hubiera sido
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aceptada por la parte requerida y la resolución judicial que ponga término al procedimiento sea
sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta.
Las mismas consecuencias tendrá el rechazo injustificado de la propuesta que hubiese formulado
el tercero neutral, cuando la sentencia recaída en el proceso sea sustancialmente coincidente con
la citada propuesta.
A la solicitud de exoneración o modificación deberá acompañar la documentación íntegra referida
a la propuesta formulada, que en este momento procesal estará dispensada de confidencialidad.
De no acompañarse dicha documentación, el Letrado de la Administración de Justicia, mediante
decreto, inadmitirá a trámite la solicitud. Frente a este decreto cabrá interponer recurso de
revisión.»
Treinta y uno. Se añade un nuevo artículo 245 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 245 bis. Tramitación y decisión de la solicitud de exoneración o reducción.
1. Si tras la tasación la parte condenada al pago de las costas hubiera solicitado su exoneración o
la moderación de su cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245.5 de esta ley, el Letrado
de la Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie
sobre dicha solicitud.
2. En el caso de que la parte favorecida por la condena en costas aceptase la exoneración o la
reducción solicitada de contrario, se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia a
dictar decreto fijando la cantidad debida. Se entenderá que presta su conformidad a la solicitud si
deja pasar el plazo sin evacuar el traslado.
Contra este decreto cabrá interponer recurso de revisión.
3. En el caso de que la parte favorecida por la condena en costas no aceptase la exoneración o la
reducción solicitada de contrario, se resolverá por el tribunal si son o no procedentes en la cuantía
tasada mediante auto sin condena en costas. Si se considerara procedente una reducción, el auto
deberá indicar el porcentaje concreto y las partidas objeto de la misma.
Contra este auto no cabrá interponer recurso alguno.
4. Dictado el auto que hubiera denegado la exoneración o la reducción, así como el que hubiera
reducido la cuantía de las costas, se procederá, en su caso, a tramitar la impugnación de la tasación
de costas por excesivas o indebidas de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.»
Treinta y dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 246, que queda redactado como sigue:
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«3. El Letrado de la Administración de Justicia, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos,
dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que
estime oportunas.
Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al
impugnante si hubiera obrado con abuso del sistema público de Justicia. Si fuere total o
parcialmente estimada, se impondrán, también en el caso de que hubiera obrado con abuso del
sistema público de Justicia, al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado
excesivos.
Contra dicho decreto cabe recurso de revisión.
Contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.»
Treinta y tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 247, que quedan redactados como
sigue:
«3. Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la
buena fe procesal o con abuso del servicio público de Justicia, podrán imponerle, en pieza
separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa
que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la
tercera parte de la cuantía del litigio.
Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del
hecho de que se trate, los perjuicios que al procedimiento, a la otra parte o a la Administración de
Justicia se hubieren podido causar, la capacidad económica del infractor, así como la reiteración
en la conducta.
En todo caso, por el Letrado de la Administración de Justicia se hará constar el hecho que motive
la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el tribunal.
4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser
imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos
por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. En los casos en los que
tal actuación se produzca en el ámbito de un proceso en el que la parte litigase con el beneficio de
justicia gratuita, tal comunicación se remitirá también a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
correspondiente.»
Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 249, que queda redactado como sigue:
«Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario.
1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
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1.º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
2.º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que
pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al
derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación
tendrá carácter preferente.
3.º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas
Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración
en entidades mercantiles.
4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación
de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1
y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad
intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad,
en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que
se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el número 12.º del apartado 1 del artículo 250
de esta ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.
5º Las demandas en que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones generales de
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de
bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el
arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia,
o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo
caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta ley.
7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
8.º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre
reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por las reglas del juicio verbal o por el
procedimiento especial que corresponda.
2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de quince mil
euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo
relativo.»
Treinta y cinco. Se modifica el artículo 250, que queda redactado como sigue:
«Artículo 250. Ámbito del juicio verbal.
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1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:
1.º Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y
las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el
arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño,
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en
arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida
en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.
3.º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido
por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por
quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella,
siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea
propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a
poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
5.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra
nueva.
6.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de
obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace
causar daños a quien demande.
7.º Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad,
demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su
ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.
9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.
10.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por
el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de
obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien
o bienes adquiridos o financiados a plazos.
72
11.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de
un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato
de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el
ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al
arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato,
previa declaración de resolución de éste, en su caso.
12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos
y difusos de los consumidores y usuarios.
13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código
Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el Capítulo
I del Título I del Libro IV de esta ley.
14.º Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
15.º Aquéllas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos
la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente
sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad.
16.º Aquéllas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.
2. Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de quince mil
euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior.»
Treinta y seis. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 255, que queda redactado como sigue:
«1. El demandado podrá impugnar la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse
determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería otro, o resultaría procedente el
recurso de apelación.
3. En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía
en la contestación a la demanda, y el tribunal resolverá la cuestión en el trámite del artículo 438.10.»
Treinta y siete. Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:
«Artículo 264. Documentos procesales.
Con la demanda o la contestación habrán de presentarse:
1.º La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número
asignado por dicho registro.
73
2.º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.
3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de
competencia y procedimiento.
4º. El documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial cuando
la Ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad.»
Treinta y ocho. Se modifica el artículo 267, que queda redactado como sigue:
«Artículo 267. Forma de presentación de los documentos públicos.
Cuando sean públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 265, podrán presentarse por copia simple, ya sea en soporte papel o, en su caso, en
soporte electrónico a través de imagen digitalizada resultado de un proceso de digitalización
certificada conforme a la norma Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación,
certificados y firma electrónica aprobada por el Comité técnico estatal de la administración judicial
electrónica que la regula y, si se impugnara su autenticidad, podrá llevarse a los autos original,
copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos
probatorios.»
Treinta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 268, que queda redactado como sigue:
«1. Los documentos privados que hayan de aportarse se presentarán en original o mediante copia
autenticada por el fedatario público competente y se unirán a los autos o se dejará testimonio de
ellos, con devolución de los originales o copias fehacientes presentadas, si así lo solicitan los
interesados. Estos documentos podrán ser también presentados mediante imágenes digitalizadas
resultado de un proceso de digitalización certificada conforme al artículo 38 de la Ley 18/2011, de
5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia.»
Cuarenta. Se modifica el apartado 4 del artículo 273, quedando redactado como sigue:
«4. Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y
número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente referenciados mediante un
índice electrónico que permita su debida localización y consulta. El escrito principal deberá
incorporar firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado y las comunicaciones
cumplirán lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Si se considera de interés, el escrito principal podrá hacer referencia a los documentos adicionales,
siempre y cuando exista una clave que relacione esa referencia de manera unívoca por cada uno
de los documentos, y, a su vez, asegure de manera efectiva su integridad.»
74
Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 287, que queda redactado como sigue:
«Artículo 287. Ilicitud de la prueba.
1. Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida
se han vulnerado derechos fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su
caso, a las demás partes.
Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el
acto del juicio. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las pruebas pertinentes
y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud.
2. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior solo cabrá recurso de reposición, que
se interpondrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista, quedando a salvo el
derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en la apelación contra la
sentencia definitiva.
3. En el caso de que la cuestión indicada en el apartado primero se suscitase en el ámbito del juicio
verbal, se resolverá conforme a lo dispuesto en el artículo 438.10 de esta ley.»
Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 311, que queda redactado como sigue:
«1. En el caso de que por enfermedad que lo impida o por otras circunstancias especiales de la
persona que haya de contestar a las preguntas no pudiera ésta comparecer en la sede del tribunal,
y no dispusiese de los medios para hacerlo por videoconferencia, a instancia de parte o de oficio,
se podrá prestar la declaración en el domicilio o residencia del declarante ante el Juez o el miembro
del tribunal que corresponda, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia.»
Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 312, que queda redactado como sigue:
«Artículo 312. Constancia en acta del interrogatorio domiciliario.
En los casos del artículo anterior, salvo que se utilicen los medios establecidos en el artículo 147
de esta ley, el Letrado de la Administración de Justicia extenderá acta suficientemente
circunstanciada de las preguntas y de las respuestas, que podrá leer por sí misma la persona que
haya declarado. Si no supiere o no quisiere hacerlo, le será leída por el Letrado de la Administración
de Justicia y el tribunal preguntará al interrogado si tiene algo que agregar o variar, extendiéndose
a continuación lo que manifestare. Seguidamente, firmará el declarante y los demás asistentes,
bajo la fe del Letrado de la Administración de Justicia.»
Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 313, que queda redactado como sigue:
«Artículo 313. Interrogatorio domiciliario por vía de auxilio judicial.
75
Cuando la parte que hubiese de responder al interrogatorio resida fuera de la demarcación judicial
del tribunal, será examinada mediante videoconferencia en los términos del artículo 137 bis de esta
ley; en otro caso, podrá ser examinada por vía de auxilio judicial si concurre alguna de las
circunstancias a que se refiere el párrafo tercero del apartado cuarto del artículo 169.
En tales casos, se acompañará al despacho una relación de preguntas formuladas por la parte
proponente del interrogatorio, si ésta así lo hubiera solicitado por no poder concurrir al acto del
interrogatorio. Las preguntas deberán ser declaradas pertinentes por el tribunal que conozca del
asunto.»
Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 346, que queda redactado como sigue:
«Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal designe.
El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar por medios
electrónicos al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado
por el Letrado de la Administración de Justicia a las partes por si consideran necesario que el perito
deba intervenir en el juicio o en la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones
que sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que considera
necesaria la intervención del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el
dictamen realizado.
Cuando el perito que deba intervenir en el juicio o la vista resida fuera de la demarcación judicial
del tribunal, la declaración se hará preferentemente a través de videoconferencia.»
Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 364, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 364. Declaración domiciliaria del testigo.
1. Cuando el testigo resida fuera de la demarcación judicial del tribunal, la declaración se hará
preferentemente a través de videoconferencia.
2. Si por enfermedad u otro motivo de los referidos en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo
169, el tribunal considerare que algún testigo no puede comparecer en la sede de aquél, podrá
tomársele declaración en su domicilio bien directamente, bien a través de auxilio judicial, según
que dicho domicilio se halle o no en la demarcación del tribunal.
A la declaración podrán asistir las partes y sus abogados, y, si no pudieren comparecer, se les
autorizará a que presenten interrogatorio escrito previo con las preguntas que desean formular al
testigo interrogado.
3. Cuando, atendidas las circunstancias, el tribunal considere prudente no permitir a las partes y a
sus abogados que concurran a la declaración domiciliaria, se dará a las partes vista de las
respuestas obtenidas para que puedan solicitar, dentro del tercer día, que se formulen al testigo
76
nuevas preguntas complementarias o que se le pidan las aclaraciones oportunas, conforme a lo
prevenido en el artículo 372.»
Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 394, que queda redactado como sigue:
«Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia.
1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que
haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que
el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
No obstante, cuando sea legalmente preceptivo o lo acuerde el tribunal durante el curso del
proceso, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado
expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en una actividad negocial,
mediación o en cualquier otro medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido
efectivamente convocado.
2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a
una de ellas por haber litigado con temeridad.
No obstante, si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de
mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando fuera legalmente
preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso, se le podrá condenar al pago
de las costas, en decisión debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea
parcial.
3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas
al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados
y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de
la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal
pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000
euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante
condenado en costas.
Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste
únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los
casos expresamente señalados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
77
4. Si la parte requerida para iniciar una actividad negocial previa tendente a evitar el proceso judicial
hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente quedará exenta de la condena en
costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de Justicia.
5. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga
como parte.»
Cuarenta y ocho. Se modifica el artículo 395, que queda redactado como sigue:
«Artículo 395. Condena en costas en caso de allanamiento.
1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de
costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su conducta, o abuso
del servicio público de Justicia.
Se entenderá que existe mala fe a estos efectos cuando, antes de presentada la demanda, se
hubiese requerido de pago al demandado de forma fehaciente y justificada, o cuando hubiese
rechazado el acuerdo ofrecido en un intento de conciliación, la participación en un proceso de
mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias.
2. Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el apartado 1 del
artículo anterior.
3. Si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación
u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo
o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso y luego se allanare a la demanda, se le
condenará en costas en decisión debidamente motivada.»
Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 398, que queda redactado como sigue:
«Artículo 398. Costas en apelación y recurso de casación.
1. En los casos de estimación total o parcial de un recurso de apelación o de su desestimación
íntegra se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394.
2. La desestimación total del recurso de casación llevará aparejada la imposición de costas a la
parte recurrente, salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro
pronunciamiento.
3. Si el recurso de casación fuere estimado total o parcialmente, no se impondrán las costas a
ninguna de las partes.»
Cincuenta. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 399, que queda redactado como sigue:
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«1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se
establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado
y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados
los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.
Igualmente, para aquellos supuestos en que legalmente sea necesario realizar notificaciones,
requerimientos o emplazamientos personales directamente al demandante o cuando éste actúe sin
procurador, y siempre que se trata de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración de Justicia, se consignarán cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del
artículo 162 o, en su caso, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, de disponer
de ellos, haciéndose constar el compromiso del demandante de recibir a través de ellos cualquier
comunicación que le dirija la oficina judicial. Dicho compromiso se extenderá al proceso de
ejecución que dé lugar la resolución que ponga fin el juicio.
Las comunicaciones a través de dichos medios deberán realizarse en la forma y con las garantías
previstas en el artículo 162 para su debida constancia.
3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación
por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios
e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y,
finalmente, se formularán valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para
el derecho del litigante.
Así mismo, se hará constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado
a cabo y se manifestarán los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado
de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de
procedibilidad.»
Cincuenta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 403, que queda redactado como sigue:
«2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley
expresamente exija para la admisión de aquellas o no se haya intentado la actividad negocial
exigida como requisito de procedibilidad en los casos establecidos por la ley, o efectuado los
requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.»
Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 405, que queda redactado como sigue:
«1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta en el artículo
399, el demandado deberá asumir idéntico compromiso que el demandante a los efectos de recibir
notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales directamente, en los supuestos
legalmente previstos, o cuando actúe sin procurador y siempre que se trate de personas obligadas
a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, procedentes del órgano que
conozca del procedimiento, y expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del
actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible
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la acumulación de acciones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad.
También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las
pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida.»
Cincuenta y tres. Se modifican la rúbrica y los apartados 1 y 2 del artículo 414, que quedan
redactados como sigue:
«Artículo 414. Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia. Posible
conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia.”
1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos
correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a
las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la
convocatoria.
No obstante, el Letrado de la Administración de Justicia, en esa misma resolución podrá citar a
comparecencia a las partes en el plazo de diez días, siempre que considere que el asunto es
susceptible de conciliación y que compruebe que no está comprendido en ninguno de los supuestos
del artículo 139.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. La convocatoria,
en su caso, se efectuará de acuerdo con las reglas del artículo 145 de la citada ley. En cuanto al
testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación, el valor, eficacia y ejecución de lo
convenido en conciliación y la posible acción de nulidad contra lo convenido, será de aplicación lo
establecido en los artículos 146, 147 y 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria.
Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia citará a las partes a comparecencia
cuando así lo solicite la parte actora en su escrito de demanda o la demandada en la contestación
a la misma.
Si no se hubiera alcanzado un acuerdo en la conciliación o no se hubiera celebrado comparecencia
a tal efecto, se llevará a cabo la audiencia conforme a lo establecido en los artículos siguientes.
La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción
que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución
de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y
los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su
caso, proponer y admitir la prueba.
En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo
que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que
asistan a una sesión informativa.
2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado.
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Las partes y sus representantes procesales deberán comparecer por videoconferencia o mediante
la utilización de medios telemáticos para la reproducción del sonido y, en su caso, de la imagen,
con los requisitos establecidos en el artículo 137 bis de esta ley, cuando el Tribunal lo acordase de
oficio o a instancia de alguna de las partes.
Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente
sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para renunciar, allanarse o transigir.
Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a
la audiencia.»
Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 415, que queda redactado como sigue:
«Artículo 415. Intento de solución extrajudicial de la controversia. Sobreseimiento por desistimiento
bilateral. Homologación y eficacia del acuerdo.
1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio
entre ellas.
Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato,
podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.
Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad
con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a un medio adecuado de solución de
controversias o arbitraje.
En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad
jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados,
que asistan al acto.
2. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción
judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y
convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma
que se prevén para la transacción judicial.
3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de
inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes. Cuando se hubiera
suspendido el proceso para acudir a un medio adecuado de solución de controversias, terminada
dicha actividad, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha
para la continuación de la audiencia.»
Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 429, que queda redactado como sigue:
«2. Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, se procederá a señalar la fecha del juicio,
que deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia. Siempre que el
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señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se hará por el juez, teniendo en cuenta las
necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas
en el artículo 182.4. En los restantes casos se fijará la fecha por el Letrado de la Administración de
Justicia, conforme a lo prevenido en el artículo 182.
No obstante lo anterior, el juez podrá plantear a las partes la posibilidad de derivación del litigio a
un medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere fundadamente que es
posible un acuerdo entre las partes y el Letrado de la Administración de Justicia no hubiera
intentado la conciliación previa. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la derivación,
se acordará mediante providencia que podrá dictarse oralmente. La actividad de negociación
deberá desarrollarse durante el tiempo que media entre la finalización de la audiencia previa y la
fecha señalada para el juicio. No obstante, si quince días antes de llegar dicho término todas las
partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo
determinado que deberán especificar, el Letrado de Administración de Justicia fijará nueva fecha
para la celebración del juicio.
En el caso de haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal
para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su
homologación judicial.»
Cincuenta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 432, que queda redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio de la intervención personal en el interrogatorio que se hubiera admitido, las partes
comparecerán en el juicio representadas por procurador y asistidas de abogado.
Las partes y sus representantes procesales deberán comparecer por videoconferencia o mediante
la utilización de medios telemáticos para la reproducción del sonido y, en su caso, de la imagen,
cuando el Tribunal lo acordase de oficio o a instancia de alguna de ellas, y se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 137 bis de esta ley.»
Cincuenta y siete. Se modifican la rúbrica, el apartado 4 y se añaden los apartados 5, 6, 7, 8, 9 y
10 al artículo 438, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 438. Admisión de la demanda y contestación. Reconvención. Posible conciliación ante el
Letrado de la Administración de Justicia.
4. En los casos del número 7.º del apartado 1 del artículo 250, en el emplazamiento para contestar
la demanda se apercibirá al demandado de que, en caso de no contestar, se dictará sentencia
acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor.
También se apercibirá al demandado, en su caso, de que la misma sentencia se dictará si contesta
pero no presta caución, en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado
2 del artículo 64 de esta ley, en la cuantía que, tras oírle, el tribunal determine, dentro de la
solicitada por el actor.
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5. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago
de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas,
el Letrado de la Administración de Justicia, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale,
requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o,
en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de
aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de
las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca
ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no
debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de
la enervación.
Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el
apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este
compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.
Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan
lugar la eventual vista en caso de oposición del demandando, para la que servirá de citación, y el
día y la hora exactos para la práctica del lanzamiento en caso de que no hubiera oposición.
Asimismo, se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá
hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento, así como que la falta de oposición
al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de
arrendamiento que le vincula con el arrendador.
El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, teniendo en cuenta
las previsiones contenidas en apartado 3 del artículo 155 y en el último párrafo del artículo 164,
apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se
procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los
demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.
Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o
allanarse, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el juicio
de desahucio y se procederá el lanzamiento en el día y la hora fijadas.
Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular
oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Letrado de la Administración de Justicia lo hará
constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento, y dejando sin efecto la diligencia
de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta
sobre el estado en que se encuentre la finca, dando traslado al demandante para que inste el
despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, bastando para ello con la mera solicitud.
En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio de desahucio, impondrá
las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la
presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como
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base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al
presentar la demanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la fecha
señalada.
6. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que
se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que
queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al
señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al
demandado se fijará día y hora exacta para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá
verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado
que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en el día y
la hora fijadas, sin necesidad de notificación posterior.
7. Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo
segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no
contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar
sentencia. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del
demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.
8. Presentado el escrito de contestación, el Letrado de la Administración de Justicia podrá convocar
a las partes a una conciliación previa, en los términos previstos en el artículo 414.1 párrafos
segundo y tercero. En otro caso, se dictará diligencia de ordenación acordando dar traslado del
mismo a la parte demandante y concediendo a ambas partes el plazo común de cinco días a fin de
que propongan la prueba que quieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que,
por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de
Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos
los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación y podrán pedir respuestas escritas
a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.
9. En los tres días siguientes al traslado del escrito de proposición de prueba, las partes podrán,
en su caso, presentar las impugnaciones a las que se refieren los artículos 280, 287 y 427.
10. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior, el tribunal resolverá por auto sobre la
admisión de la prueba propuesta y sobre la pertinencia de la celebración de vista, acordando, en
caso de no considerarla necesaria, que queden los autos conclusos para dictar sentencia.
Cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran
aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado informes periciales y
el tribunal no haya considerado pertinente o útil la presencia de los peritos en el juicio, se procederá
a dictar sentencia, sin previa celebración de la vista.
Contra el auto que resuelva sobre la prueba propuesta cabrá interponer recurso de reposición, que
tendrá efecto suspensivo.»
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Cincuenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 438 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 438 bis. Causas tasadas de oposición.
1. En los casos del número 7.º del apartado 1 del artículo 250, la oposición del demandado
únicamente podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:
1.º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas,
que desvirtúen la acción ejercitada.
2.º Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier
relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción,
siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
3.º Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique
presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.
4.º No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.
2. Cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en
arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada, la oposición del demandado
únicamente podrá fundarse en el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la
enervación.
3. Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo
segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, la oposición del demandado podrá
fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda
o en la falta de título por parte del actor.
4. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 250, la oposición del
demandado solo podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:
1.ª Falta de jurisdicción o de competencia del tribunal.
2.ª Pago acreditado documentalmente.
3.ª Inexistencia o falta de validez de su consentimiento, incluida la falsedad de la firma.
4.ª Falsedad del documento en que aparezca formalizado el contrato.»
Cincuenta y nueve. Se añade un nuevo artículo 438 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 438 ter. Procedimiento testigo.
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1. En el caso de las demandas referidas en el artículo 250.1.14º, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo primero del apartado primero del artículo 438, el Letrado de la Administración de Justicia
procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, cuando
considere que la misma incluye pretensiones que han sido objeto de procedimientos anteriores
planteados por otros litigantes, que no es preciso realizar un control de transparencia de la cláusula
ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante y que las condiciones
generales de contratación cuestionadas tienen identidad sustancial.
La parte actora y la demandada podrán solicitar en su escrito de demanda y contestación, que el
procedimiento se sustancie por los cauces establecidos en el presente artículo siempre que
concurran los presupuestos señalados en el párrafo anterior.
2. Dada cuenta y examinado el asunto, el tribunal dictará auto acordando la suspensión del curso
de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento identificado como testigo
o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la tramitación del procedimiento. En caso
de que se hubiera dictado el auto acordando la suspensión, junto a su notificación se remitirá copia
de aquellas actuaciones que consten en el procedimiento testigo y que, a juicio del tribunal,
permitan apreciar las circunstancia establecidas en el apartado primero, quedando unido al
procedimiento testimonio de las mismas. La expedición de las copias y del testimonio deberá
realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 236 quinques de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
El procedimiento testigo se tramitará con carácter preferente.
Contra el auto acordando la suspensión cabrá recurso de apelación que se tramitará de modo
preferente.
3. Una vez adquiera firmeza la sentencia en el procedimiento testigo, el tribunal dictará providencia
en la que indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento instado, por
haber sido resueltas o no todas las cuestiones planteadas en la sentencia del procedimiento testigo,
relacionando aquellas que considere no sentenciadas y dando traslado al demandante del
procedimiento suspendido para que en cinco días solicite:
a) El desistimiento en sus pretensiones.
b) La continuación del procedimiento suspendido, indicando las razones o pretensiones que deben
ser, a su juicio, resueltas.
c) La extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo.
4. En caso de desistimiento, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto acordando
el mismo, sin condena en costas.
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5. En caso de que se inste la continuación, el Letrado de la Administración de Justicia alzará la
suspensión y acordará la admisión de la demanda en los términos que el demandante mantenga
conforme al apartado 3.b). En estos casos, cuando el Tribunal hubiera expresado en la providencia
indicada en el apartado 3 la innecesaria continuación del procedimiento, aun cuando se dicte una
sentencia estimando íntegramente la demanda, el tribunal, razonándolo, podrá disponer que cada
parte abone sus propias costas y las comunes por mitad.
6. Si el demandante solicitara la extensión de los efectos de la sentencia del procedimiento testigo,
se estará a lo dispuesto en el artículo 519 de la presente ley.»
Sesenta. Se añaden nuevos apartados 5, 6 y 7 al artículo 439, de forma que el actual apartado 5
pasa a ser el 8, quedando con la siguiente redacción:
«5. No se admitirán a trámite las demandas de juicio verbal de reclamación de cantidad formuladas
al amparo del artículo 250.2 de esta ley en los casos de cancelación, denegación de embarque o
retraso susceptible de indemnización al amparo del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91, en los que
no se haya interpuesto previa reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), al
amparo de lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre,
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo.
6. No se admitirán a trámite las demandas de juicio verbal de reclamación de cantidad formuladas
al amparo del artículo 250.2 de esta ley en los casos de pérdida o retraso en la entrega del equipaje,
así como de cancelación, denegación de embarque o retraso fundadas en el Convenio para la
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de
mayo de 1999, en las que no se acompañe acreditación de la reclamación previa formulada por el
pasajero a la compañía aérea con al menos quince días de antelación.
7. No se admitirán las demandas que tengan por objeto las acciones de reclamación de devolución
de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas
cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca
inmobiliaria cuando no se acompañe a la demanda documento que justifique haber practicado el
consumidor una reclamación previa extrajudicial a la persona física o jurídica que realice la
actividad de concesión de préstamos o créditos de manera profesional, con el fin de que reconozca
expresamente el carácter abusivo de dichas cláusulas, con la consiguiente devolución de las
cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor.
8. Tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se cumplan los requisitos de
admisibilidad, que, para casos especiales, puedan establecer las leyes.»
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Sesenta y uno. Se modifica el artículo 440, que queda redactado como sigue:
«Artículo 440. Citación para la vista.
Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos
los plazos correspondientes, el Letrado de la Administración de Justicia, cuando haya de celebrarse
vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco
días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.
En la citación se fijará el día y hora en el que haya de celebrarse la vista, y se informará a las partes
de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el
recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las
razones de la misma.
En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se
advertirá a los litigantes que si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio, podrán
considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.
Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el
caso de que no comparecieren a la vista.»
Sesenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 441, que queda redactado como sigue:
«1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º del apartado 1 del artículo 250, el Letrado
de la Administración de Justicia llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus
declaraciones, el tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho,
la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El auto
será publicado en el Tablón Judicial Edictal Único, instando a los interesados a comparecer y
reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener
mejor derecho que el demandante.»
Sesenta y tres. Se modifica el artículo 443, que queda redactado como sigue:
«Artículo 443. Desarrollo de la vista.
1. Comparecidas las partes, presencialmente o por videoconferencia en los casos que así se haya
acordado, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.
Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato,
podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo
homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá
llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios
judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se
prevén para la transacción judicial.
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Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación u otro medio adecuado
de solución de controversias. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de
los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes
debidamente acreditados, que asistan al acto.
Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación u otro medio adecuado de
solución de controversias, terminada la actividad de negociación sin acuerdo, cualquiera de las
partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista.
Por el contrario, en el caso de haberse alcanzado acuerdo entre las partes, éstas deberán
comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar
previamente su homologación judicial.
2. En atención al objeto del proceso el tribunal, antes de la práctica de la prueba, podrá plantear a
las partes la posibilidad de derivación del litigio a un medio adecuado de solución de controversias,
siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las partes y el Letrado de
la Administración de Justicia no hubiera intentado la conciliación previa. Si todas las partes
manifestaran su conformidad con la derivación, se acordará previa suspensión del procedimiento
mediante providencia que podrá dictarse oralmente.
La actividad de negociación deberá desarrollarse en el plazo máximo que fije el tribunal atendiendo
a la complejidad del procedimiento y demás circunstancias concurrentes. No obstante, si quince
días antes de cumplirse el plazo fijado judicialmente todas las partes manifestaran la conveniencia
de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar de
común acuerdo, el tribunal podrá acceder a ello si observa avances en la negociación que permiten
prever una solución extrajudicial de la controversia en el nuevo plazo solicitado.
Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no un acuerdo dentro del plazo fijado.
Si han llegado a un acuerdo total el tribunal decretará el archivo del procedimiento, sin perjuicio de
que las partes deban solicitar previamente su homologación judicial. En caso de desacuerdo o en
caso de acuerdo parcial, y sin perjuicio de la homologación judicial del mismo, se acordará el
levantamiento de la suspensión y la continuación de la vista para la práctica de las pruebas en el
día que se señale al efecto. La asignación de fecha para la continuación de la vista se hará con
carácter preferente.
3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de
inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución
y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con los artículos 416 y
siguientes.
4. Si no se hubieran apreciado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores
o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del acto se dará la palabra a las partes
para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Si no hubiere
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conformidad sobre todos ellos, se practicarán seguidamente las pruebas que resultaron en su
momento admitidas.
La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 429.»
Sesenta y cuatro. Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 447, apartado que queda
redactado como sigue:
2. No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre
tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación
de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración
legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta ley califique como
sumarias.
En relación a las demandas en las que se acumulen a la pretensión de desahucio o recuperación
de finca dada en arrendamiento, por impago de renta o alquiler o por expiración legal o contractual
del plazo, las acciones de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas,
así como las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario, los pronunciamientos de la
sentencia en relación a esas acciones acumuladas a la de desahucio producirán efectos de cosa
juzgada.»
Sesenta y cinco. Se modifica el artículo 449, que queda redactado como sigue:
«Artículo 449. Derecho a recurrir en casos especiales.
1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos
de apelación o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener
satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
2. Los recursos de apelación o casación, a que se refiere el apartado anterior, se declararán
desiertos, cualquiera que sea el estado en que se hallen, si durante la sustanciación de los mismos
el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan o los que deba adelantar. El
arrendatario podrá adelantar o consignar el pago de varios períodos no vencidos, los cuales se
sujetarán a liquidación una vez firme la sentencia. En todo caso, el abono de dichos importes no
se considerará novación del contrato.
3. En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados
de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los
recursos de apelación o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del
importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al
efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada.
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4. En los procesos en que se pretenda la condena al pago de las cantidades debidas por un
propietario a la comunidad de vecinos, no se admitirá al condenado el recurso de apelación o
casación si, al interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que se
contrae la sentencia condenatoria. La consignación de la cantidad no impedirá, en su caso, la
ejecución provisional de la resolución dictada.
5. El depósito o consignación exigidos en los apartados anteriores podrá hacerse también mediante
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal,
garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o depositada.
6. En los casos de los apartados anteriores, antes de que se rechacen o declaren desiertos los
recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 231 de esta ley en cuanto a la acreditación
documental del cumplimiento de los requisitos exigidos.»
Sesenta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 450, que queda redactado como sigue:
«1. Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto
del recurso de casación una vez señalado día para la deliberación, votación y fallo del recurso de
casación.»
Sesenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 454 bis, que queda redactado como sigue:
«1. Cabrá recurso de revisión ante el tribunal contra el decreto resolutivo de la reposición y recurso
directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su
continuación. Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda
actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en
que expresamente se prevea.»
Sesenta y ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 455, que queda con la siguiente
redacción:
«4. Se tramitarán también preferentemente los recursos de apelación legalmente previstos contra
resoluciones definitivas dictadas en la tramitación de los procedimientos testigo.»
Sesenta y nueve. Se modifica el artículo 458, que queda redactado como sigue:
«Artículo 458. Interposición del recurso.
1. El recurso de apelación se interpondrá, cumpliendo en su caso con lo dispuesto en el artículo
276, ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de veinte días desde
la notificación de la resolución impugnada, debiendo acompañarse copia de dicha resolución.
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2. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
3. Una vez interpuesto, y con carácter previo a la decisión de admisión o inadmisión a trámite del
recurso, el Letrado de la Administración de Justicia dictará en el plazo de tres días diligencia de
ordenación requiriendo del órgano que hubiera dictado la resolución objeto de recurso la elevación
de las actuaciones e indicándole la parte o partes apelantes. Sin perjuicio de lo anterior, en el
mismo día en el que se reciba el escrito interponiendo recurso de apelación, se informará de esta
circunstancia al órgano que hubiera dictado la resolución objeto de recurso.
Recibido el requerimiento anterior, el Letrado de la Administración de Justicia del órgano que
hubiera dictado la resolución objeto de recurso acordará la remisión de los autos, con
emplazamiento de las partes no recurrentes al efecto de que comparezcan ante el Tribunal
competente para conocer del recurso en el plazo de diez días.
4. Recibidos los autos, si la resolución impugnada fuera apelable y el recurso se hubiere formulado
dentro de plazo, en el plazo de tres días el Letrado de la Administración de Justicia tendrá por
interpuesto el recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se
pronuncie sobre su admisión.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo
por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará auto acordando la inadmisión y la remisión de
las actuaciones al órgano que hubiera dictado la resolución objeto de recurso.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso de apelación no cabrá recurso
alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de
oposición al recurso a que se refiere el artículo 461 de esta ley.»
Setenta. Se modifica el apartado 1 del artículo 461, que queda redactado como sigue:
«1. Del escrito de interposición del recurso de apelación, el Letrado de la Administración de Justicia
dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten escrito de
oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte
desfavorable.»
Setenta y uno. Se modifica el artículo 463, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 463. Ejecución provisional de la resolución recurrida.
Si se hubiere solicitado la ejecución provisional, quedará en el tribunal de primera instancia
testimonio de lo necesario para dicha ejecución.
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Cuando se hubiere solicitado después de haberse remitido los autos al Tribunal competente para
resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de éste testimonio de lo que sea
necesario para la ejecución.»
Setenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 464, que queda redactado como sigue:
«1. El Tribunal que haya de resolver sobre la apelación, si se hubiesen aportado nuevos
documentos o propuesto prueba, acordará lo que proceda sobre su admisión en el plazo de diez
días. Si hubiere de practicarse prueba, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día para
la vista, que se celebrará, dentro del mes siguiente, con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.»
Setenta y tres. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 7 al artículo 465, apartados
que quedan redactados como sigue:
«2. La resolución deberá ser dictada dentro de los diez días siguientes a la terminación de la vista.
Si no se hubiere celebrado vista, el auto o la sentencia habrán de dictarse en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a aquel en que se hubieran evacuado los trámites del artículo 461.
7. Firme la resolución que hubiera resuelto el recurso de apelación, el Letrado de la Administración
de Justicia acordará la remisión de las actuaciones al órgano que hubiera dictado la resolución
objeto del mismo.»
Setenta y cuatro. El Capítulo IV del Título IV queda sin contenido.
Setenta y cinco. Se modifica el artículo 477, que queda redactado como sigue:
«Artículo 477. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.
1. Serán recurribles en casación las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas por
las Audiencias Provinciales cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado y los
autos y sentencias dictados en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras en materia civil y mercantil al amparo de los Tratados y Convenios
Internacionales, así como de Reglamentos de la Unión Europea u otras normas internacionales,
cuando la facultad de recurrir se reconozca en el correspondiente instrumento.
2. El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre
que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación
contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de
recurso de amparo, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución, aun cuando no
concurra interés casacional.
3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se
oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los
que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas sobre las
que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
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Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia,
se entenderá que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina
jurisprudencial o no exista doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la
Comunidad Autónoma correspondiente o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista
jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
4. En todo caso, se considerará que el recurso presenta interés casacional cuando la resolución
impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general
para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica.
5. La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación,
salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.
6. Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar
que previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de
haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la
infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la
subsanación en la instancia o instancias oportunas.»
Setenta y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 478, que queda redactado como sigue:
«1. El conocimiento del recurso de casación corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia
conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles
con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a
otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la
Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.»
Setenta y siete. Se modifica el artículo 479, que queda redactado como sigue:
«Artículo 479. Interposición del recurso. Denuncia previa en la instancia. Tramitación preferente.
1. El recurso de casación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se
impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2. Si la resolución impugnada fuera susceptible de recurso, éste se hubiere formulado dentro de
plazo y, tratándose de recurso fundado en infracción de normas procesales, se acredite la previa
denuncia de la infracción y, en su caso, el intento de subsanación, en la instancia o instancias
precedentes, en el plazo de tres días el Letrado de la Administración de Justicia tendrá por
interpuesto el recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se
pronuncie sobre la admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo
por interpuesto el recurso en el plazo de diez días; en caso contrario, dictará auto declarando la
inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso de queja.
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Contra la providencia por la que se tenga por interpuesto el recurso no cabrá recurso alguno, pero
la parte recurrida podrá oponerse a la admisión al comparecer ante el tribunal de casación.
3. Se dará tramitación preferente a los recursos de casación legalmente previstos contra sentencias
definitivas dictadas en la tramitación de los procedimientos testigo.»
Setenta y ocho. Se modifica el artículo 481, que queda redactado como sigue:
«Artículo 481. Contenido del escrito de interposición del recurso.
1. En el escrito de interposición se expresará la norma procesal o sustantiva infringida, precisando,
en las peticiones, la doctrina jurisprudencial que se interesa de la Sala, en su caso, y los
pronunciamientos correspondientes sobre el objeto del pleito. También se podrá pedir la
celebración de vista, que solo tendrá lugar si el tribunal lo considera necesario.
2. El recurso de casación se articulará en motivos. No podrán acumularse en un mismo motivo
infracciones diferentes.
3. Solo podrán denunciarse las infracciones que sean relevantes para el fallo, siempre que hubieran
sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Audiencia Provincial.
4. Cada motivo se iniciará con un encabezamiento, que contendrá la cita precisa de la norma
infringida y el resumen de la infracción cometida.
5. En el desarrollo de cada motivo se expondrán los fundamentos del mismo, sin apartarse del
contenido esencial del encabezamiento y con la claridad expositiva necesaria para permitir la
identificación del problema jurídico planteado.
6. Al escrito de interposición se acompañarán certificación de la sentencia impugnada y, cuando
sea procedente, texto de las sentencias que se aduzcan como fundamento del interés casacional.
7. En su caso, en el escrito de interposición, además de fundamentarse el recurso de casación, se
habrá de manifestar razonadamente cuanto se refiera a la inexistencia de doctrina jurisprudencial
relativa a la norma que se estime infringida.
8. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las
relativas al formato en el que deban ser presentados, de los escritos de interposición y de oposición
de los recursos de casación.»
Setenta y nueve. Se modifica la rúbrica y el apartado 1 del artículo 482, que quedan redactados
como sigue:
«Artículo 482. Remisión de los autos. Emplazamiento de las partes. Negativa a expedir
certificaciones.
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1. Dentro de los cinco días siguientes a la resolución que tenga por interpuesto el recurso, el
Letrado de la Administración de Justicia remitirá todos los autos originales al Tribunal competente
para conocer del recurso de casación, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Si el recurrente no compareciere dentro del plazo señalado, el Letrado de la Administración de
Justicia declarará desierto el recurso y quedará firme la resolución recurrida.»
Ochenta. Se modifica el artículo 483, que queda redactado como sigue:
«Artículo 483. Decisión sobre la admisión del recurso.
1. Una vez transcurrido el término del emplazamiento, el Letrado de la Administración de Justicia
comprobará que el recurso de casación se haya interpuesto en tiempo y en forma, incluyendo, en
el caso de infracciones procesales, la denuncia previa en la instancia, así como la debida
constitución de los depósitos para recurrir y el cumplimiento, en su caso, de los requisitos del
artículo 449 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, procediendo en caso contrario
a la inadmisión mediante decreto.
2. Concurriendo los requisitos anteriores, el Letrado de la Administración de Justicia elevará las
actuaciones a la Sección de Admisión de la Sala Primera o a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia para que se pronuncie sobre la admisión del recurso.
3. El recurso de casación se inadmitirá por providencia sucintamente motivada que declarará, en
su caso, la firmeza de la resolución recurrida y se admitirá por medio de auto que exprese las
razones por las que la Sala Primera o la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
debe pronunciarse sobre la cuestión o cuestiones planteadas en el recurso.
Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá
mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie.
4. Contra la providencia o el auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación no se
dará recurso alguno.»
Ochenta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 484, que queda redactado como sigue:
«1. En el trámite de admisión a que se refiere el artículo anterior, la Sección de Admisión de la Sala
Primera o la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia examinará su competencia
para conocer del recurso de casación, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo. Si
no se considerare competente, acordará, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por
plazo de diez días, la remisión de las actuaciones y emplazamiento de las partes para que
comparezcan ante la Sala que se estime competente en el plazo de diez días.»
Ochenta y dos. Se modifica el artículo 485, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 485. Admisión y traslado a las otras partes.
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Admitido el recurso de casación, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado del escrito
de interposición, con sus documentos adjuntos, a la parte o partes recurridas y personadas, para
que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días y manifiesten si consideran
necesaria la celebración de vista.»
Ochenta y tres. Se modifica el artículo 486, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 486. Deliberación, votación y fallo. Eventual vista.
1. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, háyanse presentado o no los escritos
de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora para la celebración de
la vista cuando el Tribunal hubiera resuelto, mediante providencia, por considerarlo conveniente
para la mejor impartición de justicia, la celebración de dicho acto. En caso contrario, la Sala
señalará día y hora para la deliberación, votación y fallo del recurso de casación.
2. En caso de celebrarse la vista, comenzará con el informe de la parte recurrente, para después
proceder al de la parte recurrida. Si fueren varias las partes recurrentes, se estará al orden de
interposición de los recursos, y siendo varias las partes recurridas, al orden de las comparecencias.
La Sala podrá indicar a los abogados de las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal, el tiempo del
que disponen para sus informes y las cuestiones que considera de especial interés.»
Ochenta y cuatro. Se modifica el artículo 487, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 487. Sentencia. Efectos.
«1. El recurso de casación se decidirá por sentencia, salvo que, habiendo ya doctrina
jurisprudencial sobre la cuestión o cuestiones planteadas, la resolución impugnada se oponga a
dicha doctrina, en cuyo caso el recurso podrá decidirse mediante auto que, casando la resolución
recurrida, devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de
acuerdo con la doctrina jurisprudencial.
2. La sentencia, o en su caso el auto, se dictará dentro de los veinte días siguientes al de la
finalización de la deliberación.
3. Cuando en el escrito de interposición se denuncien distintas infracciones, procesales y
sustantivas, la Sala resolverá en primer lugar el motivo o motivos cuya eventual estimación
determine una reposición de las actuaciones.
4. Contra la sentencia o el auto que resuelva el recurso de casación no cabrá recurso alguno.
5. Los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación en ningún caso afectarán a las
situaciones jurídicas creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren
invocado.»
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Ochenta y cinco. El Capítulo VI del Título IV del Libro II queda sin contenido.
Ochenta y seis. Se modifica el artículo 494, que queda redactado como sigue:
«Artículo 494. Resoluciones recurribles en queja.
«Contra los autos en que el tribunal que haya dictado la resolución denegare la tramitación de un
recurso de casación, se podrá interponer recurso de queja ante el órgano al que corresponda
resolver del recurso no tramitado. Los recursos de queja se tramitarán y resolverán con carácter
preferente.»
No procederá el recurso de queja en los procesos de desahucios de finca urbana y rústica, cuando
la sentencia que procediera dictar en su caso no tuviese la consideración de cosa juzgada.»
Ochenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 495, que queda redactado como sigue:
«1. El recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no
tramitado, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación
del recurso de casación. Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida.»
Ochenta y ocho. Se modifica el artículo 497, que queda redactado como sigue:
«Artículo 497. Régimen de notificaciones.
1. La resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado por correo, si su domicilio fuere
conocido y, si no lo fuere, mediante edictos. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.
2. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado personalmente,
en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley. Pero si el demandado se hallare en paradero
desconocido, la notificación se hará publicando un extracto de la misma en el Tablón Edictal
Judicial Único.
Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación o en casación.»
Ochenta y nueve. Se modifica el artículo 500, que queda redactado como sigue:
«Artículo 500. Ejercicio por el demandado rebelde de los recursos ordinarios.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia, sólo podrá utilizar
contra ella el recurso de apelación, y el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del
plazo legal.
Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido notificada
personalmente la sentencia, pero en este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día
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siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en el Tablón Edictal Judicial
Único o, en su caso, por los medios telemáticos, informáticos o electrónicos a que se refiere el
apartado 2 del artículo 497 de esta ley o del modo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.»
Noventa. Se modifica el artículo 519, que queda redactado como sigue:
«Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin
determinación individual de los beneficiados. Extensión de efectos de sentencias dictadas en
procedimientos en los que se hayan ejercitado acciones individuales relativas a condiciones
generales de la contratación.
1. Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen
determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal
competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del
condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos
establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con
testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal
podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados.
2. Sin perjuicio de que se pueda optar por acudir a un procedimiento declarativo, en el caso de las
demandas referidas en el artículo 250.1. 14º, los efectos de una sentencia que reconozca una
situación jurídica individualizada y que hubiera adquirido firmeza tras haber sido recurrida ante la
Audiencia Provincial, podrán extenderse a otras cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
b) Que se trate del mismo demandado, o quien le sucediera en su posición.
c) Que no sea preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de
vicios en el consentimiento del contratante.
d) Que las condiciones generales de contratación tengan identidad sustancial con las conocidas
en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender.
En estos casos, la solicitud se planteará por medio de escrito dirigido al Juzgado del domicilio del
demandante que hubiera dictado la sentencia cuyos efectos se pretende extender, en el que se
indicará el número de procedimiento en el que se hubiera dictado, la concreta pretensión que podrá
ser de anulación, de cantidad o ambas, la identidad de la situación jurídica y un número de cuenta
bancaria en la que, eventualmente, puedan realizarse ingresos, acompañando en su caso la
documentación en que funde su petición. Esta solicitud deberá formularse en el plazo máximo de
un año desde la última notificación a las partes de la resolución dictada en segunda instancia en
virtud de la cual la sentencia cuyos efectos se pretende extender haya adquirido firmeza.
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3. De la solicitud y sus documentos se dará traslado por diez días a la parte condenada en el
procedimiento previo, en el que se hubiera dictado la sentencia cuya extensión de efectos se
pretende, que podrá allanarse u oponerse. A dicho escrito deberá acompañar la documentación en
que funde su oposición o identificarla si ya obrara en autos. Si no se respondiere en plazo, se
entenderá que muestra conformidad con la solicitud.
4. Sin más trámite, en los cinco días siguientes se dictará auto accediendo en todo o en parte a la
solicitud de extensión de efectos fijándose, en su caso, la cantidad debida, o rechazándola, sin que
se pueda reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se
trate. Si el auto accede total o parcialmente y hubiera habido oposición, se estará a la regulación
sobre imposición de costas procesales prevista en el artículo 394 de esta ley. Si se rechaza la
solicitud de extensión de efectos no se hará pronunciamiento condenatorio sobre las costas, sin
perjuicio de poder acudir al juicio declarativo que proceda.
5. El auto que resuelva extender efectos en todo o en parte, o que deniegue la extensión, será
susceptible de recurso de apelación, el cual será de tramitación preferente.
6. Si en el término previsto en el artículo 548 de esta ley no se cumpliera voluntariamente realizando
el ingreso en la cuenta designada por el solicitante, la parte interesada podrá instar la ejecución
del auto que acuerde la extensión de efectos, para lo que servirá de título ejecutivo el testimonio
del auto que acuerde la extensión de efectos.»
Noventa y uno. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 527, que tendrá la siguiente redacción:
«5. No serán a cargo del ejecutado las costas del proceso de ejecución provisional siempre y
cuando hubiese cumplido con lo dispuesto en el auto que despachó la ejecución dentro del plazo
de veinte días desde que le fue notificado.»
Noventa y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 535, que queda redactado como sigue:
«2. En los casos a los que se refiere el apartado anterior la ejecución provisional podrá solicitarse
en cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso
de casación y siempre antes de que haya recaído sentencia en este recurso.
La solicitud se presentará ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia,
acompañando certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda, así como
testimonio de cuantos particulares se estimen necesarios, certificación y testimonio que deberán
obtenerse del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación o, en su caso, del órgano
competente para conocer del recurso que se haya interpuesto contra ésta.»
Noventa y tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 539, que queda redactado como sigue:
«2. En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente
pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les
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correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos
que procedan tras la decisión del tribunal o, en su caso, del Letrado de la Administración de Justicia
sobre las costas.
Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del
ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá
satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones
que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien
haya solicitado la actuación de que se trate.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no existirá pronunciamiento de costas a
favor de aquel litigante que no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de
mediación u otro medio adecuado de solución de controversias cuando así lo hubiera acordado el
tribunal durante el proceso de ejecución.»
Noventa y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 550, que queda redactado como sigue:
«1. A la demanda ejecutiva se acompañarán:
1.º El título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde en sentencia, decreto, acuerdo o transacción
que conste en los autos.
Cuando el título sea un laudo, se acompañarán, además, el convenio arbitral y los documentos
acreditativos de la notificación de aquél a las partes.
Cuando el título sea un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, se acompañará, además,
copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.
2.º La certificación del registro electrónico de apoderamientos judiciales o referencia al número
asignado por dicho registro, siempre que no conste ya en las actuaciones, cuando se pidiere la
ejecución de sentencias, transacciones o acuerdos aprobados judicialmente.
3.º Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero
de deudas no dinerarias, cuando no se trate de datos oficiales o de público conocimiento.
4.º Los demás documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución.»
Noventa y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 565, que queda redactado como sigue:
«1. Sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o así
lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.
En cualquier momento del proceso de ejecución, las partes podrán someterse a mediación en los
términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, o
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a cualquier otro de los medios adecuados de solución de controversias, en cuyo caso se
suspenderá el curso de la ejecución.
En caso de que la mediación o el medio adecuado de solución de controversias de que se trate
finalizara sin acuerdo de las partes, la suspensión se alzará a petición de cualquiera de ellas. Si
las partes llegaran a un acuerdo extrajudicial por dichos medios y este se cumpliera o determinara
la innecesaria continuación del proceso de ejecución, la parte ejecutante lo pondrá en conocimiento
del órgano judicial, que procederá a su archivo. Si el acuerdo fuera incumplido, cualquiera de las
partes podrá solicitar la reanudación del proceso de ejecución quedando delimitado el objeto del
mismo a lo que hubiera sido acordado e incumplido.»
Noventa y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 612, que queda redactado como sigue:
«1. Además de lo dispuesto en los artículos 598 y 604 para los casos de admisión y estimación,
respectivamente, de una tercería de dominio, el ejecutante podrá pedir la mejora o la modificación
del embargo o de las medidas de garantía adoptadas cuando un cambio de las circunstancias
permita dudar de la suficiencia de los bienes embargados en relación con la exacción de la
responsabilidad del ejecutado. También el ejecutado podrá solicitar la reducción o la modificación
del embargo y de sus garantías, cuando aquél o éstas pueden ser variadas sin peligro para los
fines de la ejecución, conforme a los criterios establecidos en el artículo 584 de esta ley.»
Noventa y siete. Se modifica el artículo 634, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 634. Entrega directa al ejecutante.
1. El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución entregará directamente
al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean:
1.º Dinero efectivo.
2.º Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición.
3.º Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.
4.º Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, aunque inferior,
el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal.
2. El Letrado de la Administración de Justicia podrá acordar la entrega de las cantidades
embargadas, cuando tengan carácter periódico, mediante el dictado de una resolución que ampare
las posteriores entregas hasta el completo pago del principal. Una vez cubierto el principal y, en su
caso, liquidados los intereses y tasadas las costas, podrá acordarse también la entrega de las
cantidades embargadas en la forma indicada y por esos conceptos mediante el dictado de una sola
resolución.
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3. Cuando se trate de saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido, el propio Letrado de
la Administración de Justicia adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo
designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su realización.
4. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por
incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, el
Letrado de la Administración de Justicia le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles
vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de
depreciación que se hubieran establecido en el contrato.»
Noventa y ocho. Se modifica el artículo 644, que queda redactado como sigue:
«Artículo 644. Convocatoria de la subasta.
Una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el Letrado de la Administración de
Justicia, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta. En este decreto se informará al
ejecutado de que el plazo para pagar el resto del precio ofrecido y el traslado previsto por los
artículos 650 y 670 para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio
resultante de la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de
notificación personal. También se hará constar que el portal de subastas del Boletín Oficial del
Estado permite a los usuarios registrados suscribirse a alertas por correo electrónico para conocer
el momento de inicio de la subasta.
La notificación de este decreto al ejecutado no personado deberá practicarse en la forma prevista
en el artículo 155 de esta ley.
La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la
responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia.»
Noventa y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 645, que queda redactado como sigue:
«Artículo 645. Anuncio y publicidad de la subasta.
1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la subasta se
anunciará en el Boletín Oficial del Estado. El Letrado de la Administración de Justicia ante el que
se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la
subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma
telemática, al “Boletín Oficial del Estado”.
Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Letrado de la Administración de Justicia
responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte
razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y
valor de los bienes que se pretende realizar.»
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Cien. Se modifica el apartado 2 del artículo 646, que queda redactado como sigue:
«2. En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto,
que incluirá las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, así
como todos los documentos que contengan datos y circunstancias que sean relevantes para la
misma, y necesariamente el informe de avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta
que sirve de tipo para la misma. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que
puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información.
En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que
sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos en los artículos 650 y 670.
También se informará que el plazo para pagar el resto del precio ofrecido y el traslado previsto por
ese artículo para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio resultante
de la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de notificación
personal.»
Ciento uno. Se modifica el artículo 647, que queda redactado como sigue:
«Artículo 647. Requisitos para pujar. Ejecutante licitador.
1. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente, indicando si actúan en nombre propio o de terceros, total o
parcialmente. Si actúan en representación de varios, informarán sobre el porcentaje de
adjudicación que corresponda a cada uno.
Una vez concluida la subasta, quien resultara ser el mejor postor deberá acreditar su
representación ante la oficina judicial que haya intervenido como autoridad gestora de la subasta,
salvo que ya constara previamente. Si no lo hiciera en el plazo de tres días y no se ratificara en ella
el propio representado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará la pérdida de su
depósito que se aplicará a los fines de la ejecución, y solicitará al Portal de Subastas que
comunique la identidad del siguiente postor con reserva de postura. También ordenará la
devolución de los depósitos de los demás postores, quedando sin efecto sus reservas de postura.
La falta de acreditación de la representación no interrumpirá los plazos establecidos para el pago
del resto del precio o de traslado al deudor para mejora de postura.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3.º Estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario haber
consignado el 20 por ciento, del valor de los bienes o un mínimo de 1.000 euros si el importe que
resultara de la aplicación de ese porcentaje fuera inferior. El Letrado de la Administración de
Justicia está facultado para elevar o reducir el porcentaje del depósito, considerando las
circunstancias de la subasta. La consignación se realizará por medios electrónicos a través del
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Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos que la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria pondrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de
sus entidades colaboradoras.
2. El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, sin necesidad de
consignar cantidad alguna. Necesariamente habrá de hacerlo cuando, existiendo otros postores,
pretenda adjudicarse los bienes en la forma prevista en los artículos 650 y 670. Finalizada la
subasta no podrá mejorar el precio final ofrecido por el mejor postor.
Si no hubiera otros postores, el ejecutante no podrá participar en la subasta, y resultará desierta.
En este caso, el ejecutante deberá solicitar la adjudicación en el plazo de veinte días contados a
partir de la finalización de la subasta desierta.
3. El ejecutante y los acreedores posteriores participan en la subasta con derecho a ceder el remate
a un tercero, sin necesidad de manifestación expresa. Si no se hubiera efectuado con anterioridad,
la cesión se verificará en el plazo de cinco días que deberá conferir el Letrado de la Administración
de Justicia cuando queden los autos pendientes de dictar el decreto de adjudicación y tras haberse
pagado, en su caso, el precio de remate. A tal efecto, se presentará escrito firmado por cedente y
cesionario al que se adjuntarán los documentos que permitan acreditar la identidad, facultades y
representación de los firmantes, si no constaran ya en el expediente.
Si la cesión ha sido mediante precio, se acreditará documentalmente el pago de la cantidad total
por la que el cesionario hubiera obtenido la cesión. Si hubiera sobreprecio también se aplicará a
los fines de la ejecución, y así se hará constar en el decreto de adjudicación como un concepto
distinto del precio de adjudicación. Si, a consecuencia de ese sobreprecio, existiera sobrante
respecto al crédito total reclamado, se requerirá al ejecutante para que proceda a su ingreso en la
cuenta del juzgado en el plazo de diez días.
Si no efectuara el pago en el plazo de diez días, se declarará la quiebra de la subasta y se
descontará del crédito del ejecutante el importe equivalente al depósito exigido a los demás
postores para participar en esa subasta, corriendo a su cargo los gastos de celebración de la nueva
subasta.
Igual facultad corresponderá al ejecutante si solicitase, en los casos previstos, la adjudicación del
bien o bienes subastados.»
Ciento dos. Se modifica el artículo 648, que queda redactado como sigue:
«Artículo 648. Subasta electrónica.
La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
1.ª La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión tendrán acceso todas las
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Oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban realizarse entre las Oficinas
judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada
con un número de identificación único.
2.ª La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, cuando haya sido remitida al Portal de Subastas la información
necesaria para el comienzo de la misma. El pago de la tasa exigida por el Boletín Oficial del Estado
para la publicación del anuncio será realizada por el solicitante de la subasta dando cuenta al
órgano judicial previamente a su inicio.
3.ª Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las
normas de esta ley en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas que le fueren
aplicables. En todo caso, el Letrado de la Administración de Justicia establecerá tramos de
incremento de puja.
4.ª Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados de alta
como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación
y firma electrónicos de acuerdo con lo previsto en artículo 6 de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia, de forma que en todo caso exista una plena identificación de los licitadores. El alta se
realizará a través del Portal de Subastas mediante mecanismos seguros de identificación y firma
electrónicos e incluirá necesariamente todos los datos identificativos del interesado. A los
ejecutantes se les identificará de forma que les permita comparecer como postores en las subastas
dimanantes del procedimiento de ejecución por ellos iniciado sin necesidad de realizar
consignación.
5.ª El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere, podrán, bajo su responsabilidad
y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la que se siga el procedimiento, enviar al Portal
de Subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación, procedente
de informes de tasación u otra documentación oficial, obtenida directamente por los órganos
judiciales o mediante Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerarse de interés para los
posibles licitadores. También podrá hacerlo el Letrado de la Administración de Justicia por su propia
iniciativa, si lo considera conveniente.
6.ª Las pujas se enviarán telemáticamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al
Portal de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello de tiempo, del
momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía. El postor deberá también indicar si
consiente o no la reserva a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652 y si
puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas por importe superior,
igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que
consienten desde ese momento la reserva de consignación y serán tenidas en cuenta para el
supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el
resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas por el mismo importe, se
106
preferirá la anterior en el tiempo. El portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las
realizadas hasta ese momento.»
Ciento tres. Se modifica el artículo 649, que queda redactado como sigue:
«Artículo 649. Desarrollo y terminación de la subasta. Aprobación del remate.
1. La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. La
subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre
que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación
del plazo inicial de veinte días a que se refiere este artículo por un máximo de 24 horas.
En el caso de que el Letrado de la Administración de Justicia tenga conocimiento de la declaración
de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución y procederá a dejar sin efecto
la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará inmediatamente
al Portal de Subastas.
2. La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará consigo la devolución
de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la
publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación
del anuncio como si de una nueva subasta se tratase.
3. En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas remitirá al
Letrado de la Administración de Justicia información certificada de la postura telemática que
hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador.
En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido, a solicitud del Letrado de la
Administración de Justicia, el Portal de Subastas le remitirá información certificada sobre el importe
de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que este
hubiera optado por la reserva de postura a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 652.
Además, el Portal de Subastas facilitará toda la información que pueda serle solicitada para
comprobar que la subasta se ha celebrado con la máxima publicidad, seguridad, confidencialidad
y disponibilidad, sin resultar afectados los derechos de los postores y cumpliendo el resto de
prescripciones legales. En caso contrario, el tribunal podrá dejar sin efecto la subasta celebrada.
4. Terminada la subasta y recibida la información, el Letrado de la Administración de Justicia dejará
constancia de su resultado en el expediente, expresando el nombre del mejor postor y de la postura
que formuló. Si la mejor postura cumpliera los requisitos necesarios para la adjudicación del bien
o lote, dictará inmediatamente decreto de aprobación de remate.»
Ciento cuatro. Se modifica el artículo 650, que queda redactado como sigue:
107
«Artículo 650. Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de bienes.
1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por ciento del valor de subasta, el Letrado de
la Administración de Justicia mediante decreto, el día siguiente al del cierre de la subasta, aprobará
el remate en favor del mejor postor. El mejor postor habrá de consignar el importe de dicha postura,
menos el del depósito, en el plazo de diez días a contar desde el cierre de la subasta. Realizada
esta consignación, se le pondrá inmediatamente en posesión de los bienes y se dictará el decreto
de adjudicación.
2. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura, igual o superior al 50 por 100 del valor de
subasta y la cantidad ofrecida fuera igual o inferior al principal reclamado, se le pondrá
inmediatamente en posesión de los bienes y se dictará el decreto de adjudicación. Si la postura
fuera superior, se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia a la liquidación de lo
que se deba por principal, intereses y costas. Notificada esta liquidación, el ejecutante consignará
la diferencia, si la hubiere, en el plazo de diez días. Pagada la diferencia, se le pondrá en posesión
de los bienes y se dictará el decreto de adjudicación. Si no efectuara el pago en el plazo de diez
días, se declarará la quiebra de la subasta y se descontará del crédito del ejecutante el importe
equivalente al depósito exigido a los demás postores para participar en la subasta, corriendo a su
cargo los gastos de celebración de la nueva subasta.
3. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50 por ciento del valor de subasta,
podrá el ejecutado, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de cierre de la subasta,
presentar escrito indicando que otra persona está dispuesta a mejorar el precio de la subasta,
ofreciendo una cantidad igual o superior al 50 por ciento del valor de subasta o que, aun siendo
inferior a ese porcentaje, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del
ejecutante.
La persona indicada por el ejecutado en su escrito deberá haber ingresado previamente en la
cuenta de depósitos y consignaciones el importe equivalente al del depósito exigido para participar
en la subasta y tendrá un plazo de diez días para pagar el resto del precio ofrecido. Ese plazo se
computará a partir del día en que se haya efectuado el ingreso. Si no efectuara el pago en ese
plazo perderá el depósito efectuado, que se aplicará a los fines de la ejecución y se acordará la
celebración de una nueva subasta, si fuera necesaria. Ello sin perjuicio de que, si la mejora es por
la cantidad suficiente para lograr la completa satisfacción del crédito del ejecutante, se practique la
correspondiente liquidación a los efectos de ingresar la cantidad que falte o devolverle el sobrante
que resulte. El ingreso del resto deberá efectuarse también en el plazo de diez días, con
apercibimiento de pérdida del depósito.
Habiendo pujas y no siendo el mejor postor, el ejecutante no podrá mejorar el precio ni pedir la
adjudicación del bien o lote subastado con posterioridad a la subasta, conforme a lo dispuesto por
el artículo 647.
Cuando el ejecutado no haga uso de la facultad de mejora o ésta no tenga efecto, se aprobará el
remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido sea igual o superior
108
al 30 por ciento del valor de subasta. No obstante, también se aprobará el remate si la cantidad
ofrecida fuera suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, aun
cuando sea inferior a ese porcentaje.
Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia
responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista
de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en
relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la
satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la
aprobación o no aprobación del remate suponga para el deudor, para el propio ejecutante o para
terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En
este último caso, contra el decreto que apruebe o deniegue el remate cabe recurso directo de
revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución.
Cuando el Letrado de la Administración de Justicia deniegue la aprobación del remate, a instancia
del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo.
4. Si por la cuantía de la puja, el ejecutado pudiera ejercitar la facultad de mejorar la postura, el
Letrado de la Administración de Justicia, transcurrido el plazo indicado, realizará la preceptiva
notificación a quien hubiera resultado mejor postor, informándole, en su caso, que la persona
presentada por el ejecutado ha mejorado el precio ofrecido en la subasta y que se ordena la
inmediata devolución del depósito efectuado para participar en ella.
Si no hubiera habido mejora, o ésta finalmente no se hubiera llevado a efecto, aprobado el remate,
se requerirá al mejor postor para que, en el plazo de diez días efectúe el pago del resto del precio
que ofreció, descontado el depósito. Verificado el ingreso, se le pondrá en posesión del lote
subastado y se dictará el decreto de adjudicación. Si no realizara el pago, perderá su depósito, que
se aplicará a los fines de la ejecución.
5. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante
podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por
principal, intereses y costas. En este supuesto, el Letrado de la Administración de Justicia acordará
mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma y lo comunicará
inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas.
6. Consignada, cuando proceda, en la cuenta de depósitos y consignaciones, la diferencia entre lo
depositado y el precio total del remate, se ordenará al Portal de Subastas la devolución de los
depósitos de los postores que han reservado postura. También se ordenará la devolución de esos
depósitos cuando el mejor postor haya sido el ejecutante, cuando la persona presentada por el
ejecutado para mejorar postura haya ingresado el depósito requerido para ello, o cuando por
cualquier otra causa hubiera quedado sin efecto la subasta con posterioridad a su celebración.»
Ciento cinco. Se modifica el artículo 651, que queda redactado como sigue:
109
«Artículo 651. Adjudicación de bienes al ejecutante.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir en el plazo de veinte
días desde el cierre de la subasta la adjudicación del bien o lote por un importe determinado o por
la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Si el ejecutante solicitara la adjudicación por una cantidad inferior al 50 por 100 por 100 del valor
de subasta, se dará al deudor el traslado previsto por el artículo 650.3, a fin de que pueda mejorarla.
Cuando el ejecutado no haga uso de esa facultad de mejora, se adjudicará el bien o lote al
ejecutante, siempre que la cantidad que hubiera ofrecido por el bien o el lote fuera igual o superior
al 30 por ciento de su valor de subasta. No obstante, la petición de adjudicación también puede ser
por la cantidad que se le deba por todos los conceptos aun cuando sea inferior a ese porcentaje.
En este caso, la adjudicación del bien o del lote supondrá la terminación de la ejecución por la
completa satisfacción del ejecutante.
Si la cantidad ofrecida por el ejecutante tampoco cumpliera esas condiciones, el Letrado de la
Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la
adjudicación a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la
conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las
posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el
sacrificio patrimonial que la adjudicación o no adjudicación del bien suponga para el deudor, para
el propio ejecutante o para terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de
ella obtenga el acreedor. Contra el decreto que apruebe o deniegue la petición de adjudicación
cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando
el Letrado de la Administración de Justicia deniegue la adjudicación, a instancia del ejecutado,
procederá al alzamiento del embargo.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esta facultad, el Letrado de la
Administración de Justicia procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
Ciento seis. Se modifica el artículo 652, que queda redactado como sigue:
«Artículo 652. Devolución y destino de los depósitos constituidos para pujar. Reserva de postura.
1. Finalizada la subasta, el Portal de Subastas devolverá inmediatamente los depósitos de los
postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta.
Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva de las cantidades
consignadas por ellos, para que, si el rematante no entregare en plazo el resto del precio, pueda
adjudicarse el bien o lote en favor del primero de los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que hubieran sido realizadas.
110
En el momento en que, como consecuencia del impago del precio por el primer postor, el Portal de
Subastas comunique la identidad del siguiente postor con reserva de postura, el Letrado de la
Administración de Justicia ordenará la devolución de los depósitos de los demás postores y
quedarán sin efecto sus reservas de postura.
Cuando el Letrado de la Administración de Justicia compruebe que el mejor postor en la subasta
ha sido el mismo ejecutante, ordenará al Portal de Subastas que devuelva los depósitos de todos
los postores que hubieran efectuado reserva de postura, como si el precio de remate ya hubiera
sido satisfecho.
2. Las devoluciones que procedan con arreglo a lo establecido en el apartado anterior se harán a
quien efectuó el depósito con independencia de si hubiere actuado por sí como postor o en nombre
de otro.»
Ciento siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 653, que queda redactado como sigue:
«1. Si el mejor postor o, en su caso, el primero de los postores que hubiera reservado postura no
efectuaran el pago del precio en el plazo señalado o si por culpa de ellos dejare de tener efecto la
venta, perderán el depósito que hubieran efectuado y se procederá a nueva subasta, salvo que
con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses
del crédito del ejecutante y las costas.
Ciento ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 655, que queda redactado como sigue:
«1. Las normas de esta sección se aplicarán a las subastas de bienes inmuebles y a las de bienes
muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquéllos, exceptuando, en
relación con estos últimos, las reglas relativas a la adjudicación y puesta en posesión de los
bienes.»
Ciento nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 656, que queda redactado como sigue:
«2. El registrador hará constar por nota marginal la expedición de la certificación a que se refiere
el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera.
Desde el inicio de la subasta que haya de celebrarse, y hasta su finalización, el registrador
notificará, inmediatamente y de forma telemática, al Letrado de la Administración de Justicia y al
Portal de Subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen
la información inicial a los efectos del artículo 667.
El Portal de Subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de modo inmediato
para su traslado a los que consulten su contenido.»
Ciento diez. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 657, que queda redactado como sigue:
111
«1. El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución se dirigirá de oficio a
los titulares de los créditos anteriores que sean preferentes al que sirvió para el despacho de la
ejecución y al ejecutado para que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y
su actual cuantía. Aquéllos a quienes se reclame esta información deberán indicar con la mayor
precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa y, en caso de subsistir, qué
cantidad resta pendiente de pago, la fecha de vencimiento y, en su caso, los plazos y condiciones
en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también
de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan los intereses que se
devenguen por cada día de retraso. Cuando la preferencia resulte de una anotación de embargo
anterior, se expresarán la cantidad pendiente de pago por principal e intereses vencidos a la fecha
en que se produzca la información, así como la cantidad a que asciendan los intereses moratorios
que se devenguen por cada día que transcurra sin que se efectúe el pago al acreedor y la previsión
de costas. En el supuesto de que el crédito hubiera sido satisfecho íntegramente en virtud de
subrogación de acreedor, se deberá identificar al pagador. En este caso, el nuevo acreedor será
quien deba informar del estado actual de su crédito.
Los oficios que se expidan en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior se remitirán a la dirección
electrónica habilitada del acreedor. Si no la tuviera, se entregarán al procurador del ejecutante para
que se encargue de su cumplimiento. Tratándose de entidades de crédito, la contestación deberá
ir acompañada de los documentos que acrediten la identidad, facultades y representación del
firmante de la certificación requerida. Sin estos documentos, no se tendrá por atendido el
requerimiento.
3. Transcurridos diez días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno
de ellos haya contestado, el Letrado de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el
apercibimiento de la imposición de las multas previstas en los artículos 589 y 591 de esta ley,
mientras no sean atendidos.»
Ciento once. Se modifican la rúbrica y el apartado 1 del artículo 667, que quedan redactados como
sigue:
«Artículo 667. Convocatoria, anuncio y publicidad de la subasta.
1. La subasta se convocará de acuerdo con lo previsto en el artículo 644, y se anunciará y publicará
conforme lo previsto en el artículo 645.»
Ciento doce. Se modifica el artículo 668, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 668. Contenido del anuncio y publicidad de la subasta.
1. El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad se realizará con arreglo a lo previsto en
el artículo 646.
112
2. En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto
que expresará, además de los datos indicados en el artículo 646, la identificación de la finca o
fincas objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral si la tuvieran, así como la
documentación que contenga cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y,
necesariamente, el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, incluyendo, a estos efectos,
el informe de tasación extrajudicial, cuyo certificado conste en el título ejecutivo, y que hubiera
servido como referencia para determinar el valor de subasta; la minoración de cargas preferentes,
si las hubiera, mediante la incorporación de las comunicaciones donde conste la situación
actualizada de esos créditos; y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de ejecución.
También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en
el apartado 3 del artículo 669. Estos datos y documentos deberán remitirse al Portal de Subastas
de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información.
En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente en el procedimiento de ejecución o asume su
inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de
la subasta establecidos en el artículo 670. También se informará que el traslado previsto por ese
artículo, para que el ejecutado pueda presentar a otra persona que mejore el precio resultante de
la subasta, comenzará a contar desde la fecha de su cierre, sin necesidad de notificación,
haciéndose constar este extremo en el decreto acordando la subasta. Además se señalará que las
cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por
el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se adjudicare a su favor.
3. La certificación registral, si se ha expedido, se consultará a través del Portal de Subastas. De
toda finca objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de
Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así como
la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia catastral si
estuviera incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la
finca en los términos legalmente previstos, si ello fuera posible. Si el Registro, a través de los
sistemas del Colegio de Registradores, no facilitara la certificación de dominio y cargas, ésta será
incorporada al Portal de Subastas por el Letrado de la Administración de Justicia previamente al
inicio de la subasta.»
Ciento trece. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 669, que queda redactado como sigue:
«1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán, previamente, consignar en la forma
establecida en el apartado 1 del artículo 647, una cantidad equivalente al 20 por ciento del valor
que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta ley, o un
mínimo de 1.000 euros si el importe que resultara de la aplicación de ese porcentaje fuera inferior.
El Letrado de la Administración de Justicia está facultado para elevar o reducir el porcentaje del
depósito, considerando las circunstancias de la subasta.
113
4. La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días se realizará
mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información registral desde
el Portal de Subastas, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase, en la forma prevista
por el artículo 667.»
Ciento catorce. Se modifica el artículo 670, que queda redactado como sigue:
«Artículo 670. Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de los bienes al acreedor.
1. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere
salido a subasta, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, mediante
decreto, el día siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor.
En el plazo de veinte días siguientes al cierre de la subasta, el mejor postor habrá de consignar en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.
2. Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual o superior al 70 por 100 del valor por
el que el bien hubiere salido a subasta, y fuera superior al principal reclamado, aprobado el remate
se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por
principal, intereses y costas. Notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si
la hubiere, y se dictará el decreto de adjudicación. Si no efectuara el pago en el plazo de diez días,
se declarará la quiebra de la subasta y se descontará del crédito del ejecutante el importe
equivalente al depósito exigido a los demás postores para participar en la subasta, corriendo a su
cargo los gastos de celebración de la nueva subasta.
3. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por ciento del valor por el que
el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días a contar desde la
fecha de cierre de la subasta, presentar escrito indicando que otra persona está dispuesta a mejorar
el precio de la subasta ofreciendo una cantidad igual o superior al 60 por ciento del valor de subasta
o que, aun siendo inferior a ese porcentaje, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción
del derecho del ejecutante.
La persona indicada por el ejecutado en su escrito deberá haber ingresado previamente en la
cuenta de depósitos y consignaciones el importe equivalente al del depósito exigido para participar
en la subasta y tendrá un plazo de diez días para pagar el resto del precio ofrecido. Ese plazo se
computará a partir del día en que se haya efectuado el ingreso. Si no efectuara el pago en ese
plazo perderá el depósito realizado, que se aplicará a los fines de la ejecución, y se acordará la
celebración de una nueva subasta, si fuera necesaria. Ello sin perjuicio de que, si la mejora es por
la cantidad suficiente para lograr la completa satisfacción del crédito del ejecutante, se practique la
correspondiente liquidación a los efectos de ingresar la cantidad que falte o devolverle el sobrante
que resulte. El ingreso del resto deberá efectuarse también en el plazo de diez días, con
apercibimiento de pérdida del depósito.
114
Habiendo pujas y no siendo el mejor postor, el ejecutante no podrá mejorar el precio ni pedir la
adjudicación del bien o lote con posterioridad a la subasta, conforme a lo dispuesto en el artículo
647.
Cuando el ejecutado no haga uso de la facultad de mejora o ésta no haya tenido efecto, se aprobará
el remate del bien en favor del mejor postor, aunque se haya subastado conjuntamente con otros
bienes, siempre que la cantidad que se ofrezca por él sea igual o superior al 50 por ciento de su
valor de subasta. No obstante, también se aprobará el remate por la cantidad suficiente para lograr
la completa satisfacción del derecho del ejecutante, sin que pueda ser inferior al 40 por ciento del
valor de subasta. En este caso, la adjudicación del bien supondrá la terminación de la ejecución
por completa satisfacción del ejecutante, quedando liberados el resto de bienes que pudieran
garantizar el pago de lo reclamado. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Letrado de
la Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la
aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente
la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las
posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el
sacrificio patrimonial que la aprobación o no aprobación del remate suponga para el deudor, para
el propio ejecutante o para terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de
ella obtenga el acreedor.
Contra el decreto que apruebe o deniegue el remate cabe recurso directo de revisión ante el tribunal
que dictó la orden general de ejecución. Cuando el Letrado de la Administración de Justicia
deniegue la aprobación del remate, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo.
Tratándose de la vivienda habitual del deudor, no se aprobará el remate por cantidad inferior al 70
por 100 de su valor de subasta, salvo que se haga por la cantidad que se le deba al ejecutante por
todos los conceptos. En este caso, no se podrá aprobar el remate de la vivienda por menos del 60
por 100 de ese valor. Cuando el ejecutante haya sido el mejor postor ofreciendo un precio que no
cumple esas condiciones, el Letrado de la Administración de Justicia, si el ejecutado no hace uso
de su facultad de mejora, procederá a aprobar el remate de la vivienda por el 70 por 100 del valor
de subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos si fuera inferior a ese
porcentaje, con un mínimo del 60 por 100 de su valor de subasta. Se aplicará en todo caso la regla
de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.
4. Si por la cuantía de la puja el ejecutado pudiera ejercitar la facultad de mejorar la postura, el
Letrado de la Administración de Justicia, transcurrido el plazo indicado, realizará la preceptiva
notificación a quien hubiera resultado mejor postor informándole, en su caso, que la persona
presentada por el ejecutado ha mejorado el precio ofrecido en la subasta y que se ordena la
inmediata devolución del depósito efectuado para participar en ella.
Si no hubiera habido mejora, o ésta finalmente no se hubiera llevado a efecto, aprobado el remate,
se requerirá al mejor postor para que en el plazo de veinte días efectúe el pago del resto del precio
115
que ofreció, descontado el depósito. Verificado el ingreso, se dictará el decreto de adjudicación. Si
no realizara el pago, perderá su depósito, que se aplicará a los fines de la ejecución.
5. Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto en los apartados anteriores
habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere y subrogarse
en la responsabilidad derivada de ellos.
6. Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el número 12.º del artículo 107
de la Ley Hipotecaria, el Letrado de la Administración de Justicia expedirá inmediatamente
testimonio del decreto de aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo
constar la finalidad para la que se expide. La solicitud suspenderá el plazo para pagar el precio del
remate, que se reanudará una vez entregado el testimonio al solicitante.
7. En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante,
podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por
principal, intereses y costas. En este supuesto, el Letrado de la Administración de Justicia acordará
mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma y lo comunicará
inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas.
8. Consignada, cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, la diferencia entre
lo depositado y el precio total del remate, se ordenará al Portal de Subastas la devolución de los
depósitos de los postores que han reservado postura y se dictará decreto de adjudicación en el
que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias
necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. También se ordenará la
devolución de los depósitos de esos postores cuando el mejor postor haya sido el ejecutante,
cuando la persona presentada por el ejecutado para mejorar postura haya ingresado el depósito
requerido para ello, o cuando por cualquier otra causa hubiera quedado sin efecto la subasta con
posterioridad a su celebración.»
Ciento quince. Se modifica el artículo 671, que queda redactado como sigue:
«Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
1. Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días
siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien o lote por un importe
determinado o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Si el ejecutante solicitara la adjudicación por una cantidad inferior al 70 por 100 del valor de subasta,
se dará al deudor el traslado previsto por el artículo 670.3, a fin de que pueda mejorarla.
Cuando el ejecutado no haga uso de esa facultad de mejora y no se tratara de la vivienda habitual
del deudor, se adjudicará el bien al ejecutante, aunque se haya subastado conjuntamente con
otros, siempre que la cantidad que se hubiera ofrecido por el bien fuera igual o superior al 50 por
100 de su valor de subasta.
116
Si la petición de adjudicación fuera por la cantidad que se debiera por todos los conceptos, su
importe no podrá ser inferior al 40 por 100 del valor de subasta. En este caso, la adjudicación del
bien supondrá la terminación de la ejecución por la completa satisfacción del ejecutante, quedando
liberados el resto de bienes que pudieran garantizar el pago de lo reclamado.
Si la cantidad ofrecida por el ejecutante tampoco cumpliera esas condiciones, el Letrado de la
Administración de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la
adjudicación a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la
conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las
posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el
sacrificio patrimonial que la adjudicación o no adjudicación del bien suponga para el deudor, para
el propio ejecutante o para terceros acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de
ella obtenga el acreedor. Contra el decreto que apruebe o deniegue la petición de adjudicación
cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando
el Letrado de la Administración de Justicia deniegue la adjudicación, a instancia del ejecutado,
procederá al alzamiento del embargo.
2. El ejecutante no podrá adjudicarse la vivienda habitual del deudor, ni aun cuando actúe como
postor rematante, por cantidad inferior al 70 por 100 de su valor de subasta, salvo que lo haga por
la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En este caso, no se podrá adjudicar la vivienda
habitual por menos del 60 por 100 del valor de subasta. Se aplicará en todo caso la regla de
imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.
3. Cuando el acreedor no pidiera la adjudicación en el plazo de veinte días, el Letrado de la
Administración de Justicia, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo.»
Ciento dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 682, que queda redactado como sigue:
2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán
siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en
ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado
en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los
requerimientos y de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán siempre por medios electrónicos cuando sus destinatarios tengan
obligación, legal o contractual, de relacionarse con la Administración de Justicia por dichos medios.
En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local
en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.»
117
Ciento diecisiete. Se modifica el artículo 722, que queda redactado como sigue:
«Artículo 722. Medidas cautelares en el caso de intento de medios adecuados de solución de
controversias, arbitrajes y litigios extranjeros.
Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite haber iniciado un intento de solución
extrajudicial a través de un medio adecuado de solución de controversias, o quien acredite ser
parte de un convenio arbitral, con anterioridad al indicio del intento de solución o del arbitraje.
También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un medio adecuado de solución de
controversias o en un procedimiento arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la
formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida solicitud o
encargo a la institución correspondiente según su Reglamento.
Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas de
Derecho europeo que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un tribunal español por
quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional, de solución adecuada de controversias o
arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares si se dan los
presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal
fuesen exclusivamente competentes los tribunales españoles.»
Ciento dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 723, que queda redactado como sigue:
«2. Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la
sustanciación de la segunda instancia o de un recurso de casación, será competente el tribunal
que conozca de la segunda instancia o de dicho recurso.»
Ciento diecinueve. Se modifica el artículo 724, que queda redactado como sigue:
«Artículo 724. Competencia en casos especiales.
Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un procedimiento de solución
adecuada de controversias o arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal
competente el del lugar en que el acuerdo de solución extrajudicial de controversia o el laudo deba
ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Lo mismo
se observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero, salvo lo que prevean los
Tratados.»
Ciento veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 730 con la siguiente redacción:
«2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento
las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad.
118
En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se
presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días
siguientes a su adopción. El Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, acordará mediante
decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados,
condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que
haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas
Cuando las medidas cautelares se hubieren acordado estando en trámite un procedimiento de
solución adecuada de controversias, alcanzado el acuerdo éste habrá de ser puesto de manifiesto
ante el tribunal, al que se pedirá el alzamiento de las medidas, salvo que el acuerdo sea parcial y
alguna de las partes solicite el mantenimiento de las mismas o la adopción de otras distintas en
relación con los extremos sobre los que se mantenga la controversia. En caso de acuerdo total el
Letrado de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares
adoptadas. En el caso de acuerdo parcial, si alguna de las partes solicitara el mantenimiento de
las medidas o la adopción de alguna medida cautelar distinta se dará cuenta al tribunal que, oída
la parte contraria, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a las circunstancias que
justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas medidas.
En defecto de acuerdo o si existiendo un acuerdo parcial no se solicitara el mantenimiento de las
medidas o la adopción de otras distintas, quedarán sin efecto si no se presenta demanda ante el
tribunal competente en el plazo de veinte días desde la finalización del proceso de negociación, o
si en el mismo plazo no se inicia un procedimiento arbitral, comunicándolo así al tribunal.»
Ciento veintiuno. Se modifica la regla 1.ª del artículo 770, que queda redactada como sigue:
«1ª. A la demanda deberá acompañarse certificación de la inscripción del matrimonio, y en su caso,
las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que
el cónyuge funde su derecho. Si se solicitan medidas de carácter patrimonial, tanto la parte actora
como la parte demandada deberán aportar los documentos de que dispongan que permitan evaluar
la situación económica de los cónyuges, y en su caso, de los hijos, tales como declaraciones
tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales. De
igual forma se deberá acreditar la resolución judicial o acuerdo en virtud del cual corresponde el
uso de la vivienda familiar.»
Ciento veintidós. Se modifica el artículo 776, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 776. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas.
1. Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de
esta ley, con las especialidades siguientes:
1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad
que le correspondan podrán imponérsele por el Letrado de la Administración de Justicia multas
119
coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su
patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.
2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no
procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero
del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas
mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho
precepto.
3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte
del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal
del régimen de guarda y visitas.
4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente
previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de
ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto
extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la
contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las
partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y
que resolverá mediante auto.
2. En los casos de ejecución forzosa de pronunciamientos sobre cualquiera de las medidas
mencionadas en las especialidades 2ª a 4ª del apartado anterior, el tribunal podrá derivar la
controversia a medios adecuados de solución de controversias, o de seguimiento de las medidas
sobre custodia y visitas, siempre que considere fundadamente que es posible un acuerdo entre las
partes. Si todas las partes manifestaran su conformidad con la derivación, la misma deberá
desarrollarse en el plazo máximo que fije el tribunal atendiendo a la complejidad de la ejecución y
demás circunstancias concurrentes.
No obstante, si quince días antes de cumplirse el plazo fijado judicialmente, todas las partes
manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo
determinado que deberán especificar de común acuerdo, el Juez podrá acceder a ello si observa
avances en la negociación que permiten prever una solución extrajudicial de la controversia en el
nuevo plazo solicitado.
Las partes deberán comunicar al tribunal si han alcanzado o no a un acuerdo dentro del plazo
fijado. Si han llegado a un acuerdo el Letrado de la Administración de Justicia decretará la
terminación de la ejecución.»
Ciento veintitrés. Se modifica el artículo 815, que queda redactado como sigue:
«Artículo 815. Admisión de la petición y requerimiento de pago.
120
1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo
812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se
exponga en aquella, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en el
plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste
y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su
entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al juez
para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.
El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento
de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra
él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente.
2. En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, la
notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las
notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de
propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o
local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto
en el artículo 164 de la presente ley.
3. Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es
correcta, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso,
mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento
de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.
Igualmente, si se considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario
o profesional y un consumidor o usuario, el Letrado de la Administración de Justicia, previamente
a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez, quien, si estimare que alguna de las
cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad
exigible pudiera ser calificada como abusiva, podrá plantear mediante auto una propuesta de
requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir de la cantidad reclamada la cuantía
derivada de la aplicación de la cláusula.
En ambos casos, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de
diez días, entendiéndose aceptada si dejara transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna.
En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión,
pudiendo ejercitar la parte no satisfecha únicamente en el procedimiento declarativo que
corresponda.
Si la propuesta fuera aceptada se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad.
En otro caso se tendrá al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión
únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.
121
El auto que se dicte en este último caso será directamente apelable por la parte personada en el
procedimiento.
4. Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad por la que se pide el requerimiento de
pago, lo declarará así y el Letrado de la Administración de Justicia procederá a requerir al deudor
en los términos previstos en el apartado 1.»
Ciento veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 818, que queda redactado como sigue:
2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el Letrado de la
Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando
seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición
al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Presentado el escrito de
impugnación o transcurrido el plazo sin haberse efectuado, se dictará diligencia de ordenación
acordando conceder a ambas partes el plazo de cinco días a fin de que propongan la prueba que
quieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas
mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista para que
declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias
precisos para llevar a cabo la citación y podrán pedir respuestas escritas a cargo de personas
jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381, continuando el
procedimiento por los trámites del artículo 438.9 y siguiente.
Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario no interpusiera la
demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición,
el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y
condenando en costas al acreedor. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso
monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y
siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que
resuelva lo que corresponda.»
Ciento veinticinco. Se modifica la regla 6.ª del apartado 4 de la disposición final vigésima quinta,
que queda redactada como sigue:
«6.ª Contra dicho auto cabe recurso de apelación. Contra la sentencia dictada en segunda instancia
cabrá, en su caso, recurso de casación en los términos previstos por esta ley. El órgano judicial
que conozca de alguno de estos recursos, podrá suspender el procedimiento si se ha presentado
un recurso ordinario contra la resolución en el Estado miembro de origen o si aún no ha expirado
el plazo para interponerlo, conforme al artículo 51 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. A estos
efectos, cuando la resolución se haya dictado en Irlanda, Chipre o el Reino Unido, cualquier recurso
previsto en alguno de estos Estados miembros de origen será considerado recurso ordinario.»
122
Ciento veintiséis. Se modifica la regla 3.ª del apartado 5 de la disposición final vigésima sexta, que
queda redactada como sigue:
«3.ª Contra la sentencia dictada en segunda instancia cabrá, en su caso, recurso de casación en
los términos previstos por esta ley.»
Artículo 19. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda modificada como
sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 21, que queda redactado como sigue:
«2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado, representado
técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo hará constar en la
demanda. Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del artículo 81, el demandado
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda
éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de
oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.»
Dos. Se modifican los apartados 3, 5 y 7 del artículo 25, que quedan redactados como sigue:
«3. También podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno o varios
actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo
por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o
conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos o en una misma decisión
empresarial.
Si en estos casos, el o los actores no ejercitan conjuntamente las acciones, el juzgado acordará
obligatoriamente la acumulación de los procesos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28 de esta ley.
5. En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista
más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, en el momento de su presentación se
repartirán al juzgado o sección que conociera o hubiere conocido del primero de dichos procesos,
las demandas ulteriores relativas a dicho accidente de trabajo o enfermedad profesional. En su
defecto, las partes deberán informar de esta circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera
repartido la primera demanda o recurso, en el plazo de cinco días desde la notificación de la
admisión de la segunda o ulteriores demandas o recursos.
123
7. Cuando el acto administrativo impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, de existir más
de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, las demandas o recursos ulteriores relativas
a dicho acto se repartirán al juzgado o sección que estuviere conociendo o hubiere conocido del
primero de dichos procesos, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en
la demanda. Con tal fin, la Administración autora del acto impugnado comunicará al juzgado o
tribunal, tan pronto le conste, si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas o recursos
en las que puedan concurrir los supuestos de acumulación previstos en esta ley. En su defecto, el
resto de partes deberán informar de esta circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera
repartido la primera demanda o recurso, en el plazo de cinco días desde la notificación de la
admisión de la segunda o ulteriores demandas o recursos.»
Tres. Se modifican los apartados 1, 3 y 8 del artículo 26, que quedan redactados como sigue:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en el apartado 1 del
artículo 32 y en el artículo 33, no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio,
ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del
contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute
de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su
modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos,
las de impugnación de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela
de derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco podrán acumularse las acciones en
reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a las que se refiere el
artículo 138 bis.
3. Podrán acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extinción del contrato
siempre que la acción de despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la
modalidad procesal de despido. Cuando para la acción de extinción del contrato de trabajo del
artículo 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se invoque la falta de pago del salario pactado,
contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamación salarial podrá
acumularse a la acción solicitando la extinción indemnizada del vínculo, pudiendo, en su caso,
ampliarse la demanda para incluir las cantidades posteriormente adeudadas.
El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de las cantidades vencidas,
exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa fecha, sin que por ello se altere el orden
de intervención del apartado 1 del artículo 105 de esta ley.
También se podrán acumular en una misma demanda acciones de despido por causas objetivas
derivadas del apartado l) del artículo 49 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por parte de distintos actores
contra un mismo demandado siempre que deriven de cartas de despido con idéntica causa.
124
8. Asimismo, se podrán acumular en una misma demanda acciones de modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo por parte de distintos actores contra un mismo demandado siempre que
deriven de los mismos hechos o de una misma decisión empresarial.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 28, que queda redactado como sigue:
«1. Si en el mismo juzgado o tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado,
aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones idénticas o susceptibles de
haber sido acumuladas en una misma demanda, se acordará obligatoriamente la acumulación de
los procesos.»
Cinco. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:
«Artículo 29. Acumulación de procesos seguidos ante distintos juzgados.
Si en el caso del artículo anterior las demandas pendieran en distintos procesos ante dos o más
Juzgados de lo Social de una misma circunscripción, también se acordará obligatoriamente la
acumulación de todas ellas. Esta petición habrá de formularse ante el juzgado o tribunal que
conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.»
Seis. Se modifica el artículo 34 que queda redactado como sigue:
«Artículo 34. Momento de la acumulación. Separación de uno o varios procesos de una
acumulación acordada.
1. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse antes de la celebración
de los actos de conciliación, en su caso, o de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvención.
2. Acordada la acumulación de procesos, no podrá ésta dejarse sin efecto por el juez o tribunal,
respecto de uno o varios de ellos, salvo que no se hayan cumplido las prescripciones legales sobre
la acumulación o cuando el juez justifique, de forma motivada, que la acumulación efectuada podría
ocasionar algún perjuicio al resto de intervinientes.
3. Planteada la acumulación, podrán suspenderse durante el tiempo imprescindible aquellas
actuaciones cuya realización pudiera privar de efectividad a la decisión que, sobre la procedencia
de la acumulación, pudiera dictarse.»
Siete. Se modifica el artículo 44, que queda redactado como sigue:
«Artículo 44. Lugar de presentación de escritos y documentos.
Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en la forma establecida en el
artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 50, que queda redactado como sigue:
125
«Artículo 50. Sentencias orales.
1. El juez, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz, con el
contenido y los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 97.
Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, el allanamiento total efectuado, así
como, en su caso, los términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de común
acuerdo por las partes.
Su dictado tendrá lugar al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las partes, quedando
documentada en el soporte audiovisual del acto, sin perjuicio de la ulterior redacción por el juez o
magistrado del encabezamiento, los hechos probados, la mera referencia a la motivación
pronunciada de viva voz, dándose por reproducida, y el fallo íntegro, con expresa indicación de su
firmeza o, en su caso, de los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y
plazo para ello.
En aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social colegiado, de
conformidad a la Ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente escrita.
Pronunciada oralmente una sentencia, si todas las personas que fueren parte en el proceso
estuvieren presentes en el acto debidamente asistidas por abogado o representadas por
procurador o graduado social, y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo
acto, la firmeza de la resolución.
Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde que se notificase a la parte la
resolución así dictada, mediante el traslado del soporte audiovisual que la haya registrado, o el
acceso al mismo, junto con el testimonio del texto redactado referido en el párrafo segundo.»
Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 53, que queda redactado como sigue:
«2. En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su
caso los profesionales designados, señalarán el domicilio físico, teléfono y dirección electrónica
para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.»
Diez. Se modifica el artículo 55, que queda redactado como sigue:
«Artículo 55. Lugar de las comunicaciones.
126
Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos a las partes que no actúen
representadas en los términos del artículo 18 de esta ley, se harán en el local de la oficina judicial,
si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados, o por haber sido emplazados para ello y,
en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos. Cuando se trate de personas que estén
legalmente obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o que
hayan optado por la utilización de estos medios se realizará conforme a lo establecido en el artículo
162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o
intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales se estará a lo
establecido en al apartado 4 del artículo 155 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.»
Once. Se modifica el apartado 5 del artículo 56, que queda redactado como sigue:
«5. Cuando se trate de personas que estén legalmente obligadas a relacionarse electrónicamente
con la Administración de Justicia o que hayan optado por la utilización de estos medios, se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, sin que quepa en el orden jurisdiccional social la posibilidad de obligar contractualmente al
trabajador a dicha relación electrónica.»
Doce. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:
«Artículo 59. Comunicación edictal.
1. Cuando una vez intentado el acto de comunicación y habiendo utilizado los medios oportunos
para la investigación del domicilio, incluida en su caso la averiguación a través de los Registros,
organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas, éstos hayan resultado infructuosos y
no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, se consignará por diligencia.
2. No deberá realizarse la averiguación de domicilio en el supuesto del artículo 157.2 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En tal caso el Letrado de la Administración de
Justicia dictará diligencia de ordenación acordando directamente la comunicación edictal del
interesado.
3. La comunicación edictal se llevará a cabo de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 64, que queda redactado como sigue:
«1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos
que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad
Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los
trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica colectiva,
127
modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectivas, suspensión del contrato y
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas
de fuerza mayor, procesos monitorios, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios
colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela
de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos
arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones,
los de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a los que se
refiere el artículo 138 bis, así como aquéllos en que se ejerciten acciones laborales de protección
contra la violencia de género.»
Catorce. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 65, que quedan redactados como sigue:
«1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá la prescripción o
suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de dicha presentación, reiniciándose o
reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos al día siguiente de intentada la
conciliación o mediación o transcurridos treinta días naturales desde su presentación sin que se
haya celebrado.
2. En todo caso, transcurrido el plazo de un mes sin haberse celebrado el acto de conciliación o
sin haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el
procedimiento y cumplido el trámite.»
Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 66, que queda redactado como sigue:
«1. La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes.
A efectos de ulteriores actuaciones judiciales, las partes deberán aportar su número de teléfono,
dirección de correo electrónico y/o cualquier otro medio idóneo que permita su comunicación
telemática, realizándose las notificaciones desde ese momento en la dirección telemática facilitada,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 33 y siguientes de la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia.»
Dieciséis. Se modifica el apartado 4 del artículo 75, que queda redactado como sigue:
«4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De
vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo
dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada,
de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias
del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o
a terceros, una multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en ningún caso
pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.
128
Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia.
La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la
multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será
resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de
Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.
De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación
o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 81, que queda redactado como sigue:
«Artículo 81. Admisión de la demanda.
1. El Letrado de la Administración de Justicia, dentro de los tres días siguientes a la recepción de
la demanda, requerirá a las partes y al Ministerio Fiscal de conformidad con el artículo 5 de esta
ley, si entendiera que concurren los supuestos de falta de jurisdicción o competencia. Cumplido el
trámite dará inmediata cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo que estime oportuno. En otro
caso, sin perjuicio de los procedimientos de señalamiento inmediato que puedan establecerse,
resolverá sobre la admisión a trámite de aquélla, con señalamiento de juicio en la forma prevista
en el artículo siguiente, o advertirá a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al
redactar la demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir
la válida prosecución y término del proceso, así como en relación con los documentos de preceptiva
aportación con la misma, salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo para la
conciliación o mediación previa, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días.
2. Realizada la subsanación, el Letrado de la Administración de Justicia admitirá la demanda. En
otro caso, dará cuenta al juez o tribunal para que por el mismo se resuelva, dentro de los tres días
siguientes, sobre su admisibilidad.
3. Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa, o
de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no haberse celebrado en plazo
legal, el Letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y
proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento
del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
4. Si la demanda fuera directamente admisible, o una vez subsanada la misma, y en ella se
solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, el Letrado de la
Administración de Justicia, en el decreto de admisión de la demanda, acordará lo que corresponda
para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o tribunal decida sobre su admisión o
inadmisión en el acto del juicio.
129
Si en la demanda se solicitasen diligencias de anticipación o aseguramiento de la prueba, se dará
cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente, dentro de los tres días siguientes,
debiendo notificarse la resolución correspondiente junto con la de admisión a trámite de la demanda
y la notificación del señalamiento.
5. El Letrado de la Administración de Justicia requerirá a la parte demandada para que, en el plazo
de diez días desde la notificación de la demanda, designe letrado, graduado social colegiado o
procurador, salvo que litigase por sí misma. Este plazo no será de aplicación en los supuestos
específicos señalados en esta ley.»
Dieciocho. Se modifica el artículo 82, que queda redactado como sigue:
«Artículo 82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio.
1. De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos, en la
misma resolución de admisión a trámite señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y de juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la
efectiva celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro distinto y
en los supuestos de nuevo señalamiento después de una suspensión.
En el caso de que la representación corresponda al abogado del Estado, al Letrado de la
Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de las Comunidades
Autónomas, o al Letrado de las Cortes Generales, la resolución de admisión a trámite señalará el
día y la hora en que deba tener lugar el acto del juicio.
En el señalamiento de las vistas y juicios el Letrado de la Administración de Justicia atenderá a los
criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y
procurará, en la medida de lo posible, señalar en un mismo día los que se refieran a los mismos
interesados y no puedan ser acumulados, así como relacionar los señalamientos de los procesos
en los que se deba intentar la conciliación previa por parte del Letrado de la Administración de
Justicia con los exentos de dicho trámite. En especial, las audiencias y vistas que requieran la
presencia del representante del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado, Letrados de las Cortes
Generales, Letrados de la Administración de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas
o de la Administración Local, serán agrupadas, señalándose de forma consecutiva.
2. La celebración de los actos de conciliación y juicio, el primero ante el Letrado de la Administración
de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado, tendrá lugar en distinta convocatoria, debiendo
hacerse a este efecto la citación en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en
su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos; así como requiriendo
de la Administración pública la remisión del expediente administrativo, cuando proceda, dentro de
los diez días siguientes a la notificación.
3. El acto de conciliación se celebrará a partir de los treinta días desde la admisión de la demanda,
y en todo caso con una antelación mínima de treinta días a la celebración del acto del juicio, salvo
130
los supuestos fijados en esta ley. Con objeto de procurar criterios homogéneos y uniformes en la
celebración de actos de conciliación, se aplicarán las directrices fijadas desde la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
También en el señalamiento del acto de conciliación se procurará fijar para un mismo día los
procedimientos que se refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados.
4. En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y juicio no podrán
suspenderse por incomparecencia del demandado, salvo causas justificadas y en los supuestos
legalmente previstos. También se consignará que los litigantes han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar, sin esperar a la fecha del
señalamiento, conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial o en los términos previstos en el apartado primero del artículo 84. Asimismo, podrán
someter la cuestión litigiosa a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin
sin que ello dé lugar a la suspensión de la comparecencia, salvo que de común acuerdo lo soliciten
ambas partes justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el
procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días.
5. De oficio o a petición de parte podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación
anticipada, en soporte preferiblemente informático y con diez días de antelación al acto de juicio,
de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, precise de su examen
previamente al momento de la práctica de la prueba.
6. Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al abogado del Estado, se le
concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General del Estado–Dirección
del Servicio Jurídico del Estado. Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al
letrado de la Administración de la Seguridad Social, se le concederá igualmente un plazo de
veintidós días para la consulta a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la
Seguridad Social. Este mismo plazo se entenderá, respecto de las Comunidades Autónomas, para
consulta al organismo que establezca su legislación propia, así como cuando la representación y
presencia en juicio sea atribuida al Letrado de las Cortes Generales. El señalamiento del juicio se
hará de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo.»
Diecinueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 83, que queda redactado como sigue:
«3. La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, sin perjuicio de la sanción que, por esta
circunstancia, se impondrá en sentencia en los términos establecidos en el artículo 97.3.»
Veinte. Se modifican los apartados 1, 3 y 6 del artículo 84, que queda redactado como sigue:
«1. El Letrado de la Administración de Justicia intentará la conciliación y advertirá a las partes de
los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles.
131
No podrá intentarse nueva conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia con
posterioridad a este momento procesal. Sólo cabrá nueva intervención del Letrado de la
Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a
suspender por cualquier causa.
Si las partes alcanzan la avenencia, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto
aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. Del mismo modo, corresponderá
al Letrado de la Administración de Justicia la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes
del día señalado para el acto del juicio. A tal efecto las partes podrán anticipar la conciliación por
vía telemática. Cuando el acuerdo venga firmado digitalmente por todas las partes, se dictará
decreto en el plazo máximo de tres días. En su defecto, y para su posterior ratificación y firma, se
citará a las partes a comparecencia en un plazo máximo de cinco días. La conciliación y la
resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.
La conciliación alcanzada ante el Letrado de la Administración de Justicia y los acuerdos logrados
entre las partes y aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de
conciliación judicial.
3. En caso de no haber avenencia, el demandado alegará oralmente y de forma sucinta los hechos
y motivos de su oposición, sin perjuicio de su presentación por escrito de forma telemática en el
plazo máximo de tres días desde la celebración de este acto. En dichas alegaciones se incluirán
las cuestiones procesales que pudieran suscitar una suspensión el día de la vista, tales como las
relativas a la competencia previstas en el Capítulo II del Título I de esta ley, la existencia de terceros
que deban ser llamados al procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los
intervinientes.
6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o
tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos
en esta ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros
perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán
ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los
posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad.»
Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
«1. En el acto del juicio, habiéndose dado cuenta de lo actuado, se resolverá, en primer término,
motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan
formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin
perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán
oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre
las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los
presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las
garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.
132
A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá
hacer en ella variación sustancial.»
Veintidós. Se añade un nuevo artículo 86 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 86 bis. Procedimiento testigo.
1. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de procesos con idéntico
objeto y misma parte demandada, el órgano jurisdiccional, siempre que conforme a la presente ley
no fueran susceptibles de acumulación, deberá tramitar preceptivamente uno o varios con carácter
preferente, atendiendo al orden de presentación de las respectivas demandas, previa audiencia de
las partes por plazo común de cinco días y suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte
sentencia en los primeros.
2. Una vez firme la sentencia, se dejará constancia de ella en los procesos suspendidos y se
notificará a las partes de los mismos a fin de que, en el plazo de cinco días, puedan interesar los
demandantes la extensión de sus efectos en los términos previstos en el artículo 247 ter de esta
ley, la continuación del procedimiento o bien desistir de la demanda.»
Veintitrés. Se modifica la rúbrica y el apartado 3 del artículo 90, que quedan redactados como
sigue:
«Artículo 90. Preparación y admisibilidad de los medios de prueba.
3. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, diligencias
de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el señalamiento se deba efectuar
con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez o
tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio.»
Veinticuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 97, que queda redactado como sigue:
«3. La sentencia, motivadamente, impondrá una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se
fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de
conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 83.3, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. Asimismo,
la sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia
condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación
o en la solicitud de mediación.
La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa
audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad
de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un
término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia
a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el Letrado de la
133
Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas
previstas en el apartado 3 del artículo 66.»
Veinticinco. Se modifica el artículo 101, que queda redactado como sigue:
«Artículo 101. Proceso monitorio.
En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso, referidas
a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relación laboral,
excluyendo las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación
de los trabajadores, así como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras
de la Seguridad Social, que no excedan de quince mil euros, el trabajador podrá formular su
pretensión en la forma siguiente:
a) El proceso monitorio comenzará por petición inicial en la que se expresarán la identidad completa
y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos
de localización, y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del
demandante como del demandado, así como el detalle y desglose de los concretos conceptos,
cuantías y períodos reclamados. Deberá acompañarse copia del contrato, recibos de salarios,
comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o
informe de vida laboral, u otros documentos análogos de los que resulte un principio de prueba de
la relación laboral y de la cuantía de la deuda, así como documentación justificativa de haber
intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles. La solicitud se presentará,
preferentemente, por medios informáticos, de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el
modelo o formulario que se facilite al efecto.
b) El Letrado de la Administración de Justicia procederá a la comprobación de los requisitos
anteriores, completando, en su caso, los indicados en la solicitud con otros domicilios, datos de
identificación o que afecten a la situación empresarial, utilizando a tal fin los medios de que
disponga el juzgado, y concederá trámite de subsanación por cuatro días de cualquier defecto que
apreciare, salvo que sean insubsanables. En caso de apreciar defectos insubsanables, o de no
subsanarse en plazo los apreciados, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión o
inadmisión de la petición.
De ser admisible la petición, requerirá al empresario para que, en el plazo de diez días, pague
directamente al trabajador, acreditándolo ante el juzgado, o comparezca ante éste y alegue
sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que a su entender, no debe, en todo o
en parte, la cantidad reclamada, con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni
comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él.
Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se
ampliará respecto del mismo por otros diez días más, si manifestase que necesita efectuar
averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.
134
c) Transcurrido el plazo conferido en el requerimiento, de haberse abonado el total importe, se
archivará el proceso.
De no haber mediado en dicho plazo oposición, por escrito y en forma motivada, del empresario o
del Fondo de Garantía Salarial, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando
por terminado el proceso monitorio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de
ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.
Desde la fecha de este decreto devengará el interés procesal del apartado 2 del artículo 251 de
esta ley.
Contra el auto de despacho de la ejecución, conteniendo la orden general de ejecución, procederá
oposición según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de esta ley y pudiendo alegarse a tal
efecto la falta de notificación del requerimiento. Contra el auto resolutorio de la oposición no
procederá recuso de suplicación.
d) En caso de insolvencia o concurso posteriores, el auto de despacho de la ejecución servirá de
título bastante, a los fines de la garantía salarial que proceda según la naturaleza originaria de la
deuda; si bien no tendrá eficacia de cosa juzgada, aunque excluirá litigio ulterior entre empresario
y trabajador con idéntico objeto y sin perjuicio de la determinación de la naturaleza salarial o
indemnizatoria de la deuda y demás requisitos en el expediente administrativo oportuno frente a la
institución de garantía, en su caso.
e) Si se formulase oposición en el plazo y la forma expresada en la letra b) anterior, se dará traslado
a la parte demandante para que manifieste en tres días lo que a su derecho convenga respecto a
la oposición. Si las partes no solicitan vista, pasarán los autos al Juez para dictar resolución fijando
la cantidad concreta por la que despachar ejecución. Si se solicitara vista, se convocará la misma
siguiendo la tramitación del procedimiento ordinario.
f) Si no hubiera sido posible notificar personalmente en la forma exigida el requerimiento de pago
se procederá dictará resolución convocando vista siguiendo la tramitación del procedimiento
ordinario.
g) Si se formulase oposición sólo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, el demandante podrá
solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades
reconocidas o no impugnadas. Este auto servirá de título de ejecución, que el demandante podrá
solicitar mediante simple escrito sin necesidad de esperar a la resolución que recaiga respecto de
las cantidades controvertidas.»
Veintiséis. Se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 103, que queda redactado como queda:
«4. Cuando el trabajador manifieste que la empresa no ha tramitado su baja por despido en la
Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento será urgente y se le dará tramitación
135
preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la
admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de cinco días.
5. La tramitación procesal establecida en el apartado anterior será de aplicación a las demandas
en las que se solicite la extinción de la relación laboral invocando la causa prevista en la letra b)
del apartado 1 del artículo 50 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.»
Veintisiete. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 191, que queda redactado como sigue:
«b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran
número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de
afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un
contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes; así como cuando la
sentencia de instancia fuera susceptible de extensión de efectos en los términos del artículo 247
bis de esta ley, una vez haya adquirido firmeza.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 234, que queda redactado como sigue:
«1. La Sala acordará en resolución motivada y sin ulterior recurso, de oficio o a instancia de parte,
antes del señalamiento para votación y fallo o para vista, en su caso, la acumulación de los recursos
en trámite en los que exista identidad de objeto y de alguna de las partes. La acumulación podrá
acordarse directamente de oficio, previo traslado a las partes para que manifiesten lo que a su
derecho convenga en un plazo de cinco días. Acordada la acumulación de recursos, no podrá ésta
dejarse sin efecto por el tribunal, salvo que no se hayan cumplido las prescripciones legales sobre
acumulación o cuando el juez justifique, de forma motivada, que la acumulación efectuada podría
ocasionar algún perjuicio al resto de partes.»
Veintinueve. Se modifica el artículo 244, que queda redactado como sigue:
«Artículo 244. Supuestos de suspensión y aplazamiento de la ejecución.
1. La ejecución únicamente podrá ser suspendida en los siguientes casos:
a) Cuando así lo establezca la ley.
b) A petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo de tres meses, salvo que la ejecución
derive de un procedimiento de oficio.
2. Las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución, por un tiempo que no podrá exceder
de quince días, para someter las discrepancias que se susciten en el ámbito de la ejecución a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 63 de esta ley. De alcanzarse un acuerdo deberá someterse a homologación judicial en la
136
forma y con los efectos establecidos para la transacción en el artículo 246 de esta ley. En caso
contrario, se levantará la suspensión y se continuará con la tramitación.
3. Suspendido o paralizado el proceso a petición del ejecutante o por causa a él imputable y
transcurrido un mes sin que haya instado su continuación o llegado el plazo a que se refiere la letra
b) del apartado 1 anterior, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a aquél a fin de que
manifieste, en el término de cinco días, si la ejecución ha de seguir adelante y solicite lo que a su
derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este último plazo se archivarán las
actuaciones.
4. Si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores
dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación a los que al ejecutante se
derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones
laborales subsistentes en la empresa deudora, el Letrado de la Administración de Justicia,
mediante decreto recurrible directamente en revisión, podrá, previa audiencia de los interesados y
en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible.
5. El incumplimiento de las condiciones que se establezcan comportará, sin necesidad de
declaración expresa ni de previo requerimiento, la pérdida del beneficio concedido.»
Treinta. Se añade un nuevo artículo 247 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 247 bis. Extensión de efectos.
1. Los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada
a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para
conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última
notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso.
2. La solicitud deberá dirigirse al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución
cuyos efectos se pretende que se extiendan.
3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse
el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de
alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo.
137
4. Antes de resolver, se dará traslado a la parte condenada en la sentencia y a los posibles
responsables subsidiarios para que en el plazo máximo de quince días pueda efectuar alegaciones
y aportar los antecedentes que estimen oportunos y, de tratarse de una entidad del sector público,
para que aporte, en su caso, a través de su representante procesal, un informe detallado sobre la
viabilidad de la extensión solicitada.
De no aceptarse, en todo o en parte, la extensión solicitada, se pondrá de manifiesto el resultado
de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con
emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la
extensión, salvo que el órgano jurisdiccional, en atención a las cuestiones planteadas o por afectar
a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238 de esta ley.
El Juez o Tribunal dictará auto en el que resolverá si estima la extensión de efectos solicitada, sin
que pueda reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se
trate. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución.
5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo o, en su defecto, a la doctrina reiterada de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia territorialmente competente.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía
administrativa, fuere consentida y firme por no haberla impugnado jurisdiccionalmente.
6. Si la sentencia firme cuya extensión se pretende se encuentra pendiente de un recurso de
revisión o de un incidente de nulidad, quedará en suspenso la decisión del incidente de extensión
de efectos hasta la resolución de aquellos.
Igualmente, quedará en suspenso hasta su resolución cuando se encuentre pendiente un recurso
de casación para unificación de doctrina cuya resolución pueda resultar contraria a la doctrina
determinante de la sentencia firme cuya extensión se pretende.
7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas para los autos
dictados en ejecución de sentencia contenidas en los artículos 191.4.d) y 206.4 de esta ley. En
todo caso procederá recurso de suplicación, atendiendo a la pretensión instada en el incidente de
extensión de efectos, cuando la misma sea susceptible de recurso conforme a lo previsto en el
artículo 191.1, 2 y 3.»
Treinta y uno. Se añade un nuevo artículo 247 ter, con la siguiente redacción:
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«Artículo 247 ter. Extensión de efectos en caso de procedimiento testigo.
Cuando se hubiera acordado suspender la tramitación de uno o más procesos, con arreglo a lo
previsto en el artículo 86 bis, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el
procedimiento que se hubiera tramitado con carácter preferente, el Letrado de la Administración de
Justicia requerirá a los demandantes afectados por la suspensión para que, en el plazo de cinco
días, interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito suspendido,
o bien manifiesten si desisten del proceso.
Si se solicitase la extensión de efectos de aquella sentencia, el juez o tribunal la acordará, salvo
que concurran las circunstancias previstas en el artículo 247 bis.5, letras a), b) o c), o alguna causa
de inadmisibilidad propia del proceso suspendido que impida el reconocimiento de la situación
jurídica individualizada.
Igualmente quedará en suspenso hasta su resolución cuando se encuentre pendiente un recurso
de casación para la unificación de doctrina cuya resolución pueda resultar contraria a la doctrina
determinante de la sentencia firme cuya extensión se pretenda.»
TÍTULO III
Transformación digital
Artículo 20. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
2. Las sedes judiciales electrónicas se crearán mediante disposición publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» o el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» correspondiente, y tendrán, al
menos, los siguientes contenidos:
a) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede que incluya el nombre del
dominio que le otorgue la Administración competente.
b) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos administrativos encargados de la
gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos y profesionales en la misma.
c) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en
su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede accederse a los mismos.
139
d) Cauces disponibles para la formulación de sugerencias y quejas con respecto al servicio que
presta la sede.
e) Información en su caso de los sistemas de videoconferencia habilitados, presentación de escritos
y práctica de notificaciones.
Dos. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13. Punto de acceso general de la Administración de Justicia.
1. El punto de acceso general de la Administración de Justicia contendrá el directorio de las sedes
judiciales electrónicas que, en este ámbito, faciliten el acceso a los servicios, procedimientos e
informaciones accesibles correspondientes a la Administración de Justicia, al Consejo General del
Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma, así como a las Administraciones con competencias en materia de
justicia. También podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones correspondientes a otras
Administraciones públicas o corporaciones que representen los intereses de los profesionales de
la justicia, mediante la celebración de los correspondientes convenios. En este sentido, se incluirá
un acceso al servicio telemático de solicitud de asistencia jurídica gratuita.
2. El punto de acceso general será creado y gestionado por el Ministerio de Justicia conforme a los
acuerdos que se adopten en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para
asegurar la completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en éste.
3. El punto de acceso general de la Administración de Justicia ofrecerá al ciudadano, al menos, un
servicio de consulta de expedientes en los que figure como parte en procedimientos judiciales, y
en todo caso la posibilidad de conocer y acceder a recibir las notificaciones de todos los órganos
judiciales.
4. Según lo establecido en el apartado segundo de este artículo, se ofrecerá a las personas
jurídicas, cuyo volumen de causas pudiera dificultar una gestión a través del punto de acceso
general, sistemas específicos en función de niveles de volumen de expedientes o de áreas de
gestión.»
Tres. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Formas de identificación, autenticación y firma electrónica.
1. La Administración de Justicia admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de
autenticación que sean conformes a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en el
Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a
la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, conforme lo establecido en la Guía
140
de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica aprobada por el
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, y resulten adecuados para
garantizar la identificación de los intervinientes, entre los que se incluyen los certificados
cualificados destinados a identificación.
2. Para la realización de firmas serán admisibles los certificados cualificados que sean conformes
a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en el Reglamento (UE) 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que
se deroga la Directiva 1999/93/CE, conforme a lo establecido en la Guía de Interoperabilidad y
Seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica aprobada por el Comité Técnico Estatal
de la Administración Judicial Electrónica, y que resulten adecuados para garantizar la identificación
de los intervinientes, entre los que se incluyen los certificados cualificados destinados a
identificación.
Cuando se contemple en los procedimientos o para comparecencias personales realizadas en las
oficinas judiciales será admisible el uso de firmas avanzadas, cuando se adopten las medidas de
seguridad definidas en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados y
firma electrónica aprobada por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
3. Las normas procesales podrán imponer el uso de un tipo de firma según el procedimiento de
que se trate.
4. Los obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia conforme al
artículo 273.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, podrán usar para firmar
electrónicamente certificados cualificados que sean conformes a lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, conforme al
desarrollo efectuado por la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados y
firma electrónica aprobada por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
5. La Administración de Justicia podrá hacer uso de certificados cualificados de sello electrónico
de entidad contemplados en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE,
conforme lo establecido en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados
y firma electrónica aprobada por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica,
asociados a la sede judicial o a otros órganos a los que se adscriba la sede para generar
documentos electrónicos sellados que testimonien formas de firma de operadores jurídicos
141
gestionadas internamente. También podrán usarse este tipo de certificados cualificados de sello
electrónico para la actuación judicial automatizada.
6. Según lo establecido en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados
y firma electrónica aprobada por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
también serán válidos los sistemas basados en la autenticación en los que se pueda dejar
constancia de la identidad del usuario y de la prestación del consentimiento cuando se utilicen
sistemas de comunicaciones entre diferentes órganos de la Administración de Justicia o entre estos
y órganos de la Administración del Estado.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 18, que quedan redactados como sigue:
1. Las sedes judiciales electrónicas usarán comunicaciones cifradas en base a certificados de sitio
web, preferentemente certificados cualificados de autenticación de sitios web, según lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
4. Los sistemas de información que soporten las sedes judiciales electrónicas deberán asegurar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan.»
Cinco. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:
«Artículo 19. Sistemas de sello electrónico para actuaciones judiciales.
1. Las Administraciones con competencia en materia de justicia podrán hacer uso de certificados
cualificados de persona jurídica para sello electrónico de los previstos en el Reglamento (UE)
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, cuando sea preciso llevar a cabo actuaciones
automatizadas.
2. El uso de estos certificados deberá incluir la información necesaria para determinar el ámbito
organizativo, territorial o de la propia naturaleza de la actuación.»
Seis. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20. Sistemas de Código Seguro de Verificación.
Las Administraciones con competencia en materia de justicia podrán gestionar sistemas de Código
Seguro de Verificación que, cuando figuren en un documento electrónico o en su versión impresa
permitan el cotejo de la autenticidad del documento, accediendo a uno o más sitios web que
ofrezcan la funcionalidad de obtención del documento electrónico a partir del código.
142
Los Códigos Seguros de Verificación se codificarán de forma que el código indique una forma de
direccionamiento electrónico respecto al sistema que lo generó y pueda accederse a su cotejo
desde cualquier servicio de cotejo compatible.
Los documentos con Código Seguro de Verificación tendrán la consideración de auténticos
mientras se pueda acceder a las funciones de obtención del documento electrónico a partir del
código.
Los documentos electrónicos se custodiarán tras la fase activa en el sistema de custodia longeva
considerado como servicio digital judicial central según lo dispuesto en el Real Decreto 937/2003,
de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, donde se podrá efectuar el derecho de
acceso.
La inclusión de códigos seguros de verificación en los documentos se acompañará de la dirección
electrónica en la que poder realizar el cotejo, que se incluirán una sola vez, al principio o al final
del documento con un antetexto que indique que en esa dirección se puede obtener el documento
electrónico al completo, y que en las transcripciones del documento es conveniente eliminar esa
información de Código Seguro de Verificación.
Los sistemas informáticos que se utilicen para los archivos judiciales deberán ser compatibles con
los sistemas de gestión procesal para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.
Se podrán establecer requisitos restrictivos de identificación o similares sobre algunos documentos,
para evitar que sean accesibles únicamente por su Código Seguro de Verificación cuando existan
razones de protección de la información.
Se podrán habilitar mecanismos que ofrezcan el documento en una versión anonimizada.
Los documentos electrónicos podrán contener medidas de seguridad como marcas de agua,
sistemas anti-copia o versiones personalizadas de documentos que permitan detectar la persona
concreta que hubiera difundido un documento de forma no autorizada.»
Siete. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 23, que tendrá la siguiente redacción:
«3. Si la constancia se obtiene utilizando una firma, esta podrá ser manuscrita, bien en papel, bien
utilizando dispositivos técnicos idóneos para su captura, que gestionen la firma con medidas de
seguridad equivalentes a la firma avanzada definida en el Reglamento (UE) 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que
se deroga la Directiva 1999/93/CE, y según lo establecido en la Guía de Interoperabilidad y
Seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica aprobada por el Comité técnico estatal
de la administración judicial electrónica.»
143
Ocho. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Documento judicial electrónico.
1. Tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones
que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso
de otra forma al expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente en la forma
prevista en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título III de la presente ley.
2. Tendrá la consideración de documento público el documento electrónico que incluya la fecha
electrónica y que incorpore la firma electrónica del Letrado de la Administración de Justicia,
conforme a lo establecido en esta ley, siempre que actúe en el ámbito de sus competencias,
conforme a lo dispuesto en las leyes procesales.»
Nueve. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:
«Artículo 29. Archivo electrónico de documentos y expedientes.
1. Deberán almacenarse por medios electrónicos todos los expedientes y documentos asociados
utilizados en las actuaciones judiciales, conforme a lo establecido en el Esquema judicial de
interoperabilidad y seguridad, contemplado en el Capítulo II del Título V de esta ley.
El Archivo Judicial Digital Central se irá configurando con las transferencias de expedientes y
documentos electrónicos aportados por los sistemas de gestión procesal cuando finalice su fase
activa.
Los documentos se conservarán preservando el contenido en el formato en que fueron transferidos,
si bien podrán migrarse a otros formatos cuando los mismos puedan volverse obsoletos.
El Archivo Judicial Digital Central velará por la integridad, accesibilidad, trazabilidad, autenticidad
y disponibilidad de los documentos y expedientes de conformidad con lo previsto en los artículos
234 y 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, usando las técnicas de
preservación necesarias sobre los metadatos, firmas, índices y contenidos de los documentos y
expedientes.
Cuando se produzcan cambios de formato se podrán realizar actuaciones automatizadas mediante
sello electrónico para garantizar la integridad del documento convertido y para el documento anexo
de descripción de las firmas y sellos que acompañaran al documento original.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el Consejo General del Poder Judicial regulará
reglamentariamente la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales por medios
digitales de referencia o reenvío de información, sea o no con fines comerciales, por parte de
personas físicas o jurídicas para facilitar el acceso a las mismas de terceras personas.
144
3. El archivo electrónico será accesible a través de la sede judicial electrónica por medio del
procedimiento de acceso al archivo.»
Diez. Se modifica el artículo 32 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 32 bis. El registro electrónico de apoderamientos judiciales.
1. Asimismo, en el Ministerio de Justicia existirá un registro electrónico de apoderamientos
judiciales en el que deberán inscribirse los apoderamientos otorgados presencial o
electrónicamente por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial a favor
de representante, para actuar en su nombre ante la Administración de Justicia.
2. El registro electrónico de apoderamientos judiciales permitirá comprobar válidamente la
representación que ostentan quienes actúen ante la Administración de Justicia en nombre de un
tercero.
3. Los asientos que se realicen en el registro electrónico de apoderamientos judiciales deberán
contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de identificación
fiscal o de documento equivalente del poderdante, teléfono y en su caso dirección de correo
electrónico.
b) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de identificación
fiscal o de documento equivalente del apoderado, teléfono y en su caso dirección de correo
electrónico. En el caso de ser un profesional de la justicia sometido a colegiación deberá
consignarse el número de colegiado y el Colegio Profesional de pertenencia
c) Fecha de inscripción.
d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
4. Los apoderamientos que se inscriban en el registro electrónico de apoderamientos judiciales,
deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías, según el ámbito de los mismos y las
facultades conferidas al apoderado:
a) Un poder genérico para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier
clase de procedimiento y actuación judicial.
b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente en
determinadas clases de procedimientos.
c) Un poder específico para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en un
procedimiento concreto.
145
Las facultades del apoderado podrán ser de carácter general o especial según determine el
poderdante, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
5. El poder inscribible en que la parte otorgue su representación al apoderado habrá de ser
conferido por comparecencia apud acta, a través de una sede judicial electrónica, en el registro
electrónico de apoderamientos judiciales apud acta haciendo uso de los sistemas de firma
electrónica previstos en esta ley.
Cuando el poderdante no disponga de sistema de firma electrónica previsto en esta ley, podrá
conferir el poder por comparecencia personal ante el Letrado de la Administración de Justicia de
cualquier oficina judicial, debiendo este, en todo caso, proceder a la inscripción en el registro
electrónico de apoderamientos judiciales.
6. Los apoderamientos inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco
años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la
finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas
otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de cinco
años a contar desde la fecha de inscripción.
7. Las solicitudes de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier
registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro ante el que tenga efectos el
poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.»
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado como sigue:
1. Las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia se practicarán preferentemente
por medios electrónicos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a elegir
la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, en la forma establecida en las leyes
procesales.
Los ciudadanos que se hayan obligado contractualmente a hacer uso de los medios electrónicos
de comunicación existentes en la Administración de Justicia, deberán realizar las acciones
necesarias para la habilitación de los mismos.
A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los sujetos obligados a la utilización de sistemas telemáticos o
electrónicos existentes en la Administración de Justicia para comunicarse con ésta.
Doce. Se modifica el artículo 34, que queda redactado como sigue:
«Artículo 34. Práctica de actos de comunicación por medios electrónicos.
146
1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede
judicial electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única, o por otros medios
telemáticos o electrónicos que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la
presente ley.
Se entenderá por comparecencia en la sede judicial electrónica, el acceso por el interesado o su
representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de
la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su
contenido.
2. En caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se
procederá a su práctica en la forma establecida en las leyes procesales e incorporándose a
continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de comunicación al expediente
judicial electrónico.»
Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 36, que queda redactado como sigue:
«3. Los profesionales de la justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía telemática,
empleando para el escrito principal la firma electrónica establecida en esta ley.»
Catorce. Se modifica el apartado 4 del artículo 37, que queda redactado como sigue:
«4. La remisión de expedientes administrativos por las distintas Administraciones y organismos
públicos, prevista en las leyes procesales, se realizará a través de las herramientas de remisión
telemática de expedientes administrativos puestas a su disposición. El expediente administrativo
electrónico habrá de cumplir los requisitos previstos en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Normativa
Técnica de Interoperabilidad del expediente electrónico administrativo.»
Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda redactado como sigue:
«2. En todo caso, la presentación de escritos, documentos y otros medios o instrumentos se
ajustará a las siguientes reglas:
a) Los documentos en papel que, conforme a lo dispuesto en las leyes procesales puedan o deban
ser aportados por las partes en cualquier momento del procedimiento, deberán ser incorporados
como anexo al documento principal mediante imagen digitalizada de la copia, si fueran públicos, o
del original del documento obrante en papel, si se tratara de documentos privados. El archivo de la
imagen digitalizada habrá de ir firmado mediante la utilización de los sistemas de firma electrónica
previstos en la presente ley, en las leyes procesales o en otras normas de desarrollo.
147
b) Los documentos electrónicos públicos o privados se incorporarán como anexo al documento
principal siguiendo los sistemas previstos en esta ley o en sus normas de desarrollo y conforme a
lo previsto en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
c) En caso de que fueran impugnados por la parte contraria, se procederá conforme a lo dispuesto
en las leyes procesales.
d) No se admitirá la aportación en otra forma, salvo en el supuesto de que, por las singularidades
características del documento, el sistema no permita su incorporación como anexo para su envío
por vía telemática. En estos casos, el usuario hará llegar dicha documentación al destinatario por
otros medios en la forma que establezcan las normas procesales, y deberá hacer referencia a los
datos identificativos del envío telemático al que no pudo ser adjuntada, presentando el original ante
el órgano judicial en el día siguiente hábil a aquel en que se hubiera efectuado el envío telemático.
Tales documentos serán depositados y custodiados por quien corresponda en el archivo, de
gestión o definitivo, de la oficina judicial, dejando constancia en el expediente judicial electrónico
de su existencia únicamente en formato papel.
Cuando se deban incorporar documentos sobre los cuales existan sospechas de falsedad, deberá
aportarse en todo caso además el documento original, al que se le dará el tratamiento contemplado
en el párrafo anterior.
e) En los casos en que se deban aportar al procedimiento medios o instrumentos de prueba que
por su propia naturaleza no sean susceptibles de digitalización, serán depositados y custodiados
por quien corresponda en el archivo de gestión o definitivo de la oficina judicial, dejando constancia
en el expediente judicial electrónico de su existencia.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40. Acreditación de la representación procesal.
La representación procesal se acreditará mediante la certificación de su inscripción en el registro
electrónico de apoderamientos judiciales o mediante indicación del número asignado en dicho
registro.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:
«Artículo 41. Acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación.
Se pondrá a disposición de las partes un servicio electrónico de acceso restringido donde éstas
puedan consultar, previa identificación y autenticación, al menos la información sobre el estado de
tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha
información y con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
148
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Directiva (UE)
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos
y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo; y en la legislación que la
desarrolla. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la
relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha
en la que fueron dictados.»
Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 44, que queda redactado como sigue:
«2. Este Comité tendrá las siguientes funciones:
a) Establecer los términos para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas
y aplicaciones empleados por la Administración de Justicia.
b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la
Administración judicial electrónica, respetando en todo caso las competencias autonómicas
atinentes a los medios materiales de la Administración de Justicia.
c) Promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia
para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad
establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en
materia de Administración de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial
en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y en las leyes procesales.
d) Aquellas otras que legalmente se determinen.»
Diecinueve. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 46, apartado que queda
redactado como sigue:
«2. En el desarrollo de la actividad de la oficina judicial será obligatorio el uso de los servicios y
consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo
General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración
de Justicia, salvo que existan razones técnicas que impidan su utilización.»
Veinte. Se modifica el artículo 47, que queda redactado como sigue:
149
«Artículo 47. Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.
1. El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad será aplicado en la Administración de
Justicia para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad,
trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios
electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
2. El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad comprenderá:
a) El conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación,
normalización y volcado de datos de la información, de los formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las distintas instituciones y Administraciones competentes para
la toma de decisiones tecnológicas que aseguren la interoperabilidad.
b) La política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente ley
y el establecimiento de los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección
adecuada de la información.
Esta política de seguridad de la información es única, será de aplicación a todos los sistemas de
información y comunicaciones que prestan servicios a la Administración de Justicia y será aprobada
por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y publicada como acuerdo del
órgano de cooperación en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, así como en el punto de acceso
general de la Administración de Justicia y en las sedes judiciales electrónicas.
3. En su elaboración se tendrá en cuenta lo establecido en los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y de Seguridad, así como las recomendaciones de la Unión Europea, la situación
tecnológica de las diferentes Administraciones competentes en materia de justicia y los servicios
electrónicos e infraestructuras ya existentes. A estos efectos utilizarán preferentemente estándares
abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, considerarán el uso de estándares que
sean de uso generalizado por los ciudadanos
4. Las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad y sus actualizaciones serán
aprobadas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y previos los
trámites oportunos, a iniciativa del Ministerio de Justicia, adoptarán la forma de Real Decreto para
su plena eficacia jurídica.»
Veintiuno. Se modifica el artículo 51, que queda redactado como sigue:
«Artículo 51. Desarrollo del marco normativo técnico.
Para el mejor cumplimiento de lo establecido en relación con el Esquema judicial de
interoperabilidad y seguridad, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en
150
el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de
interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.»
Veintidós. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:
«Artículo 53. Elementos básicos de la seguridad judicial electrónica.
1.En las decisiones en materia de seguridad judicial electrónica deberán tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
a) La seguridad integral, desde el punto de vista de un proceso integral constituido por los
elementos organizativos, normativos, humanos y técnicos relacionados con el sistema.
b) La gestión integral de los riesgos de seguridad judicial electrónica, como proceso de gestión y
mejora continua de la seguridad de la información.
c) La prevención, detección, reacción, respuesta, corrección, recuperación y análisis de incidentes
como procesos soporte a la gestión de la seguridad de la información.
d) Los niveles de seguridad, entendidos como capas de seguridad que permitan una gestión de
incidentes más adecuada.
e) La reevaluación periódica de las medidas de seguridad existentes para adecuar su eficacia a la
constante evolución de riesgos, tecnología y sistemas de protección.
f) La función diferenciada dentro de la organización, estableciendo una estructura organizativa
funcional donde se identifiquen los responsables de la información, responsable del servicio,
responsable de seguridad de la información, responsables y administradores de seguridad de los
sistemas de información, así como los responsables y encargados del tratamiento de datos
personales, y la del delegado de protección de datos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Con respecto a las competencias técnicas establecidas en los artículos 25, 32 y 35 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, serán asumidas por las
Administraciones con competencias en materia de justicia, por ser quienes proveen y determinan
los medios del procesamiento de datos personales, siempre que no afecten a los fines del
tratamiento o sean esenciales a efectos de la legitimidad del tratamiento dentro del cumplimiento
del Esquema Judicial de interoperabilidad y seguridad, y la política de seguridad.
El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado aprobarán los niveles de
riesgos y, en consecuencia, la categorización de los sistemas de información que prestan soporte
151
a la gestión procesal de los juzgados y tribunales y fiscalías, respectivamente propuestos por las
administraciones prestatarias, de acuerdo con lo indicado en el Esquema Judicial de
interoperabilidad y seguridad y en el Esquema Nacional de Seguridad.
2. Son dimensiones de la seguridad judicial electrónica:
a) Autenticidad.
b) Confidencialidad.
c) Integridad.
d) Disponibilidad.
e) Trazabilidad.»
Veintitrés. Se modifica el apartado 3 del artículo 56, que queda redactado como sigue:
«3. Las Administraciones con competencia en materia de justicia deberán tener en cuenta las
soluciones disponibles para la libre reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las
necesidades de los nuevos sistemas y servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.
En concreto, podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas,
aplicaciones y registros establecidos.»
Disposición adicional primera. Coste de la intervención del tercero neutral.
Para los casos en que la utilización del medio adecuado de resolución de controversias sea
requisito de procedibilidad antes de acudir a los tribunales de justicia y para aquellos otros en que
la intervención del tercero neutral se produzca por derivación de dichos tribunales una vez iniciado
el proceso, las Administraciones con competencias en materia de Justicia podrán establecer, en
su caso, cuanto tengan por conveniente para sufragar el coste de la intervención de dicho tercero
neutral, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos y para aquellas personas en quienes
concurran los requisitos que se establezcan a tal efecto, en la medida en que los medios adecuados
de solución de controversias permitan reducir tanto la litigiosidad como sus costes, siempre de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Disposición adicional segunda. Referencias a la mediación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Todas las referencias que en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento Civil, se realizan a la
mediación hay que entenderlas referidas también a cualquier otro de los medios adecuados de
solución de controversias enunciados en la presente ley.
152
Disposición adicional tercera. Estatuto del tercero neutral.
A propuesta del Ministerio de Justicia, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley que regule el estatuto del tercero
neutral interviniente en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias,
incluyendo un régimen de incompatibilidades y de infracciones y sanciones para el caso de
incumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en dicho estatuto.
Disposición adicional cuarta. Unidades de métodos adecuados de solución de controversias.
1. En el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial o Decanato, según el
número de unidades judiciales que lo integren, que se determinará reglamentariamente, y en
coordinación con la Administración prestacional competente, se ha de constituir la unidad de
métodos adecuados de solución de controversias, que tiene la función de informar a los ciudadanos
y profesionales sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así
como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un
determinado caso a una actividad negocial y, al mismo tiempo, ayudar a determinar la que procede
según los indicadores y características del conflicto.
2. La referida unidad organizativa tendrá a disposición de todos los interesados los datos de los
terceros neutrales que reúnan los requisitos que se han determinado en esta ley para prestar dichos
servicios.
3. Corresponde a esta unidad la administración de los recursos disponibles, así como el control,
seguimiento y estadística.
4. A los oportunos efectos, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia se suscribirán protocolos
y convenios de colaboración con instituciones de mediación debidamente acreditadas en cada
territorio, así como con profesionales de las diversas disciplinas que ofrezcan sus servicios para
colaborar con el tribunal ocasional o puntualmente.
Disposición adicional quinta. Estadística.
Reglamentariamente se regulará la obligación de los terceros neutrales que intervengan en los
medios adecuados de solución de controversias de remitir la información que se establezca sobre
su actividad, a los únicos efectos de elaboración de una estadística de este sector y con respeto a
las normas sobre confidencialidad y protección de datos.
Disposición adicional sexta. Litigios en materia de consumo.
En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios,
se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación extrajudicial previa a la
empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin perjuicio de que puedan acudir a
153
cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, tanto los previstos en la
legislación especial en materia de consumo como los generales previstos en la presente ley.
Se entenderá también cumplido el requisito de procedibilidad con la presentación de reclamaciones
ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones en los términos establecidos por el artículo 30 de la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
Disposición adicional séptima. Reclamación previa en los casos a los que se refiere el artículo
439.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
A los fines previstos en el apartado 7 del artículo 439 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, el consumidor remitirá la reclamación previa a la persona física o jurídica que
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera profesional, que deberá
admitir o denegar la reclamación.
Recibida la reclamación, la persona o entidad destinataria efectuará un cálculo de la cantidad a
devolver de manera desglosada, incluyendo necesariamente las cantidades que correspondan en
concepto de intereses. En su caso, admitirá o rechazará la nulidad de las cláusulas que el
consumidor señale como abusivas.
En el caso en que considere que la devolución no es procedente o, en su caso, rechace la
abusividad de las cláusulas, comunicará razonadamente los motivos en los que funda su decisión,
sin que pueda alegar otros diferentes en el proceso judicial que se siga.
El consumidor deberá manifestar, en su caso, si está de acuerdo con el cálculo y la postura del
concedente del préstamo o crédito respecto a la abusividad de las cláusulas interesadas. Si lo
estuviera, la persona o entidad que hubiere concedido el préstamo o crédito acordará con el
consumidor la devolución del efectivo y, en su caso, reconocerá la nulidad de las cláusulas.
El plazo máximo para que el consumidor y la persona o entidad a la que se reclamó lleguen a un
acuerdo será de un mes a contar desde la presentación de la reclamación.
En todo caso, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:
a) Si la persona o entidad a quien se ha dirigido la reclamación rechaza expresamente la solicitud
del consumidor.
b) Si finaliza el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, sin comunicación alguna
por su parte.
c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la
persona o entidad concedente del préstamo o crédito, si rechaza la cantidad ofrecida, o si no
154
muestra su conformidad con la posición de dicha persona o entidad sobre la nulidad de las
cláusulas interesadas.
Si transcurrido el plazo de un mes no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo
la cantidad ofrecida, ésta devengará los intereses legales del dinero incrementados en ocho puntos
desde que conste fehacientemente que ha sido aceptada la oferta por el perjudicado. Si
transcurriera dicho plazo de un mes sin hacerse efectiva la cantidad ofrecida, quedará expedita la
vía judicial para el consumidor, sin perjuicio de que continúe el devengo de los intereses referidos.
Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el
objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie.
La posición mantenida por las partes durante esta negociación previa podrá ser valorada en el seno
del proceso ulterior, caso de haberlo, a los efectos previstos en el artículo 394 y, en su caso, en los
artículos 245 y 247 de la presente ley.
Este procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. La formalización de la
escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre el
concedente del préstamo o crédito y el consumidor devengará exclusivamente los derechos
arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin
cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.
Disposición adicional octava. Otros medios adecuados de solución de controversias.
Quedan comprendidos dentro del concepto de actividad negocial previa cualesquiera medios de
solución alternativa de litigios que estén ya regulados en legislación especial.
Disposición adicional novena. Referencias al expediente administrativo contenidas en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Todas las referencias al expediente administrativo contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se entenderán hechas al expediente
administrativo en soporte electrónico.
Disposición adicional décima. Plazo de implantación de soluciones tecnológicas.
Las soluciones tecnológicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en
esta ley se llevarán a cabo en el plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigor, salvo
las referidas a la interoperabilidad prevista en el artículo 35 de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de
Justicia, que se llevarán a cabo en el plazo máximo de treinta y seis meses.
155
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.
1. Las previsiones recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente a los
procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.
2. En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de esta ley, las partes de común
acuerdo se podrán someter a cualesquiera medios adecuados de solución de controversias, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio del recurso de casación contenciosoadministrativo.
El régimen del recurso de casación contencioso-administrativo establecido en esta ley será de
aplicación a las resoluciones de los Juzgados y Tribunales de ese orden que se dicten con
posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del recurso de casación civil.
1. La nueva regulación del recurso de casación civil se aplicará a los recursos que se interpongan
contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor, con las excepciones previstas en
los apartados siguientes.
2. Los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal interpuestos contra
resoluciones dictadas con anterioridad a esa fecha se regirán por la legislación anterior, cualquiera
que sea la fecha en la que dichas resoluciones se notifiquen.
3. En el caso anterior, si procediera la inadmisión de los recursos por las causas previstas en las
normas hasta entonces vigentes, se acordará por providencia sucintamente motivada, previa
audiencia de las partes.
4. En el mismo caso, si concurren los requisitos previstos al efecto en el artículo 487.1, el recurso
de casación y, en su caso, el recurso extraordinario por infracción procesal, podrán resolverse por
medio de auto, que casará la sentencia y devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para
que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial existente sobre la cuestión o
cuestiones planteadas.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente ley queda derogado el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de
enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
156
Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita.
Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, con la siguiente redacción:
«11. Los honorarios de los abogados que hubieren asistido a las partes, cuando acudir a los medios
adecuados de solución de controversias sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda,
resulte de la derivación judicial acordada por los jueces o tribunales o sea solicitada por las partes
en cualquier momento del procedimiento, siempre que tal intervención de los abogados sea
legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, su designación sea necesaria para garantizar la
igualdad de las partes.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifican las letras d), e) y k) del artículo 7, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la
cuantía legal o judicialmente reconocida.
Asimismo, las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos o
psíquicos satisfechos por la entidad aseguradora del causante del daño no previstas en el párrafo
anterior, cuando deriven de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de
solución de controversias legalmente establecido, siempre que en la obtención del acuerdo por ese
medio haya intervenido un tercero neutral y el acuerdo se haya elevado a escritura pública, hasta
la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por daños personales derivadas de contratos de
seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser
consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta
ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como
anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.»
157
«e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter
obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos
realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado texto refundido, siempre
que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o
por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites
establecidos con carácter obligatorio en el mencionado texto refundido para el despido
improcedente.
No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o
contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el Servicio administrativo al que se refiere
el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de
180.000 euros.»
«k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud del convenio regulador a que
se refiere el artículo 90 del Código Civil, o del convenio equivalente previsto en los ordenamientos
de las Comunidades Autónomas, aprobado por la autoridad judicial o formalizado ante el Letrado
de la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, con independencia de que
dicho convenio derive o no de cualquier medio adecuado de solución de controversias legalmente
previsto.
Igualmente estarán exentas las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de
decisión judicial en supuestos distintos a los establecidos en el párrafo anterior.»
Dos. Se modifica el artículo 64, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 64. Especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de
los hijos.
Los contribuyentes que satisfagan las anualidades por alimentos a sus hijos previstas en la letra k)
del artículo 7 de esta ley sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes
previsto en el artículo 58 de esta ley, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable
general, aplicarán la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta ley
separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general.
La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el
158
número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta ley, a la parte de la base liquidable general
correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda
resultar negativa como consecuencia de tal minoración.»
Tres. Se modifica el artículo 75, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 75. Especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de
los hijos.
Los contribuyentes que satisfagan las anualidades por alimentos a sus hijos previstas en la letra k)
del artículo 7 de esta ley sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes
previsto en el artículo 58 de esta ley, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable
general, aplicarán la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo anterior
separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general.
La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el
número 1.º del apartado 1 del artículo 74 de esta ley a la parte de la base liquidable general
correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a
que se refiere el artículo 56.3 de esta ley, incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda
resultar negativa como consecuencia de tal minoración.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles.
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, queda modificada como
sigue:
Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:
«Artículo 1. Concepto.
Se entiende por mediación aquel medio adecuado de solución de controversias en que dos o más
partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas
un acuerdo con la intervención de un mediador.»
Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.
La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 interrumpirá la prescripción o
suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha
solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso, reiniciándose o
reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos en el caso de que en el plazo de treinta
días naturales a contar desde la fecha de recepción de la propuesta por la parte requerida, no se
mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.
159
En caso de que se abra la mediación, la interrupción o la suspensión se prolongará hasta la fecha
de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca
la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta ley.»
Tres. Se modifican la rúbrica y el apartado 1 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Requisito de procedibilidad y libre disposición.
1. La mediación es uno de los medios adecuados de solución de controversias a los que las partes
pueden acudir para intentar encontrar una solución extrajudicial a la controversia y cumplir con el
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
A efectos procesales, se entenderá cumplido este requisito con la celebración, al menos, de una
sesión inicial ante el mediador, siempre que quede constancia en la misma del objeto de la
controversia y que las partes formulen su propuesta inicial de negociación. A dicha sesión habrán
de asistir las partes, personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o
persona con poder para transigir, si se trata de personas jurídicas
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 11, que queda redactado como sigue:
«4. Para actuar como mediador en los supuestos exigidos en el artículo 6.1 así como en los de
mediación por derivación judicial, será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e
Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de
mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, que queda redactado como sigue:
«1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará por que dispongan de la
información y el asesoramiento suficientes.
En todo caso, será preceptiva la asistencia letrada durante el procedimiento de mediación para
aquellos asuntos en los que se opte por este medio como requisito de procedibilidad o se llegue a
él por derivación judicial, salvo en los casos cuya trascendencia económica no exceda de 2.000
euros. La asistencia de los abogados a cada una de las sesiones de mediación, de haber varias,
será consensuada con las partes y el mediador y su inasistencia a alguna de ellas no invalidará el
procedimiento de mediación cuando así se haya acordado.»
Seis. Se modifica el artículo 16, quedando con la siguiente redacción:
«Artículo 16. Solicitud de inicio.
1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:
160
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador
o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el
lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.
b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre
aquéllas.
c) Por derivación judicial, previa conformidad de las partes en los términos previstos en las leyes
procesales.
2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por
una de las partes a las demás o ya designado por ellas.
3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las
partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la
legislación procesal.
4. En los casos en que se derive a mediación por los tribunales durante el curso del proceso, las
partes designarán un mediador o institución de mediación debidamente acreditados ante los
registros de mediadores del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas. Si no llegasen
a un acuerdo en la designación en el plazo común de cinco días, se nombrará el que por turno
corresponda de la lista de mediadores de cada especialidad que exista ante el Tribunal Superior
de Justicia, la Audiencia Provincial o el Decanato de los juzgados unipersonales.
En todos los casos, la no aceptación por el mediador designado en primer lugar, salvo que sea
justificada, se entenderá como renuncia automática a la designación efectuada, sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias en que pueda incurrir por razón de dicha negativa.»
Siete. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17. Sesión inicial.
1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de
mediación citará a las partes para la celebración de la sesión inicial. En caso de inasistencia
injustificada de cualquiera de las partes a dicha sesión se entenderá que desisten de la mediación
solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.
En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su
imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de la
mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo
que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
161
Las partes habrán de manifestar durante la sesión el objeto de la controversia para que el intento
de mediación pueda entenderse como suficiente para considerar cumplido el requisito de
procedibilidad previo a la interposición de la demanda.
2. El mediador deberá expedir, a petición de cualquiera de las partes, un documento en el que
deberá hacer constar:
a) La identidad del mediador, su cualificación, colegio profesional o institución a la que pertenece.
b) La identidad de las partes.
c) El objeto de la controversia.
d) La fecha de la sesión.
e) La declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso, para
que surta efectos ante la autoridad judicial correspondiente.
f) En su caso, la inasistencia de cualquiera de las partes.
3. La certificación por el mediador de la asistencia de las partes a una primera sesión informativa,
o el inicio del proceso de mediación de buena fe, aun cuando posteriormente se abandone por el
desistimiento de cualquiera de las partes, satisface el requisito de procedibilidad del intento
negocial previo a la interposición de la demanda.»
Ocho. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20. Duración del procedimiento.
1. La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se
concentrarán en el mínimo número de sesiones.
2. En los casos en que se opte por el intento de mediación como requisito de procedibilidad, la
duración de la mediación no podrá exceder de tres meses desde la recepción de la solicitud por el
mediador.»
Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 22, con la siguiente redacción:
«4. Cuando se opte por el intento de mediación como requisito de procedibilidad para la admisión
de la demanda, o cuando sea consecuencia de una derivación judicial, el acta final deberá hacer
constar si aquél no pudo llevarse a cabo por inasistencia injustificada de alguna de las partes y, en
su caso, las causas de la inasistencia.»
Diez. Se suprime el apartado 2 de la disposición adicional segunda, cuyo actual apartado 1 queda
sin numeración.
162
Once. Se modifica el apartado 2 de la disposición final octava, que queda redactado como sigue:
«2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, determinará la duración y contenido mínimo
del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la
formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que
deben recibir. Dicha formación incluirá, entre otras materias, un módulo de igualdad, de detección
de violencia de género, de perspectiva de género y de infancia para todos los mediadores que
deseen actuar en el ámbito del Derecho de familia.
Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de aseguramiento de la
responsabilidad civil de los mediadores.»
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
Único. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:
«Articulo 50. Extinción por voluntad del trabajador.
1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo
previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez o tribunal puedan considerarse causa justa a estos
efectos, se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el
abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador, en el período de un
año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en
el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los
supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus
anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una
sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
2. En tales casos, el trabajador tendrá́ derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido
improcedente.»
163
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda modificada como sigue:
Único. Se modifica el apartado 1 del artículo 94, que queda redactado como sigue:
«1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a las normas
comunes de esta ley, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la
última residencia del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último
domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante.
Cuando sea llamado a la herencia un menor o persona con capacidad modificada judicialmente,
será competente para su conocimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que éstos
residan.»
Disposición final sexta. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de las competencia exclusiva del Estado que emana de los siguientes
preceptos de la Constitución Española: el artículo 149.1.6ª, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en
este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas; el artículo 149.1.7ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas;
el artículo 149.1.8ª, que determina que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de
legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades
Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; el artículo 149.1.11ª,
que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases de la ordenación de crédito, banca
y seguros; el artículo 149.1.13ª, que determina la competencia exclusiva del Estado en cuanto a
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y el artículo
149.1.14ª, que atribuye en exclusiva al Estado la competencia sobre Hacienda general.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, a de de 2020.
El MINISTRO DE JUSTICIA
Juan Carlos Campo Moreno

2020-12-30T13:50:07+00:00